Señalamientos de Emilio Lozoya contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, podría involucrar a otros ex funcionarios. También se indagan posibles actos de corrupción del ex mandatario Felipe Calderón. En una nueva carpeta de investigación se indaga el presunto financiamiento de la campaña presidencial en 2012, el soborno a legisladores para conseguir el voto de las reformas estructurales en 2013-2014 y las ventajas millonarias a la empresa Etileno 21 en tiempos de Calderón. A abogado penalista le extraña que se abriera nueva indagatoria y no se tomaran las imputaciones de Lozoya como una declaración en las averiguaciones abiertas
Una nueva denuncia por presuntos hechos delictivos que ya estaban asentados en una carpeta de investigación judicializada, es el as bajo la manga que presenta el Estado mexicano para implicar al ex mandatario nacional Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en asuntos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht y sobornos a legisladores para materializar las reformas estructuradas de 2013 y 2014.
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El denunciante es el ex director de Petróleos Mexicano (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien como procesado en dos causas penales y testigo colaborador, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) formal denuncia en contra de los referidos personajes como los responsables de ordenar los delitos que a él le son imputados. Además, implicó al ex Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como probable autor de actos de corrupción hacia la empresa Etileno 21.
De una forma extravagante, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ventiló el asunto a través de un video, en el que informó de la denuncia de Lozoya y versa sobre tres casos, todos ligados a la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, desde que el ex titular de Pemex fue extraditado el 17 de julio y supuestamente hospitalizado, nadie le ha visto el rostro. Ni en el aeropuerto, ni en el hospital, ni en la FGR, mucho menos en los Juzgados de Control.
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Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro.com.- Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray
Gertz Manero reveló que el martes 11 de agosto, Emilio Ricardo presentó su denuncia, sin explicar si lo hizo en forma digital o presencial. Lozoya habría dicho que en su momento Peña Nieto y Videgaray, le ordenaron repartir fuertes sumas de dinero -producto de sobornos de la gigante sudamericana- a diversos asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña presidencial de 2012.
Al respecto, el fiscal general señaló: “En el caso de Odebrecht, este individuo (Lozoya) está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de la República, y el que después fue Presidente (Peña) y el que fue su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas que este individuo, que está presentando la denuncia. Señala fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Esto es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio, y de Emilio para esos asesores, para esa campaña electoral de acuerdo con lo que está señalando”.
En un segundo caso, el fiscal añadió: “Después viene otro tema que es la compra de votos para las reformas estructurales 2013-2014. En ese caso específico se habla de 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran (entregados) a un diputado y cinco senadores, que él señala los nombres, que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes”.
Sin embargo, esos nombres ya han sido filtrados a la prensa y publicados en medios nacionales. Se trataría del ex diputado federal y a la postre ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, y los senadores Ernesto Cordero, Salvador Vega, Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle, algunos de los cuales actualmente son gobernadores de distintas entidades federativas.
En un tercer asunto se está involucrando al ex Presidente Calderón, “y también existe otra parte que habla de Etileno 21, que eso fue durante la administración anterior (a la de Peña Nieto). Y en ese caso específico, él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht, y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos, en los que el Gobierno Federal tuvo pérdidas muy graves”.
Etileno 21 es una planta procesadora de gas etano que se transforma en plásticos de uso cotidiano. La concretó Odebrecht a través de una filial que es Braskem y el acuerdo lo firmó Felipe Calderón Hinojosa siendo Presidente de México, junto con Luiz Inácio Lula da Silva, su homólogo brasileño en ese momento. Lula era uno de los gestores o impulsores de los proyectos de Odebrecht en México, según se desprende de un expediente en el país sudamericano en el cual Calderón aparece como uno de los posibles integrantes de la red de tráfico de influencias.
De acuerdo con investigaciones periodísticas realizadas por Raúl Olmos, autor del libro “Gigante de lodo”, “cuando llega Enrique Peña Nieto se refrenda este contrato de etano a Odebrecht y lo hace en condiciones ventajosas para esa empresa y dañinas para México, para todos los contribuyentes, porque resulta que el etano se lo surte Pemex a un costo que equivale a una tercera parte del costo real de producción. Es decir, le estamos subsidiando la producción a Odebrecht y por lo tanto las ganancias multimillonarias que genera esta planta”, aseguraría en entrevista concedida a ZETA en diciembre de 2018. Las ventas anuales de Etileno 21 superaban los mil millones de dólares.
Sobre la denuncia de Lozoya, Alejandro Gertz afirmó: “En todos estos casos, el sistema que él señala que se usaron, fue que estas dos personas (Peña y Videgaray)” le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos, a varios legisladores, “los cuales son semejantes los nombres de los anteriores y a un secretario de Finanzas de un partido político”. Después le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos a Emilio para dirigirlos a la reforma electoral, a través de un enlace y dos empresas privadas.
