Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diez artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de elección de personas a cargos del Poder Judicial. La propuesta fue suscrita por Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio y Olga Sánchez Cordero, diputadas y diputado federales, así como por el senador Javier Corral Jurado, todos integrantes del mismo grupo parlamentario en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.
La iniciativa busca perfeccionar el modelo de elección popular de personas juzgadoras adoptado mediante la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, que estableció la designación de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal Electoral, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito y juzgados de distrito mediante voto libre, directo y secreto de la ciudadanía. La propuesta no revierte ese mecanismo, sino que introduce filtros técnicos más rigurosos antes de que cualquier nombre llegue a la boleta.
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El eje central de la reforma es la creación de un Comité Único de Evaluación integrado por personas propuestas por los tres poderes de la Unión, que operaría como filtro nacional de ingreso al proceso electoral judicial. Dicho comité tendría la facultad de revisar expedientes, aplicar exámenes de conocimiento diseñados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y entrevistar a quienes aspiren a un cargo en el Poder Judicial. Solo quienes acreditaran una certificación técnica, años de experiencia previa —con énfasis en trayectoria dentro del propio Poder Judicial— y ausencia de militancia partidista reciente podrían figurar en la boleta.
La propuesta también plantea separar las elecciones judiciales del calendario de elecciones políticas, de modo que la ciudadanía vote por juezas, magistradas y ministros en una jornada propia, diferenciada de los comicios para cargos ejecutivos o legislativos. El objetivo declarado de esta separación es centrar el debate público en la función jurisdiccional y no en la dinámica de los partidos políticos.
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La iniciativa tiene su origen directo en las áreas de oportunidad detectadas durante el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 (PEE 2025), en el que se eligieron 881 cargos federales y aproximadamente 1,800 cargos locales, lo que representó la renovación de cerca de la mitad de las personas juzgadoras federales. Los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión recibieron un volumen extraordinario de solicitudes: 18,447 en el caso del Poder Ejecutivo, 11,646 en el Legislativo y 3,814 en el Judicial, cifras que tensionaron los mecanismos de revisión y valoración del sistema y pusieron en evidencia la necesidad de una estructura de selección unificada.
Según la exposición de motivos del decreto, la implementación práctica del nuevo modelo evidenció desafíos en los procesos de evaluación y selección de aspirantes, así como en los tiempos de organización electoral. En ese contexto, la propuesta se inscribe, según sus promoventes, en una lógica de perfeccionamiento institucional con el propósito de consolidar el modelo bajo parámetros de mayor objetividad, profesionalización y certeza jurídica.
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Algunas entidades federativas ya habían anticipado esta tendencia: Coahuila y Zacatecas incorporaron en sus constituciones locales requisitos adicionales para aspirantes a cargos judiciales, entre ellos la acreditación de certificaciones de competencias técnicas, lo que representó un precedente relevante para fortalecer la calidad técnica de la función jurisdiccional en el ámbito estatal. Los promoventes de la iniciativa federal citan estos casos como referentes del camino que buscan establecer a nivel nacional.
La iniciativa reforma los artículos 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue turnada para su proceso legislativo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
