Playa Los Cerritos se encuentra en medio de la controversia por la autorización de un proyecto turístico, al que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio el “visto bueno”, esto en un contexto en el que la comunidad ha manifestado su rechazo total y en el que autoridades federales aseguran que no había fundamento legal para negar una autorización.
Se trata del proyecto “Cerritos La L”, que tiene una historia de conflictos por construcciones ilegales en la zona desde 2023, en un caso en el que tuvo que intervenir la Procuraduría Federal del Consumidor (Profepa).
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Luego de denuncias ciudadanas en ese año, la Profepa procedió con la clausura temporal total ya que el promovente, Ejido El Pescadero, estaba ejecutando la obra del proyecto turístico sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por Semarnat.
Ante la intervención de la Procuraduría, el promovente procedió a solicitar su MIA en julio de 2025 y, exactamente un año después las oficinas locales de Semarnat otorgaron el permiso ambiental correspondiente.
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El resolutivo de la MIA expone que “Cerritos La L” recibe con esta aprobación la regularización de diferentes obras en la zona costera de esta playa emblemática de La Paz, que se caracteriza por atraer turistas y habitantes por sus largas olas que permiten practicar deportes acuáticos, como el surf.
La descripción del documento precisa que buscan construir cinco restaurantes, una guardería, seis áreas de tablas de surf y un club de playa en un espacio de más de cinco mil 100 metros cuadrados (m2).
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También solicitaron autorización para construcción de áreas de baño, planta de tratamiento y área de cisternas, pero les fue negada por encontrarse en el acceso libre de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Con la regularización de este proyecto, habitantes de la comunidad de Los Cerritos, que se encuentra en la subdelegación El Pescadero, se han organizado para manifestar su inconformidad y exigir a las autoridades que revoquen la autorización que les acaban de otorgar.
La Asociación de Proveedores de Servicios y Surf de Los Cerritos expresó su rechazo a la resolución que favorece esta iniciativa que ya había sido sancionada por incumplir con las leyes y que hoy beneficia al Ejido El Pescadero.
“Desde el año 2023 se construyeron sin permiso de alguna autoridad, a pesar de los dictámenes en contra y la oposición técnica sustentada, para un proyecto comercial en la Zona Federal Marítimo Terrestre de la playa Los Cerritos”, reiteró la asociación a través de un posicionamiento público.
La organización expuso que desde hace dos años mantienen un frente de protesta y defensa, en el que participan diversos actores de la comunidad por medio de acciones legales, técnicas y sociales para evidenciar las irregularidades e invasiones ilegales que, acusan, se han perpetrado en Zofemat por parte del promovente.
“Exigimos a la oficina central de la Semarnat revisar y revocar la autorización de la MIA otorgada por Cristina González Rubio al Ejido de El Pescadero, la cual se había comprometido un año antes en no autorizarla, por ser inviable y contradictoria con la reglamentación ambiental actual”, enfatizaron.
También señalan que se omitieron opiniones por parte del Ayuntamiento de La Paz, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la ciudadanía, que fijaron postura en contra y que expusieron irregularidades del proyecto.
“Playa Los Cerritos es un patrimonio ambiental, turístico y deportivo de nivel internacional que pertenece a todos, no al interés comercial de unos cuantos”, sostienen.
La Asociación advirtió que agotará todas las vías legales, administrativas y de movilización social que sean necesarias para defender el entorno costero.
SEMARNAT DEFIENDE LA RESOLUCIÓN
En entrevista, Cristina González Rubio Sanvicente, titular de la oficina de representación de la Semarnat en Baja California Sur, explicó el contexto y los aspectos que la dependencia federal evaluó para otorgar la regularización y, con ello, la autorización de la MIA.
Reiteró que todo inició por un procedimiento administrativo que aplicó Profepa por la construcción ilegal. Luego del ingreso de la solicitud del promovente en julio de 2025, asegura que Semarnat entró en un proceso de evaluación de las obras que ya habían sido ejecutadas y sancionadas.
De acuerdo con el resolutivo publicado por la dependencia federal, el promovente, Ejido El Pescadero, fue multado con poco más de 79 mil pesos por la construcción ilegal.
“Uno de los temas de lo más sensible que hay en esa zona y es conocimiento de todos como autoridades y de la ciudadanía de aquella zona de Todos Santos y Pescadero, es que hay conflictos sociales en esa zona por el uso de la playa que hay actualmente”, subraya Cristina González Rubio.
La delegada agrega que en una de las franjas de Los Cerritos hay bienes nacionales, por lo que, como parte del proceso de evaluación, solicitaron opiniones las diversas áreas de los gobiernos, como Conagua, Protección Civil, Ayuntamiento de La Paz y a la Dirección General de Zofemat en Ciudad de México.
“Algo que vemos y tal vez es lo medular en esta autorización es que, cuando nosotros solicitamos a la Dirección General de Zofemat su opinión respecto al área donde están las obras ya instaladas, nos comentan que no son bienes nacionales de competencia de esa unidad administrativa de la Semarnat”, argumentó la funcionaria.
