La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, se presentó el 27 de mayo de 2026 ante la FGR para testificar en el marco de la investigación sobre el narcolaboratorio hallado en la entidad el 18 de abril del mismo año, en cuyo desmantelamiento fallecieron dos agentes de la CIA, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Méndez, en un accidente vehicular.
Campos Galván llegó a las instalaciones de la FGR, ubicadas en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, a las 9:59 horas. La mandataria estatal acudió acompañada por Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), y por el legislador Roberto Gil Zuarth. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, también se presentó en las instalaciones de la dependencia, donde señaló que “hay que ser solidarias” con la gobernadora. Entre los legisladores que acudieron en señal de respaldo estuvieron Germán Martínez Cázares, Federico Döring Casar y Ricardo Anaya Cortés.
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El citatorio recibido por la gobernadora señalaba que la cita sería en la delegación de la FGR en Ciudad Juárez, Chihuahua; sin embargo, la comparecencia terminó realizándose en la sede capitalina de la fiscalía. Según fuentes del equipo de la mandataria, el cambio de sede se definió previo a la diligencia.
El caso tiene su origen en el operativo del 18 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, en el que se destruyó el narcolaboratorio sin que el Gobierno Federal fuera informado de la participación de agentes estadounidenses. La presidenta Sheinbaum Pardo demandó explicaciones a la embajada de EE.UU. en México, acusó a la mandataria chihuahuense de vulnerar la soberanía nacional y la FGR atrajo la investigación del caso.
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Militantes y ciudadanos que se concentraron en los exteriores de la dependencia expresaron su apoyo a la gobernadora con la consigna “no estás sola”. El exfiscal de Chihuahua también se presentó ante la FGR para cumplir con un requerimiento; al ser cuestionado sobre si el caso estaba politizado, respondió: “es probable.”
Paralelamente, legisladores de Morena presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la gobernadora, en el contexto del escándalo que la prensa y la oposición denominaron “CIAgate.”
