La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó el 12 de junio de 2026 el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, a quien Morena acusa de haber triangulado más de 2 mil millones de pesos del erario hacia despachos y empresas vinculadas con su entorno familiar. La resolución, adoptada en sesión extraordinaria, pasará al pleno del Poder Legislativo local para continuar su trámite.
La sesión extraordinaria de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León comenzó alrededor de las 11:30 horas del 12 de junio de 2026, tras la aprobación de una declaración de sesión permanente propuesta por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos de la Fuente Flores. La votación resultó en seis sufragios a favor, emitidos por legisladores de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN y una sola integrante de Morena, frente a un voto en contra por parte de la representante de Movimiento Ciudadano.
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La solicitud de juicio político deriva de señalamientos sobre una presunta triangulación de recursos públicos por casi mil millones de pesos hacia empresas vinculadas con el entorno familiar del gobernador. La dirigencia estatal de Morena acusa a García Sepúlveda de desviar más de 2 mil millones de pesos del erario, que fueron a parar a despachos propiedad de su familia. Según el expediente 21537/77 leído durante la sesión, los recursos están plenamente identificados desde las cuentas de origen del gobierno hacia despachos fiscales y empresas donde el mandatario figura como socio; dicho presunto desfalco habría comenzado en 2022, primer año de administración de García Sepúlveda.
Como parte del procedimiento, la Comisión Anticorrupción ordenó la comparecencia del gobernador para el 23 de junio de 2026 a las 16:00 horas. Armida Serrato, diputada del PRI y presidenta de la Comisión Anticorrupción, señaló que García Sepúlveda puede acudir de forma presencial o a través de su defensa jurídica para presentar sus alegatos y pruebas a favor.
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El 8 de junio de 2026, la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, en compañía de representantes del partido, presentó la solicitud de juicio político contra el gobernador de Nuevo León por los cargos de triangulación de recursos públicos y corrupción. El expediente fue turnado el 10 de junio de 2026 a la Comisión Anticorrupción con carácter de urgente, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente.
La sesión del 12 de junio de 2026 comenzó con tensiones por la ausencia de los legisladores Rodrigo Otoniel Montemayor y Mario Soto de la bancada de Morena, así como de Claudia Chapa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes alegaron por escrito compromisos previos y problemas de salud. Carlos de la Fuente Flores calificó de sorpresiva dicha ausencia al señalar que ni el llamado de la dirigencia estatal ni el del delegado federal de Morena en Nuevo León lograron que los legisladores faltistas se presentaran, en contraste con la participación puntual del PAN, PRI y PRD. Destacó la asistencia de la diputada morenista Grecia Benavides Flores como un acto de congruencia.
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La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pamanes, argumentó que el procedimiento está viciado de origen y podría ser impugnado ante juzgados federales. Para que la declaración de procedencia sea aprobada de manera definitiva en el pleno, se requerirá el voto favorable de al menos 28 de los 42 diputados locales que integran el Congreso de Nuevo León. En un escenario en el que los nueve diputados de Morena votaran a favor y recibieran el respaldo de legisladores del PAN, PRI, PRD e Independiente, podrían reunirse 31 votos, suficientes para aprobar la destitución del gobernador.
