La denuncia de la licenciada Rosa María Segura González por hostigamiento sexual contra su ex jefe, el magistrado Alejandro Isaac Fragozo, no solo exhibió un conflicto dentro de la Segunda Sala del Poder Judicial, sino la falta de protocolos de atención a casos de violencia de género dentro del Poder Judicial y la propia Fiscalía General del Estado. Según la directora de Inmujer, Karla Pedrín, a veces las leyes son insuficientes para generar correctivos contra los agresores. Una sola denuncia bastaría para iniciar una investigación interna dentro del Consejo de la Judicatura, pero eso no ocurrió
Al menos año y medio de hostigamiento sexual y laboral es lo que -asegura- sufrió la ex secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala Civil del Poder Judicial, maestra Rosa María Segura González, por parte de su ex jefe, el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, hechos por los que fue denunciado formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 13 de febrero de 2020 y por los que se abrió el expediente 0202-2020-04960.
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En la carpeta de investigación y la charla con la víctima, comentó que durante este tiempo fue sometida a presiones de carácter sexual, algunas sutiles, otras más explícitas, y posteriormente a situaciones de índole laboral, como la sobrecarga de trabajo.
Ante los señalamientos, el magistrado Fragozo se limitó a negarlo, pero al ser cuestionado por actos específicos de su conducta, se dijo imposibilitado a hablar, toda vez que se encuentra abierto un expediente judicial, el cual pretende no entorpecer.
Más allá de la denuncia, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado (FGE) fallaron en la atención hacia la víctima, los primeros porque pese a tener conocimiento del caso, la única atención que brindaron fue cambiar a la víctima de la Sala para alejarla de su presunto agresor, y no iniciaron una investigación al respecto.
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Mientras que la FGE decidió cerrar el caso pese a que no desahogó la totalidad de las diligencias, además de hacerlo sin utilizar un protocolo con perspectiva de género, comentó la psicóloga Cristina Nuño Bañuelos, especialista en la atención de víctimas de violencia sexual y familiar.
Foto: Cristian Torres.- Alejandro Isaac Fragoso
AÑO Y MEDIO DE HOSTIGAMIENTO QUE CULMINÓ EN TERAPIA
La secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rosa María Segura, narró a ZETA y a la FGE los episodios de hostigamiento sexual y laboral que sufrió durante año y medio de ejercicio profesional en la Segunda Sala Civil, bajo el mando del magistrado Fragozo López.
La abogada con maestría y 25 años de experiencia profesional en el Poder Judicial, donde ha trabajado en diversos cargos superiores sin un solo conflicto de esa índole, argumentó que desde julio de 2018, cuando el magistrado se integró al máximo tribunal de Baja California, comenzaron las conductas agresivas y groseras hacia el personal.
Sin embargo, su comportamiento no fue un problema hasta que pasaron los días y tuvo su primer saludo formal.
En su narrativa, expone que a finales de julio Fragozo ingresó a su oficina sin tocar la puerta y le comentó con voz fuerte “¿Qué pasó, licenciada?”, mientras le extendía la mano.
“Por lo que yo le contesté el saludo estirándole la mano. Es cuando siento una rascada en la mano, en ese momento me sentí inquieta y no quise pensar que lo había hecho a propósito”, se lee en el expediente judicial en poder de este Semanario.
En un principio ella consideró que pudo tratarse de un accidente, pero a la semana siguiente ocurrió lo mismo, ingresando a su oficina de la misma forma y rascándole la palma de la mano, lo que es una conducta inapropiada y de connotación sexual.
Días después, intentó saludarla de la misma manera, pero en esa ocasión la ofendida puso sus manos en su abdomen y se retiró del lugar respondiéndole a Fragozo solo de manera verbal, pues desde ese momento ya sentía inseguridad ante su presencia.
A la semana siguiente la mandó a llamar y con tono burlesco, le dijo que nadie la quería en el Poder Judicial, “pero mientras yo esté aquí no voy a dejar que Rentería ni Columba te toquen”, recordó la funcionaria, quien se asustó, pero ante la situación no le quedó más que agradecerle.