El ex titular de Pemex pretende probar su dicho con el ofrecimiento de cuatro testigos, la entrega de unos recibos y un video, con los cuales la FGR ya abrió una carpeta de investigación y realizará diligencias, como la ratificación de la denuncia, la presencia de los testigos, el análisis pericial de los recibos y del video, “y en caso que sea procedente, a las personas que él imputa las llamaremos a declarar”, remató el fiscal general.
Del caso de la compra de la empresa Agro Nitrogenados no se mencionó nada.
El diario El Norte, con sede en Monterrey, Nuevo León, publicó que Emilio Lozoya también apunta hacia el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, pues se asegura que el ex titular de la petrolera mexicana estaría dispuesto a declarar de supuestas maniobras de Salinas para influir en la asignación de contratos de la paraestatal. A través de uno de sus hijos, el ex mandatario habría pretendido recomendarle a Lozoya la adjudicación de convenios con algunas empresas.
Seis personas, entre ellas algunas subordinadas a Emilio Lozoya, negocian criterios de oportunidad ante la FGR para colaborar en las investigaciones de corrupción a cambio de no ser acusados penalmente ante la justicia. Presuntamente se trata de las personas que se encargaron de administrar y repartir las sumas millonarias junto con su superior. Se sabe que el posible arreglo lleva varios meses de adelanto, mientras Lozoya estaba detenido en España.
El miércoles 12 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que todos los involucrados en la denuncia que Lozoya hizo un día anterior, deben declarar: “Lo que debe de quedar claro, es que esta denuncia que presenta el señor Lozoya, y dio a conocer el fiscal Alejandro Gertz Manero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos ex presidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tienen que declarar el ex Presidente Calderón, el ex Presidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados. Bueno, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tienen que declarar”.
Se dijo interesado en conocer el video que Lozoya entregó como prueba, “porque el que acusa tiene que probar”, y aclaró que su postura de decidir mediante una consulta popular si los ex presidentes deben ser juzgados, es mera postura política, pues la FGR es la instancia encargada de perseguir los delitos.
Al respecto, la bancada del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente amaneció ese día 12 con la propuesta de que la consulta popular para castigar a los ex presidentes sea empatada con la elección intermedia del 6 de junio de 2021. Así lo planteó el vicecoordinador de los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña: “Queremos preguntarle al pueblo de México si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal contra los ex presidentes de la República, de Salinas a Peña, pasando por el usurpador de Calderón, se vayan a la cárcel y regresen lo robado. Esa es la pregunta que se le va a hacer al pueblo de México”.
Para tal efecto, se reunirán las firmas de legisladores y se hará la solicitud al Instituto Nacional Electoral, pues de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere del 33% de las firmas de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión.
En una reunión virtual posterior con miembros del Colegio de México, durante el Seminario sobre Violencia y Paz moderado por el investigador académico Sergio Aguayo, el fiscal Alejandro Gertz Manero expresó que a Emilio Lozoya “no le estamos ayudando, estamos ayudando a la justicia”, al responder una pregunta sobre todas las facilidades que se han dado al ex funcionario federal para que no pise la cárcel y enfrente los procesos penales en libertad con monitoreo electrónico.
De acuerdo con Gertz, el ex director de Pemex hizo una buena oferta de cooperación en busca de acogerse al llamado criterio de oportunidad, “trae un aparato en la pierna que lo estamos monitoreando a tiempo real, se le han asegurado bienes en México y se han decomisado otros bienes en Europa, que en su conjunto representan buena parte de la reparación de daño imputado”.
También descartó que los delitos electorales imputados a Lozoya Austin, como los que se le puedan achacar a Peña Nieto y al ex secretario Videgaray Caso, no han prescrito, como se ha asegurado. Sin embargo, fue por dato de la propia Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales que el 3 de julio de 2019 se emitió un acuerdo referente a que los delitos denunciados en la averiguación previa correspondiente a los hechos de la campaña presidencial de 2012 prescribieron el 2 de abril de 2017, unos meses antes que diera inicio dicha indagatoria.
Al abogado postulante y asesor mediático en temas jurídicos, maestro Jorge Huerta Partida, le resulta extraño que los dichos de Emilio Lozoya Austin fuesen emitidos en forma de denuncia y no como una declaración relacionada en la averiguación previa iniciada por el caso Odebrecht, que sería lo usual, “y más tratándose de un testigo colaborador, como se nos ha dicho que ahora funge”.
Y puntualizó: “Lo que pretende la fiscalía es iniciar una carpeta de investigación nueva, porque es obvio que el asunto se ha politizado y va más allá de lo técnico-jurídico penal. También no desea mezclar algunos hechos que probablemente sean constitutivos de delito, diferentes al caso del financiamiento en campaña electoral dentro de una averiguación que tal vez ya prescribió, según lo que se ha dicho al respecto”.