La delegada hizo hincapié en que, al no ser un bien nacional, la zona de construcción del proyecto “Cerritos La L” no está catalogada como parte de la Zofemat ni tampoco como terrenos ganados al mar, por lo que el tratamiento del proceso de evaluación cambia.
“En materia de Impacto Ambiental nosotros no vemos la tenencia de la tierra. Ahí es un área de oportunidad que tiene nuestra legislación, nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento en materia de impacto ambiental”, compartió.
“No hay nada que implique revisar si quien está sometiendo un proceso en materia de impacto es el dueño de la tierra; nosotros evaluamos los impactos ambientales tanto en la fase de construcción, de operación y mantenimiento estrictamente en materia ambiental como el uso de recursos, agua, luz, especies que estén en la NOM-059”, reiteró.
Cristina González Rubio insistió en que, por los motivos anteriores, el proyecto en cuestión no puede ser condicionado a que tenga una concesión de Zofemat porque simplemente no entra en la competencia.
“Como ya viene de un proceso de regularización, donde Profepa lo sanciona, se paga la multa y le ordena la regularización, nosotros vamos en congruencia a ese procedimiento administrativo. En el resolutivo se explica que estamos evaluando las obras que ya fueron sancionadas por Profepa y lo condicionamos exclusivamente a las actividades que generan menos impactos”, explicó.
En este escenario, la delegada expone que las condicionantes están bien definidas en el resolutivo y que se trata de obras y actividades que ya se dan no nada más en esa playa, sino en otras zonas de costa de Baja California Sur.
Esto incluye la venta de tablas de surf o de kayaks, así como palapas o restaurantes, por lo que, insiste, no es algo diferente a otros proyectos que ya han logrado la autorización de una MIA o regularización en la entidad.
Por ello, recalca que no hay un fundamento para negarles la autorización a Ejido El Pescadero y defendió la intervención que hizo la dependencia que representa ante este caso.
Expresó que, además, recibieron a representantes del proyecto así como a integrantes de la comunidad, como prestadores de servicios de Los Cerritos, para escuchar sus posturas y abrir canales de comunicación.
Sin embargo, la funcionaria recalcó que, aunque la parte social es un factor que debe integrarse en los procesos, la Semarnat no resuelve conflictos de este tipo.
“No hay nada en mi reglamento que me impida, me limite o me restrinja a continuar un proceso de evaluación porque hay un conflicto entre terceros o particulares. Eso no está en mi reglamentación y, por ende, no es algo que yo pueda evaluar y que condicione la autorización o condicione y me lleve a una negativa”, finalizó.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jehú Vázquez Savín, aseguró que harán una revisión de la resolución que emitió Semarnat y que, además, solicitaron una mesa de diálogo para mantener coordinación sobre este tema.
“Tuvimos una reunión con empresarios y vecinos de cerritos la semana pasada con respecto a esta resolución de Semarnat; ahí mismo acordamos que la resolución se va a revisar por parte del jurídico de acá de Ayuntamiento y solicitamos una mesa de diálogo con Semarnat para todo lo que se haga o no se haga estemos en la misma frecuencia y sea lo correcto”, declaró al ser cuestionado.
SEMARNAT BUSCA DESVIAR LA ATENCIÓN: ASOCIACIÓN
La Asociación de Proveedores de Servicios y Surf de Los Cerritos acusó que las declaraciones de la delegada de Semarnat desviaban la atención del fondo del problema y desligan a la dependencia federal de su responsabilidad ambiental.
“Es falso y reduccionista afirmar que el conflicto en Playa Los Cerritos se limita a una ‘disputa por la tenencia de la tierra’ o a un litigio entre particulares”, expresó la organización.
Señalaron que intentó alegar incompetencia en materia agraria o de propiedad con el objetivo de evadir el núcleo de la ilegalidad: la ocupación irrestricta y comercialización no autorizada de la Zofemat y la construcción sin autorizaciones previas.
“Otorgar una autorización ambiental para respaldar hechos consumados sienta un precedente nefasto: construir primero sin permisos, para después exigir la regularización a la autoridad ambiental”, enfatizan.
Los integrantes de la asociación subrayaron que se ignoraron las observaciones de Conagua sobre la dinámica hídrica y de flujo en la zona costera, que indican que el proyecto no es viable.
Tampoco se tomó en cuenta el dictamen técnico del XVII Ayuntamiento de La Paz, que expone que el proyecto no es congruente con el Plan de Desarrollo Urbano y que Protección Civil manifestó inviabilidad del proyecto al estar en una zona de alto riesgo.
De igual manera, la ciudadanía presentó señalamientos durante la consulta pública ambiental, en el que se expusieron las afectaciones al ecosistema de playa y al libre acceso público.
“Propefa tiene procedimientos administrativos abiertos en contra de este proyecto de la mesa directiva de El Ejido de El Pescadero, por lo cual esta MIA no debió haberse autorizado”, concluyen.
