Desde el 25 de junio de 2026, la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, instrumento legal con el que pretenden dar regulación a proyectos inmobiliarios que busquen autorizaciones para asentarse en Baja California Sur.
Aunque integrantes de asociaciones civiles, como Cómo Vamos La Paz o el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), señalan que esta reforma es indispensable en el contexto actual de la entidad, con manifestaciones constantes por iniciativas turísticas que pretenden construir en territorio sudcaliforniano, hasta el momento esta nueva ley no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
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Un aspecto en particular que interesa sobre esta nueva herramienta legislativa es que daría la capacidad al Gobierno del Estado de decidir sobre la vigencia que obtienen los promoventes en sus autorizaciones de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).
Un caso que entra en discusión es el de los proyectos de playa El Saltito, que tienen aprobaciones de Impacto Ambiental desde 2009 y cuentan con una vigencia de 50 años, aunque deben obtener primero un cambio de uso de suelo forestal para desmontar en las mil 500 hectáreas de superficie que entran en su autorización.
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La directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), Jaqueline Valenzuela, recalcó que el Congreso del Estado sí ha abordado esta situación con los trabajos realizados en la Ley del Equilibrio Ecológico.
“Ya está terminada, que ya está presentada, pero falta la publicación por parte del Ejecutivo. Hay apartados específicos que hablan de la parte del Impacto Ambiental, de todas las actividades inmobiliarias, esa es una gran adhesión que se hizo”, reconoció.
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En este contexto, detalló que la Ley da facultades al gobierno estatal para decidir sobre los permisos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el gobierno federal en general otorgan.
Recientemente, Banco Ve por Más S.A., promovente de “El Saltito Segunda Etapa” buscó un cambio de uso de suelo forestal para desmontar casi 110 hectáreas de vegetación en la zona de uso tradicional en La Paz.
No obstante, la directora de la oficina de representación de SEMARNAT en Baja California Sur, Cristina González Rubio Sanvicente, confirmó que el promovente desistió y retiró la solicitud para este permiso, pero aún mantiene la vigencia de su MIA autorizada, por lo que más adelante puede iniciar de nuevo con el trámite.
En este escenario, Jaqueline Valenzuela considera que la aprobación de la nueva ley ha sido un factor que ha despertado a proyectos inmobiliarios y turísticos, ya que si se publica en el Boletín del Gobierno del Estado las iniciativas no podrán desarrollarse de la manera en que están planteados.
“Pensando mal, pensamos que también hay una gran movilización de los proyectos que estaban de alguna manera en la congeladora de SEMARNAT, porque estos instrumentos están ya trabajados, pero no están publicados”, reiteró.
La nueva ley contempla que las autoridades deberán considerar los efectos acumulativos de los proyectos que pretendan lograr una autorización, esto ante el hecho de que hay inversionistas que fragmentan y presentan de manera individual las solicitudes de Impacto Ambiental cuando todo se trata de un solo mega desarrollo.
Amplía las facultades de las autoridades para prevenir, inspeccionar, sancionar y restaurar los daños al ambiente. También contempla un fortalecimiento de la participación ciudadana en las consultas públicas, acceso a la información ambiental y a la denuncia popular.
El Poder Legislativo precisó que es una armonización de la legislación estatal con la Constitución Política de México, así como con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otras disposiciones sobre cambio climático, economía, gestión integral de residuos, biodiversidad y desarrollo sostenible.
En contraste, Guillermo Trasviña, presidente de la asociación Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, manifestó su postura en contra de esta ley, argumentando que es un mecanismo para despojar a las y los locales de sus tierras y no permitirles decidir sobre su futuro.
Ley, en análisis jurídico
Con respecto a este tema, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, aseguró que la reforma está en análisis por parte de su equipo jurídico e insistió en que administración está en sintonía con la defensa del medio ambiente.
No obstante, explicó que debe darse el proceso de revisión antes de proceder con la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
“Estamos todavía en el periodo para que se vea esto, pero tengan la certeza de que se hará con todo apego a que se proteja la biodiversidad”, declaró.
Por su parte, Fernando González, consejero jurídico del Gobierno del Estado, aseguró que una vez que concluyan con el proceso natural de estudio del documento, procederán con la publicación.