En las semanas siguientes se presentaron dos llamados a su oficina, en los que Alejandro Isaac Fragozo le dijo que no estaba permitido el uso de pantalón de mezclilla los viernes, lo cual es una tradición -aseguró- desde hace 20 años en el Poder Judicial. Ese apercibimiento, refirió, solo se lo hizo a ella pese a que cinco mujeres laboran a su cargo.
En la segunda reunión le prohibió el uso de escotes impropios en jornadas de trabajo, sin quitarle la mirada del busto. Dicho comentario le causó gran vergüenza.
“No me esperaba ese tema, y menos porque sé que no hay un código de vestimenta para ir a trabajar, por lo que le contesté ‘no me diga eso, magistrado, yo no uso escotes impropios para la oficina’”, y agregó que incluso cuando porta blusas, utiliza alfileres “para que no se abran”.
En entrevista, la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California (Inmujer), Karla Pedrín, consideró que hacer comentarios de vestimenta o de partes del cuerpo representa un tipo de hostigamiento sexual, el cual muchas veces es una conducta invisibilizada y normalizada.
“Me trató como si fuera una cabaretera, muy imperativo y en todo amenazante”, sentenció.
A raíz de esos comentarios y sus conductas beligerantes, la licenciada comenzó a tener miedo de los acercamientos con Fragozo, por lo que conversó con una compañera de trabajo y acordaron buscar una cita con el hoy ex magistrado presidente, Salvador Ortiz Morales, la cual se realizó el 31 de octubre de 2019.
Afirmó que el titular del Tribunal Superior de Justicia le ofreció disculpa a nombre del Poder Judicial, pero dijo estar imposibilitado de apoyarla porque los magistrados son autónomos. Sin embargo, se comprometió a hablar con Alejandro Isaac Fragozo para detener esas conductas.
A raíz de ello, comenzó la hostilidad de índole profesional, exigiéndole más trabajo que al resto de los secretarios, al grado que llegó a manejar 30 casos de manera simultánea, mientras que sus compañeros solo tenían 13.
Para noviembre -a días de la reunión con Ortiz-, en una junta con los otros dos secretarios de Estudio y Cuenta, y encabezada por el propio Fragozo López, este le dijo: “A ti te voy a amordazar esa boca” cuando Segura López le comentó que le entregó siete expedientes, cifra superior a los otros dos compañeros de oficina.
Esa frase fue corroborada en la denuncia por los dos secretarios presentes, pero uno de ellos aseguró que se debió a que Segura no dejaba de hablar.
A su juicio, la conducta más evidente fue un 10 de mayo, cuando Fragozo López le impidió tomarse el Día de las Madres, a diferencia de todas las mujeres con hijos del Poder Judicial.
Ahí se encontraba prácticamente sola con el magistrado, quien la saturó de trabajo pese a que sabía que su familia la esperaba para festejar. Fragozo mantuvo una postura grosera hasta que vio que la hija de Segura González se encontraba en la oficina.
Sin embargo, en un momento que se toparon solos, el magistrado le ofreció un abrazo con motivo de la celebración.
“Me apretó con tanta fuerza que sentí con mi rodilla su parte genital, con una mano me tomó la espalda y con su otra mano tocó la parte de la espalda baja, logrando tocarme las pompis, por lo que yo lo empujo”, describió Rosa María, quien regresó a su oficina y se puso a llorar a puerta cerrada, hasta que un compañero de trabajo ingresó, la observó en ese estado y le ofreció una botella de agua; la ofendida no quiso hablar al respecto.
Los estragos emocionales fueron observados por su esposo y su hija, al grado que padeció insomnio, estrés, ansiedad, cambios agresivos de peso, entre otras cuestiones que se manifestaban con frecuencia fuera de las paredes del Poder Judicial.
La situación agravó tanto su salud que se vio obligada a pedir una licencia sin goce de sueldo por seis meses, para recibir tratamiento psicológico externo y, a raíz de las terapias y charlas con un abogado, decidió denunciar los hechos ante la FGE hace apenas unos meses.
