Posterior a un conflicto registrado el 16 de febrero en la sede alterna, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS), Charlene Ramos Hernández, informó a medios de comunicación que se ha interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia el Estado (PGJE) en contra de tres consejeros de la instancia por los delitos de robo agravado y violencia.
De acuerdo con la narración de los hechos, la presidenta acusó que tres consejeros irrumpieron en la Escuela de Música de La Paz, lugar donde se abrieron las oficinas provisionales debido a la toma de instalaciones de la CEDHCS, y sustrajeron de manera arbitraria el sello oficial de la instancia.
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Según la declaratoria de Ramos Hernández, los tres señalados son los consejeros Alejandro Maldonado Verdugo, Arturo Mayorquín y María Elena Fong, precisando que sus cargos no les confieren esas atribuciones.
“Acusando a la Presidencia del Organismo de falsificación de sellos, enfatizó que este acto, así como las acusaciones públicas realizadas por Alejandro Maldonado Verdugo, representan una grave confrontación a la vida institucional y a la gobernabilidad”, expresó.
La titular del organismo autónomo aseguró que la documentación e información que usan y manejan en las oficinas provisionales es la única oficial.
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Por ello, y haciendo énfasis en el robo de sellos, alertó a la ciudadanía para que solamente acuda a la Escuela de Música para solicitar y recibir servicios de la institución, y así evitar ser sorprendida por quienes tienen el bloqueo en las instalaciones de la institución.
“Ilegalmente mantienen tomadas las oficinas detentando cargos y facultades que ya no tienen y que ya no les son reconocidas por parte de la CEDHBCS, esto debido a que el sello robado puede ser usado para falsificar documentos, lo que pondría en riesgo la información personal de las víctimas”, recalcó.
Charlene Ramos hizo hincapié en que esto es otra muestra de que hay una agenda de intereses particulares de personas que buscan minar su gestión y autoridad como presidenta.
Anteriormente declaró que observa un interés político y que, incluso, todo este movimiento proviene de personas que buscan ser presidentes de la Comisión.
“Es inaudito el comportamiento de estos consejeros quienes, extralimitándose en sus atribuciones de ley, continúan obstaculizando la liberación pacífica de las oficinas y alientan el conflicto”, dijo.
Cabe recordar que desde el 8 de enero de este año, un grupo de trabajadores y exempleados, así como consejeros, tomaron las instalaciones de la CEDHBCS. Señalaron a Charlene Ramos por violencia laboral, intimidación, amenazas y despidos injustificados.
La presidenta enfatizó que se trata de un paro laboral sin sustento legal y que las inconformidades o señalamientos deben atenderse en otras instancias como Conciliación y Arbitraje, sin embargo, acusa, la otra parte se rehúsa.
Asimismo, sostiene que no es una toma de instalaciones respaldada por todo el personal y que prueba de ello es el hecho de que a pocos días del bloqueo iniciaron labores en la Escuela de Música, y que siguen operando a favor de la ciudadanía.
CONSEJEROS NIEGAN ACUSACIONES
En respuesta a los señalamientos de la ombudsperson, los consejeros aludidos convocaron a conferencia de prensa para dar réplica y su versión de los hechos.
El consejero Alejandro Maldonado, sostiene que en las declaraciones de la presidenta de la CEDHBCS hay desinformación.
“Al acudir a la sede alterna, como le llama Charlene, encontramos que una persona que no conocemos que trabaje oficialmente en la Comisión sacó de su bolsa un sello, al parecer oficial, pero que no está foliado, no cuenta con un oficio de inventario”, explicó.
“Como ustedes saben, toda la documentación oficial y original se encuentra dentro de las instalaciones”, agregó.
En cuanto a lo del sello, dijo que para tranquilidad de la ciudadanía, de todos los entes de gobierno y todos los usuarios de la Comisión, ese sello se decomisó alrededor de las 11:40 a.m., mientras que la carpeta de investigación, con el número LPZ/1157/2024, se interpuso alrededor de las 2:30 p.m. de ese 16 de febrero.
Aseguró que ese sello, a partir de ese momento se encuentra en cadena de custodia de la Procuraduría General y, dependiendo de las determinaciones de la autoridad competente, se verá si se emite un acuerdo para trasladarlo a la Fiscalía Anticorrupción o se queda dentro.
“No ha sido utilizado por ninguno de los consejeros que estuvimos presentes y se hizo lo que se tiene que hacer en uso de las facultades de los consejeros, que como lo dice la misma normatividad de la Ley Orgánica, que emana de la Constitución del Estado, que nuestra función es velar por el buen funcionamiento de la Comisión y no puede haber un buen funcionamiento con sellos apócrifos, doblados o alterados”, aseveró.
