Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, reveló el 20 de mayo de 2026 que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en esa entidad y cuenta únicamente con protección de la Policía Estatal, sin escolta del Gobierno Federal. La declaración contrasta con la postura asumida un día antes por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien eludió responder sobre el paradero del mandatario sinaloense con una frase que evocó al expresidente Vicente Fox Quesada: “¿Yo por qué?”
“El gobernador está en Sinaloa. No ha sido reservada su ubicación, hasta el momento está ahí en su estado”, confirmó García Harfuch durante una conferencia de prensa. Precisó que Rocha Moya “tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del Estado. Él como exgobernador con licencia, pues cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado. No tiene escolta por parte del Gobierno federal.”
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Las declaraciones de García Harfuch se producen en el mismo día en que Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, respaldó públicamente a las Fuerzas Armadas durante la toma de protesta del nuevo comandante de la Novena Zona Militar, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Julio César Islas Sánchez, realizada en las instalaciones del Cuartel Militar de Culiacán. “Hay confianza, siempre el Ejército se ha dirigido en nuestro estado y en nuestro país de una manera honesta, de una manera con mucho trabajo, y que siempre hacen honor a la patria”, afirmó la mandataria interina.
La designación del General Islas Sánchez fue firmada el 16 de mayo de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Originario de Hermosillo, Sonora, el militar acumula más de cuatro décadas de servicio y cuenta con formación en administración pública, seguridad interior, negocios y gobierno, además de experiencia diplomática como agregado militar adjunto en la Embajada de México en Washington D.C. y como jefe de estudios en el Colegio Interamericano de Defensa. En territorio nacional dirigió previamente la 15a Zona Militar en La Mojonera, Jalisco, y la 48a Zona Militar en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
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La postura de la SEGOB sobre el paradero de Rocha Moya fue radicalmente distinta. Rodríguez Velázquez respondió con esa sola frase al ser interrogada, el 19 de mayo de 2026, sobre si su dependencia conocía la ubicación del gobernador sinaloense, durante la presentación de un plan de identificación forense en la Ciudad de México. Al insistir los periodistas en si haría algún llamado al mandatario estatal, la secretaria fue categórica: “Yo no estoy haciendo ningún llamado de nada.” Añadió que se apegará únicamente a la información que Sheinbaum Pardo difunda en sus conferencias mañaneras.
Ese mismo 19 de mayo de 2026, la presidenta de la República defendió la postura del Gobierno de México de exigir evidencias a EE.UU. antes de actuar contra Rocha Moya y los demás nueve funcionarios señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “Es lo mismo que hace Estados Unidos, cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas’, pero toda la comentocracia: ‘¿cómo se le ocurre a la Presidenta pedir pruebas?’ si es lo mismo que hace Estados Unidos”, declaró la mandataria nacional. Sheinbaum Pardo precisó que cuando el Gobierno de México ha solicitado la devolución de personas que cometieron delitos en el país y se encuentran en EE.UU., la respuesta ha sido exigir pruebas o negar directamente la extradición.
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El 18 de mayo de 2026, Sheinbaum Pardo confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó de manera preventiva las cuentas bancarias de Rocha Moya, al tiempo que rechazó que la dependencia lo esté investigando formalmente. Explicó que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con instituciones financieras de EE.UU., activaron alertas automáticas sobre clientes considerados Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que derivó en la actuación de la UIF. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió ese mismo día el Comunicado No. 39, en el que precisó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, y que las medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna. Según información previa del sector bancario, el congelamiento de las cuentas del mandatario sinaloense se habría ejecutado desde el 6 de mayo de 2026.
En ese mismo encuentro con la prensa, la titular del Poder Ejecutivo Federal descartó que la entrega voluntaria a autoridades de EE.UU. de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, y de Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de ese estado, represente algún riesgo para México. “Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno”, afirmó. Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el 11 de mayo de 2026 desde Hermosillo y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Díaz Vega se entregó el 15 del mismo mes y año.
Respecto a la defensa legal de Mérida Sánchez, la Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó el 18 de mayo de 2026 que Sarah Rebecca Krissoff, exfiscal adjunta federal especializada en fraude financiero, lavado de dinero, crimen organizado y delitos cibernéticos, asumirá su representación. El exfuncionario optó por no contratar abogado privado, por lo que el tribunal le asignó a Krissoff, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, quien se desempeñó en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) de 2008 a 2021 y desde 2021 forma parte de la firma Cozen O’Connor. La próxima audiencia quedó programada para el 1 de junio de 2026. Según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), Mérida Sánchez recibió sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales del cártel de Los Chapitos a cambio de información sobre operativos contra narcolaboratorios.