NIEGO CATEGÓRICAMENTE LA ACUSACIÓN: FRAGOZO
El magistrado Alejandro Isaac Fragozo fue entrevistado por ZETA vía telefónica ante su carga de trabajo, y manifestó que por los medios de comunicación se enteró de los señalamientos en su contra. Dos de las personas a su cargo fueron requeridas por la FGE para presentar una declaración sobre los hechos, pero desconocía el estatus de la querella.
Cuestionado respecto a cómo describiría la relación con la ofendida, señaló:
“Tenía una relación profesional, pudiéramos decir fría, en algunos momentos cordiales, pero muy marcada, poca relación tenía. Desconozco los motivos que le orillaron este acto, como no tengo conocimiento del acto, no se qué se me atribuye, niego cualquier tipo de conducta, tengo 25 años en la carrera judicial, jamás he tenido un problema de este tipo”.
Fragozo López declaró que la única diferencia que tuvo con Segura González, se debió a la carga de trabajo, la cual repartía con base en la complejidad del caso y no por el número de estos. Es decir, a veces entregaba dos a una persona y cuatro o cinco a otra, pero esos dos eran mucho más difíciles.
Al ser cuestionado por los tocamientos o los saludos lascivos, el magistrado de la Segunda Sala dijo que no entraría en detalles, toda vez que no desea entorpecer la investigación judicial.
“No quiero obstruir ni realizar una declaración que afecte la investigación, si alguien conoce las cuestiones de género soy yo. Estuve como titular de perspectiva de género del tribunal, conozco perfectamente y niego rotundamente este tema; no quisiera obstruir la investigación”, refirió el juez superior, quien asegura, ha tenido subordinadas del género femenino con anterioridad.
FGE Y PJ, SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO
Tanto el Poder Judicial como la FGE cometieron severas omisiones para atender el caso, pues el primero ignoró lo que ocurría y se limitó a cambiar la adscripción de la ofendida para que no tuviera contacto con el presunto agresor.
El magistrado presidente Jorge Ignacio Pérez Castañeda dijo tener conocimiento del caso de manera formal desde que asumió el cargo, pero no se cuenta con un expediente o proceso administrativo, por lo que invitó a la víctima a interponerlo en caso de considerarlo.
El expediente ya fue archivado por la FGE, pero hubo una impugnación ante un Juez de Control, la cual permanece detenida por la pandemia ocasionada por la COVID-19, al igual que más de 100 casos en espera.
La directora de Inmujer, Karla Pedrín, consideró que el Estado en general tiene una deuda con la atención a las denuncias por acoso y hostigamiento por razón de género, puesto que, aunque existen protocolos a nivel nacional, muchas instituciones no lo han emprendido como una verdadera política.
A su juicio, una denuncia ante la FGE por parte de una trabajadora de gobierno, bastaría para iniciar una investigación de oficio de carácter administrativo, y no esperar hasta que hubiera otro recurso.
Según Pedrín, no se trata de emprender una cacería de brujas hacia los hombres, pero en los códigos de ética y sanciones o apercibimientos internos existe una herramienta que puede explotarse para modificar conductas machistas, por encima de lo que pueda comprobarse o sentenciarse en el ámbito legal.
Por su parte, Pérez Castañeda afirmó que -hasta donde tiene conocimiento- no existen otros casos de esta índole, pero sí cuentan con una comisión de género dentro del Poder Judicial.
No obstante, la FGE cometió errores más severos que resultan más determinantes en el caso, como el hecho que una psicóloga de nombre Nahomi León fue la primera en atenderla, y al ver su situación, le recomendó -además del tratamiento que ya llevaba- una serie de terapias en la misma FGE, pero estas fueron suspendidas por la pandemia.
Al reactivar labores tuvo entrevistas con el perito Manuel González Millán y el psicólogo Damián Gómez Origel, de la FGE. Posteriormente se citó a Francisco Castro Muñoz y Emma Haydee Vargas de la Cruz, compañeros de trabajo de la víctima, y la conclusión fue que Rosa María Segura González no tenía afectaciones que acreditaran agresión sexual.
