Muchos gobiernos en el país aprovecharon la situación del coronavirus para dejar de cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y el gobernador Jaime Bonilla Valdez no fue la excepción.
Desde que inició la etapa crítica de la pandemia -el 30 de marzo-, el Gobierno del Estado de Baja California dejó de cumplir con su responsabilidad expresada en el Artículo Sexto de la Constitución Mexicana, y lo peor es que gran parte de esta opacidad es responsabilidad del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), que ha dejado de garantizar un derecho humano para quedar bien con los entes de gobierno. Sin embargo, esto podría terminar en próximos días.
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Y es que el 30 de abril, el despacho De la Peña-Rivera en Baja California, recibió una respuesta por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juzgados Federales del Estado de Baja California, que consideró como un caso de urgente resolución la demanda de amparo 297/2020-II, originada a través de una solicitud de acceso a la información.
El documento en poder de CachanillaZ establece que el despacho exigió a la Presidencia de la República, a la oficina del Gobernador de Baja California, a instituciones como UNEME, ITAIP, Insabi, IMSS, Issstecali ISSSTE y las secretarías de Salud, toda la información relativa a los datos alusivos a COVID-19, como pruebas, enfermos, camillas, respiradores, entre otras cuestiones; bajo el argumento de que se viola un derecho fundamental y que el desconocimiento de dichos datos pone en riesgo su vida.
El tema, ya es trascendente debido a que el Juzgado lo consideró de acceso a la información pública, es un derecho humano, lo que abriría una puerta a través de los Juzgados para obligar a los gobiernos a no recurrir a la pandemia como un ejercicio de opacidad.
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“Cabe precisar que tal calificación parte de un análisis de los derechos humanos en juego, la trascendencia en su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de conclusión de la contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso”, refiere el documento.
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Aunado a ello, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) estableció una serie de mecanismos y recomendaciones para todos los órganos garantes estatales, a fin de que avalen el acceso a la información pública. Destaca la instalación de un micro sitio para que se recojan las solicitudes que representen una duda generalizada y buscar responderlas para disipar dudas de la sociedad.
Además, en el apartado 2 establece que los órganos garantes deben “promover entre los Sujetos Obligados, la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio del gasto público relacionado con las estrategias de prevención, atención a la salud, adquisiciones y compras, financiamiento, programas y apoyos económicos, etc. que se deriven de la atención de la emergencia sanitaria, exhortando a su publicación y difusión en el menor tiempo posible y, preferentemente, a través del micro sitio de transparencia proactiva y herramientas tecnológicas con información generada sobre la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19”.
De igual forma, refiere que los consejos de transparencia continúen sesionando a través de plataformas digitales y atiendan las dudas relacionadas al coronavirus. Sin embargo, los consejeros Lucía Ariana Miranda, Cinthya Denisse Gómez Castañeda y Jesús Alberto Sandoval Franco, optaron por prácticamente “paralizar” sus funciones y no han emitido sentencias desde el 25 de febrero, ni sesionado desde el 17 de marzo, cuando se llevó a cabo una sesión extraordinaria.
El autor de esta columna se comunicó con el ITAIP, siendo atendido por un funcionario que advirtió, todas las solicitudes y denuncias serán atendidas hasta el mes de junio, cuando culmine el periodo de la pandemia. También comentó que se solicita a los sujetos obligados que respondan ante la Plataforma Nacional de Transparencia la información de oficio, pero ninguna institución estatal ha hecho lo propio.
Entre la opacidad del gobierno y un ITAIP cobarde que no le interesa garantizar el derecho a la información, tal parece que los ciudadanos tendrán que pelear por sus derechos, hasta los más elementales.
