Un juez de Miami condenó el 20 de mayo de 2026 a los presuntos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna a pagar 578.5 millones de dólares al Gobierno de México, aunque la cantidad efectivamente recuperable será considerablemente menor al monto sentenciado. El juez Thomas Rebull también ordenó traspasar a México el departamento 1505 del edificio Península II, ubicado en Aventura, Florida, valuado en poco más de un millón de dólares.
En una audiencia celebrada en la Corte del Undécimo Circuito de Miami-Dade, el juez Rebull resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la familia Weinberg —señalados como socios de García Luna— debían cumplir el acuerdo confidencial que ambas partes habían alcanzado en febrero de 2025. Dicho convenio no se había concretado, por lo que la UIF solicitó a la Corte reabrir el proceso contra los Weinberg y llevar el caso a juicio con jurado, petición que el juez rechazó.
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El convenio puso fin a la demanda civil iniciada por la UIF en 2021 para reclamar 750 millones de dólares producto de contratos del Gobierno federal con empresas vinculadas al exfuncionario, actualmente preso en Nueva York desde 2019 por proteger al Cártel de Sinaloa. Según la UIF, parte de ese dinero fue utilizado por los Weinberg para adquirir al menos 28 inmuebles en Florida durante la década pasada, de los cuales 18 ya habían sido vendidos a mediados de 2025, generando ingresos aproximados de 28 millones de dólares que presumiblemente serán entregados a México.
Un elemento central del acuerdo confidencial consiste en que la Fiscalía General de la República (FGR) otorgaría un criterio de oportunidad a Mauricio y Jonathan Weinberg, por el cual ambos actuarían como testigos colaboradores y se cancelarían los cargos penales en su contra en México, a cambio del pago de una reparación del daño al Gobierno. “En su memorándum del pasado 6 de marzo, los demandados Weinberg dieron a entender que ya recibieron el criterio de oportunidad, como lo requería el acuerdo entre las partes de 19 de febrero de 2025, y por tanto, esta Corte emite la sentencia final en términos de dicho acuerdo, que corresponde ejecutar a las partes”, ordenó el juez Rebull.
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Los 578.5 millones de dólares de la condena —cifra que incluye un interés anual de 8.25 por ciento— corresponden al monto que la UIF señaló en su demanda como la pérdida del Estado mexicano por la conversión de dinero pagado a las empresas vinculadas al exfuncionario, utilizado para la compra de departamentos en territorio estadounidense. La sentencia no contempla los 750 millones de dólares que la UIF reclamaba como monto global de reparación ni el triplicado de dicha suma como sanción adicional, penalidades que sí fueron aplicadas en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, Linda Pereyra, quienes no se defendieron en este proceso y carecen de recursos para pagar.
La jueza Lisa Walsh, quien llevó el proceso desde su inicio en 2021, debió abandonar el caso tras una audiencia celebrada el 8 de enero de 2026, en la que arremetió contra los abogados de la UIF, quienes solicitaron posteriormente su recusación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación parcial al pago de las cantidades determinadas por la autoridad judicial.
