La solicitud de aumento de la tarifa de transporte pública en La Paz ha despertado un debate entre diversos sectores de la comunidad, en un ejercicio de discusión en el que la ciudadanía reclama que este incremento es insostenible y que la calidad de las unidades no justifica la petición, mientras que trabajadores de servicio exponen que es imposible para ellos el mantener ya la prestación, ante la inflación y la falta de subsidios.
En este escenario, la primera regidora y encargado de despacho de la Presidencia Municipal de La Paz, Amor Fenech, informó que continuaron con las mesas de trabajo para poder dar una respuesta a la solicitud de los transportistas.
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La demanda del sector se centra en un aumento de 13 pesos por viaje, lo que dejaría el servicio en un costo de 25 pesos para los usuarios de peseros y camiones urbanos en toda la ciudad de La Paz.
“El lunes de la semana pasada tuvimos una segunda mesa de trabajo con los transportistas; nosotros les comentábamos que recibimos su petición, la estudiamos y la revisamos, y les hicimos una propuesta”, declaró Amor Fenech.
La primera regidora precisó que, tras el análisis, propusieron que la tarifa pudiera quedar en 18 pesos para la zona de Centenario y Chametla, y de 16 pesos para el resto de la ciudad, sin embargo, asegura que la oferta fue rechazada por los concesionarios.
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“Ellos manifestaron que con ese aumento no era suficiente para que dejaran de tener pérdidas, tomando en cuenta el aumento que ha habido en combustible y diesel, mantenimiento de las unidades y choferes, etc…”, dijo.
Ante la encrucijada, y con una primera negativa a una contrapropuesta, Amor Fenech declaró que hicieron este primer análisis para saber el impacto que tendría un aumento de determinado porcentaje, tal y como lo pedían los transportistas.
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Es así como reiteró que el Ayuntamiento de La Paz y la Comisión de Transporte del Cabildo no han autorizado ningún incremento y que aún queda el trabajo de socialización obligatoria, asegurando a la ciudadanía que no habrá una decisión unilateral.
“Por eso es que llegamos a esa conclusión; nosotros les dijimos: con esta propuesta vamos a salir a territorio, vamos a hacer reuniones den diferentes colonias por donde pasen las rutas y vamos a levantar encuestas”, subrayó.
NO PODEMOS CON LA CARGA: TRANSPORTISTAS
Son diversas las problemáticas que recaen ante los concesionarios del transporte público, que en medio de este debate aún no se han levantado en manifestaciones, pero sí han manifestado diversas expresiones y pronunciamientos para recalcar que la situación no es nada sencilla para ellos.
Antes que nada, representantes de distintos grupos de concesionarios dejaron en claro que esto no es un asunto de transportistas contra ciudadanía, ya que, exponen, de ambos lados se vive el castigo de la inflación y del actual panorama económico.
Valentín Contreras, trabajador del sistema de transporte público de La Paz, dio testimonio de ello. Hablando de las presiones que enfrentan él y sus compañeros, reitera que no pueden sostener el incremento del combustible y que el sector lleva años enfrentándose a crisis y subsidios que terminan siendo pagados con sus bolsas.
Recordó que el combustible siempre estuvo más o menos a un 50 por ciento del costo de la gasolina, pero actualmente el diésel está por encima, llegando a rebasar en ocasiones los 30 pesos por litro.
La mayoría del transporte colectivo y transporte urbano usa este combustible; en promedio, las unidades de 20 a 23 pasajeros tienen un gasto diario de entre 65 y 70 litros. Dependiendo de la cantidad de usuarios que suban aumenta la cantidad de combustible que deben cargar.
Aclaró que una pesera de 20 pasajeros tiene un consumo diario de mil 800 a dos mil pesos de combustible, dependiendo de la ruta, porque es diferente el comportamiento de cada camino que deben seguir las unidades.
“Hay rutas que son muy largas, hay mucho tráfico, se tienen que apurar mucho las unidades. Hay una serie de situaciones y retos que enfrenta cada ruta, y hay rutas que son un poco más tranquilas, que gastan más combustible”, manifestó.
Quienes tienen rutas como la periférica, que recorren una extensión más amplia de la ciudad de La Paz, exponen que llegan a gastar 80 litros de combustible, que son alrededor de dos mil 300 pesos diarios.
“La problemática está en que nosotros, entre el 60 y 70 por ciento de los usuarios pagan la mitad del servicio por ser estudiantes, adultos mayores o personas con discapacidad; la ley obliga al transportista a darles ese subsidio”, expresó.
En general, menciona, hay descontento de todo el gremio transportista en La Paz ya que dicen sentirse abandonados por las autoridades.
“En la pandemia sufrimos mucho; muchas unidades quedaron fuera de servicio porque no había el ingreso necesario para mantener las unidades. Pasa la pandemia, viene el proyecto del tiburón Urbano y antes de tener presencia física y jurídica en La Paz, el Ayuntamiento ya le tenía un colchón financiero para operar”, resaltó.
Esto generó molestia e inconformidad porque, señala, durante 30 años han cargado con el subsidio en todo el municipio, donde los choferes tienen que costear los descuentos a usuarios sin que el Estado tenga una intervención efectiva a favor de ellos.
