El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, informó que ha solicitado una reunión con autoridades municipales y del Poder Legislativo con el objetivo de buscar medidas para detener ciertos desarrollos inmobiliarios que se están gestando en el Centro de La Paz y en otros puntos de Baja California Sur.
Castro Cosío señaló que han detectado casos de inversionistas que compran una vivienda y de ahí construyen departamentos para renta, una estrategia que, desde su perspectiva, ha abonado a la gentrificación en la ciudad Capital.
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Por ello, anunció que ha pedido a los diputados de la XVII Legislatura, así como a autoridades del Ayuntamiento de La Paz, que respondan a un encuentro para buscar mecanismos legales y legislativos para frenar esto.
Como tal, el mandatario precisó que su objetivo es establecer una pausa legal y jurídica a este tipo de desarrollos, y obtener una medida de protección y respuesta a posibles amparos que puedan surgir.
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“Nos vamos a tener a la parte legal y amparos y todo lo que quieran, pero no vamos a permitir más que se sigan haciendo todos estos departamentos en el Centro de la ciudad. Que se amparen, pero vamos a dar la pelea y que el pueblo también nos ayude”, expresó.
“Vamos a tener que hacer un trabajo jurídico, legislativo y de decisión política para poder evitar que nos sigan construyendo, compran una casa y hacen 10 departamentos. Una fórmula que encontraron y la están haciendo en todo el estado”, agregó.
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Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de La Paz respondió a las declaraciones de Víctor Castro con un pronunciamiento, en el que exigen que se garantice ante todo la certeza jurídica y el apego al Estado de Derecho.
Los empresarios subrayaron que cualquier medida de esta naturaleza debe implementarse bajo el marco constitucional vigente y con respeto a los derechos ya adquiridos por inversionistas.
“Una suspensión generalizada de nuevas construcciones basada únicamente en una decisión administrativa o política, podría vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, la libertad de comercio y la libertad de empresa”, recalcaron.
El CCE hizo hincapié en que el Ayuntamiento de La Paz es responsable de cualquier autorización en materia de usos de suelo, licencias de construcción y demás permisos urbanísticos, por lo que cualquier restricción deberá implementarse a través de los procedimientos que la ley establece.