El senador de la República por Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez, igualmente señalado por el DOJ, rompió el 10 de mayo de 2026 un periodo de silencio en redes sociales con una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a su madre en la localidad de Batequitas, perteneciente al municipio de Badiraguato, Sinaloa. La publicación representó su primera aparición digital desde el 6 del mismo mes y año, cuando anunció en la red social X que no se presentaría a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, contradiciéndose con lo que había informado días antes. Inzunza Cázarez justificó su inasistencia señalando que no quería dar oportunidad a la oposición de “protagonizar un espectáculo indigno del recinto parlamentario”. El legislador acumula, al menos, ocho días refugiado en Badiraguato, municipio de origen de figuras históricas del crimen organizado en México y tierra natal también del propio Rocha Moya.
El 9 de mayo de 2026, una vivienda propiedad de Rocha Moya fue atacada a balazos e incendiada en la colonia Las Quintas de Culiacán. La agresión ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el inmueble ubicado sobre la calle Lago de Cuitzeo, que se encontraba deshabitado al momento del ataque. Tras los disparos, los agresores ingresaron al interior de la propiedad y provocaron un incendio antes de darse a la fuga. La propiedad, de 85 metros cuadrados de terreno y 140 metros cuadrados de construcción, fue adquirida por Rocha Moya en 1984 y cobró notoriedad pública durante la campaña electoral de 2021, luego de que una investigación periodística revelara que no figuraba en las declaraciones patrimoniales del entonces candidato de Morena a la gubernatura. Al ser cuestionada al día siguiente sobre el incidente, Sheinbaum Pardo respondió con una sola frase: “Ya sacó un comunicado la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.”
La organización civil Defensorxs presentó el 7 de mayo de 2026 una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México contra 55 políticos por su presunta participación en la operación electoral del Cártel de Sinaloa en los comicios estatales de 2021, entre ellos el ex gobernador de Sinaloa y actual titular de la Embajada de México en España, Quirino Ordaz Coppel, así como 17 ex alcaldes de Morena, diputados locales y federales y funcionarios estatales. “Porque creemos en que nuestro país debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos, es que venimos a denunciar a 55 narcopolíticos de Morena y de otros partidos que están relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en Sinaloa en el año 2021”, declaró Miguel Alfonso Meza, integrante de la agrupación. Ese mismo día, un grupo no identificado de hombres retiró por la fuerza, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, una lona del colectivo Mexicanos al Grito de Paz en la que exigían a Sheinbaum Pardo no proteger a Rocha Moya.
El 4 de mayo de 2026, García Harfuch aseguró, durante una conferencia en la Novena Zona Militar de Culiacán, que el Gabinete de Seguridad nunca contó con indicios que vincularan a Rocha Moya con el cártel de Los Chapitos. “Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”, afirmó. Ese mismo día, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, informó que la FGR concluyó que la petición estadounidense de detención provisional no acredita los elementos necesarios para proceder, pues no aportó evidencia que justifique la urgencia conforme al Artículo 11 del Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1980.
El origen del caso se remonta al 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses ante la jueza federal Katherine Polk Failla. La acusación, presentada por el fiscal Jay Clayton y el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, señala al mandatario sinaloense de haber sostenido reuniones con líderes del Cártel de Sinaloa antes de los comicios de 2021 y de haber prometido designar funcionarios favorables a sus operaciones de narcotráfico a cambio de apoyo electoral, incluida la sustracción de papeletas e intimidación a rivales políticos. Los cargos incluyen conspiración para importar y distribuir fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense; posesión de armamento de grado militar; y corrupción institucional. Las penas mínimas contempladas van de 50 años de prisión a cadena perpetua. Ante esa acusación, Rocha Moya solicitó licencia temporal el 1 de mayo de 2026 y el Congreso estatal la aprobó con 38 votos a favor, lo que llevó a Bonilla Valverde a asumir como la primera gobernadora interina en la historia de Sinaloa. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió el 5 de mayo de 2026 una nota diplomática al DOJ para solicitar las evidencias que respalden los cargos, al considerar que la solicitud original no contaba con el sustento probatorio exigido por el marco jurídico bilateral.
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