“Los subsidios que nosotros otorgamos es dinero que deja de entrar a nuestros bolsillos, a la economía de nuestras familias. Es bastante complicado, y más complicado es cuando la misma autoridad no te da apertura”, enfatizó.
DESCONOCIMIENTO INSTITUCIONAL
El conductor también menciona que las autoridades en la materia no pertenecen al sector, no han trabajado en camiones o peseros, por lo que desconocen todas las vivencias y problemáticas que enfrentan todos los días quienes sostienen este servicio público.
“Desafortunadamente nosotros estamos en manos de la Comisión de Transporte de Cabildo; en dicha comisión ninguna persona conoce la problemática del transporte, no tienen experiencia en el transporte”, reiteró.
“Los estudios de ellos nada tienen que ver con el transporte, es muy complicado; realmente se necesitaría que esté gente que viva la experiencia del transporte, que conozca nuestras problemáticas y lo que nosotros estamos padeciendo”, indicó.
También han buscado consensos en temas que les competen, como los análisis y creaciones de rutas del servicio de transporte, pero dicen que no han sido escuchados.
Igualmente han solicitado mesas de trabajo para que autoridades del Ayuntamiento escuchen las necesidades y problemáticas; incluso dicen que han recibido compromisos, pero las rutas –que consideran no efectivas– jamás son sometidas a consideración del Cabildo para que las anulen.
Incluso, exponen, han registrado casos donde se hace uso de la fuerza pública y para retirar rutas que están en operación y que contravienen lo que dicta el Cabildo.
“Es muy complicado cuando tenemos una autoridad que no te deja dialogar, que no te deja defenderte. Cuando la autoridad quiere ser como una dictadura, no se nos ha dado apertura ni oportunidad de ir a mesas de diálogo”, concluyó.
AUMENTO ES IMPAGABLE: CIUDADANÍA
En la otra cara de la moneda, hay habitantes de La Paz que ya han expresado su preocupación por el simple hecho de que esta solicitud este en análisis en el Cabildo de La Paz.
Por un lado, hay quienes manifiestan que simplemente no pueden costear este aumento del 108 por ciento en el costo del pasaje, mientras que hay quienes recalcan que no se debe considerar siquiera un incremento por la calidad de las unidades.
Tadeo Avilés, estudiante de contabilidad en el Tecnológico de La Paz, comparte que si este aumento se aprueba por el Gobierno Municipal, prácticamente se estaría quedando sin dinero para sus gastos diarios.
“Como estudiante me estarías quitando 250 pesos en camiones, ida y vuelta. Como estudiante que tiene trabajo y trata de cumplir en sus clases diarias, donde no recibes un salario completo, son mil al mes; yo que gano el mínimo, es impagable. Me quedaría sin dinero para sobrevivir en toda la semana; también pago mi comida y mi escuela”, agregó.
Luis Villagrande, trabajador del sector restaurantero, hizo hincapié en la calidad de las unidades, pues pasan los años y no son arregladas; incluso hay algunas que tienen más de 40 años de antigüedad.
“Así como están las unidades no pueden exigir que se incrementen las cuotas, porque es un servicio que no sirve, que no es eficiente; si el servicio fuera eficiente, se usaría más, fuera el medio de transporte que más se utiliza”, compartió.
“Por eso hay tantos carros aquí en La Paz, porque no puedes llegar a un punto sin tener que agarrar dos o tres transportes y aparte debes caminar mucho; ni hablar de los camiones que ya están muy viejos y deteriorados”, añadió.
Indira Acevedo, trabajadora en tienda comercial, coincidió en que el servicio que ofrece el sector no puede considerarse para un aumento.
“No tienen aire acondicionado, excepto los últimos que sacaron del Tiburón Urbano. Si hubiera rutas, como hay en otras ciudades, que el transporte público es muy eficiente, yo estaría de acuerdo en incrementarlo”, respondió.
En este escenario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) hizo un exhorto al Ayuntamiento de La Paz, en el que pide una evaluación integral de este incremento tarifario que piden los transportistas.
La presidenta de la CEDHBCS, Charlene Ramos Hernández, explicó que solicitan que se considere en este análisis las afectaciones por incidencias, calidad, seguridad, accesibilidad, trato digno y demás principios del derecho a la movilidad.
Esto conlleva la revisión de quejas de maltrato, violencia, discriminación e incumplimiento de rutas, también el tema de la seguridad para mujeres, lo que implica prevenir y detener la violencia de género.
Charlene Ramos expuso que las autoridades municipales también deben contemplar metas públicas y verificables en la calidad del servicio de transporte, incluyendo capacitación obligatoria para operadores en materia de derechos humanos, perspectiva de género y buen trato.
También exhortan al Ayuntamiento de La Paz a establecer un mecanismo de queja, con el que garanticen canales de denuncia y supervisión efectiva en la materia.
“El fundamento de la emisión de este exhorto recae en el artículo 32 de la Ley de Movilidad del Estado precisamente lo que indica es que las autoridades, en su toma de decisiones, tienen la obligación de garantizar los principios del derecho a la movilidad e, inclusive, atender las recomendaciones y políticas que plantea la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, precisó.