El psicólogo Gómez Origel aseveró que la ofendida mantenía tendencias de dramatizar conductas y victimizarse, además de -salvo por el enrojecimiento de los ojos durante una entrevista- no encontrar evidencias de daño emocional, pues incluso se atrevía a confrontar a su agresor verbalmente. El texto también refiere que los exámenes psicológicos realizados establecen que estos evidenciaban manipulación, por lo que debían descartarse.
Con estas conclusiones, la FGE archivó el expediente, al considerar que no había evidencia que pudiera establecer un delito y que la víctima enfatizaba los conflictos laborales por encima de los sexuales.
A raíz de esto, el 15 de junio la defensa de la ofendida interpuso un recurso de revisión ante un Juez de Control de Garantías, argumentando que el Ministerio Público no agotó las diligencias, pues solo entrevistó a dos empleados del Poder Judicial, ambos subordinados de Fragozo López, y las pruebas psicológicas. Sin embargo, no incluyó entrevistas a la psicóloga particular que la atendió, ni de otros familiares, compañeros de trabajo y amigos que atestiguaron otros hechos.
Cristina Nuño Bañuelos, psicóloga especializada en temas de violencia de género, analizó las conclusiones a las que llegó el Ministerio Público y coincidió que no se aplicaron los protocolos para este tipo de casos.
Para empezar, aclaró que las conductas sexuales se atienden de manera diferente en un escenario de trabajo, ya que los agresores cometen estos actos cuando nadie los ve, por lo que solo citar a dos empleados de la institución que dependen directamente del presunto victimario, ya representa una desventaja para la víctima.
A su juicio, los verdaderos testimonios se recaban fuera del sitio de trabajo y confirman afectaciones en la víctima. Es decir, si las consecuencias del acoso generaron llanto, insomnio, ansiedad y otro tipo de cuestiones, pueden constatarse fuera del círculo laboral, máxime porque el mismo mecanismo de defensa ayuda -a través del estado de alerta o estrés- a sobrellevar el contacto con el agresor, pero cuando pasa el estrés del momento, la víctima adolece los traumas o afectaciones emocionales.
Refirió que obtener un diagnóstico con las evaluaciones debe ser algo trascendental, pero si las pruebas fueron “manipuladas”, existen otros medios para hacerse de evidencia, como entrevistar a familiares y amigos que constaten los dichos.
Por otro lado, consideró un error no llamar a la psicóloga externa que atendió a Rosa María para saber qué tipo de evaluaciones le hizo y cómo la ayudó por medio de la terapia, toda vez que fue la primera en atenderla, cuando la afectación era reciente. Estos dos elementos incluso pudieron generar cambios en sus respuestas en los exámenes efectuados por peritos de la FGE, y con ello arrojar posibles tendencias de manipulación que pueden invalidarlos, tal y como ocurrió en el dictamen.
Respecto a que la víctima priorizó en entrevista el hostigamiento laboral, indicó que es perfectamente normal, máxime porque las últimas agresiones fueron laborales, no sexuales, por lo que son más recientes y muy probablemente la terapia focalizó subsanar lo segundo, pero lo primero sigue siendo una injusticia no tratada por la víctima.
Nuño Bañuelos aseveró que aunque las pruebas psicológicas no arrojen una afectación psicológica, no quiere decir que esta no ocurra, “que porque no nos afecte a ese grado, no haya hostigamiento sexual. Si me llega a pasar ahorita algo, a lo mejor no me va a pegar igual, no significa que esa persona no cometió ese delito o si alguien me da una nalgada, pero si no me da trastornos de sueño ni ansiedad, no significa que no es un delito, pero sí lo manejan a un grado de afectación”, ejemplificó, para posteriormente plantear:
“¿Qué harán las mujeres que generalmente reciben hostigamiento sexual, como no afecta, no pasa nada?”.