Por su parte, el consejero Arturo Mayorquín, contestó que Ramos Hernández tendría que justificar el por qué hay un sello afuera de las instalaciones que están bloqueadas desde hace casi dos meses y qué hace en manos de los trabajadores.
“Es una situación muy delicada porque, con ese sello de recibido, apócrifo hasta este momento, puede poner fechas de hace cinco años, de ayer, de antier y quién va a decir lo contrario. Ese fue el detalle que se detonó el día que encontramos el sello, que salió de la bolsa de una persona que se dice trabajador”, compartió.
Los consejeros subrayaron que la preocupación es que no hay respuestas y siguen las incidencias en el conflicto de la CEDHBCS.
Sostienen que la presidenta no tiene facultad para contratar a personal nuevo en los puestos de las personas que denunciaron haber sido despedidas sin justificación.
“Todas las compras que han hecho de equipos alternos, ¿de dónde están surgiendo y en base a qué? Porque nosotros tenemos que aprobar este informe financiero y estas compras que se han hecho”, apuntó la consejera.
“Nos maneja como amantes de lo ajeno a los consejeros, eso es muy grave. Nosotros fuimos buscando la solución y nos encontramos un sello en una bolsa de una trabajadora, que no está reconocida por la Comisión”, respondió.
OTRA QUEJA CONTRA EL GOBERNADOR
En medio de este conflicto que debilita el funcionamiento de la Comisión, una ciudadana presentó una nueva queja por una presunta violación de derechos humanos, en contra del gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío.
Evangelina Castillo Hirales acudió a la Escuela de Música, en la sede alterna del organismo, para señalar que el mandatario incurrió en diversos hechos que pudieran constituir transgresiones a sus garantías individuales.
Castillo Hirales, como líder del Gremio Rosa, un movimiento que busca concesiones de transporte para mujeres en Baja California Sur, aseguró haber sido víctima de violencia de género, violencia simbólica, violencia psicológica, daño moral y discriminación por parte de Castro Cosío.
“Es un grosero, es un prepotente. Se da la media vuelta y nos deja con la palabra en la boca. Ya necesitamos autoridades que de verdad tengan convicción de servicio y convicción de dar solución”, manifestó la quejosa.
Las integrantes del Gremio Rosa de Movilidad exponen que durante el último año y medio han buscado al gobernador, ante la deuda histórica que existe con las mujeres en el rubro de transporte.
Sin embargo, dicen, no han encontrado respuestas positivas o satisfactorias e, incluso, en ocasiones ha sido ofensivo el trato y la manera en la que el mandatario se dirige a ellas.
La quejosa comentó que, aunque ya han tenido promesas por parte del titular del Ejecutivo para otorgar concesiones a mujeres, esto no ha sucedido.
“¿Quién es la persona que nos ha victimizado como grupo, como gremio? El profesor Víctor Castro Cosío, que es quien encabeza la administración en curso del estado de Baja California Sur”, afirmó.
“Hemos tenido violencia psicológica, donde una vez nos dijo en una audiencia en el Teatro: ‘Chicas, vamos a encontrar el cómo sí apoyarlas’. Después, a la tercera audiencia nos dijo: ‘¿Saben qué?, los gremios de hombres… no hay consenso con ellos’. Eso es discriminación, eso es violencia de género”, asentó.
Entre los datos que presentan, expuso que el gobernador “se jactó” de haber entregado 20 concesiones de taxis a mujeres, no obstante, insiste, esto es una manipulación de información.
Evidenció que son viudas de taxistas y que estos permisos eran de sus esposos, es decir, hombres que dieron toda su vida al transporte.
“Las van a rentar (las concesiones), ellas no se van a subir ni se están subiendo a trabajar y a operar; claro que hay mentira y hay simulación en sus declaraciones”, sostuvo.
Cabe recordar que se trata de la segunda queja que interponen en contra del mandatario en lo que va del 2024.
A principios de febrero, la maestra Isabel Peña inició un procedimiento en la CEDHBCS por violencia simbólica, luego de una agresión verbal que sufrió por parte del gobernador en el Segundo Parlamento de Mujeres en noviembre de 2023.
Ante esta segunda queja, en una breve respuesta, Víctor Castro declaró que no puede ser rehén de ningún grupo, recalcando que toda su vida ha defendido los derechos de las mujeres.
“Que proceda; yo no tengo ninguna carga de conciencia, yo no puedo estar como de rehén de un grupo determinado que quiere cosas fuera de la ley que no son a voluntad. Yo no voy a crear sitios”, dijo.
“He luchado toda mi vida consciente para que los derechos de las mujeres se defiendan, pero no de ese modo, de que un grupo hacerme responsable de crear un… no, no se puede”, finalizó.
