Detención de Rosario Robles Berlanga abre posibilidad de ver a altos ex funcionarios en prisión. La ex titular de Sedesol y Sedatu fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y desvío de recursos por más de 5 mil millones de pesos. La ASF notificó desde 2014 las anomalías a la imputada, sin que hiciera algo para impedir los delitos y UIF analiza 151 acciones de seguimiento adicionales a las tomadas en cuenta en la denuncia inicial del caso de “La Estafa Maestra”. AMLO asegura que no se fabrican delitos ni culpables en el combate a la corrupción
De manera similar al sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, con Andrés Manuel López Obrador la administración inicia en el presunto combate contra la corrupción con la detención de una mujer.
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Hace seis años la captura de la lideresa del magisterio Elba Esther Gordillo marcaba el banderazo en la lucha contra la delincuencia política. Hoy, el “quinazo” encontró en la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, al personaje encarcelable.
Estupefacción, palidez y llanto acompañaron en la despedida de su libertad a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, imputada por el desvío de más de 5 mil millones de pesos en el caso conocido públicamente como “La Estafa Maestra”, por el que fue vinculada a proceso por los delitos de desvío de recursos y ejercicio indebido de servicio público en un Juzgado Penal de Control de la Ciudad de México.
Quizá había y hay otros candidatos para ser puestos en prisión por actos de corrupción y delitos relacionados con el desvío y apoderamiento de recursos financieros del erario público, pero la ex regente capitalina fue la más desprotegida y la que decidió comparecer y afrontar la tormenta que se avecinaba. Sus abogados le aseguraron que no sucedería nada y, luego de presentarse ante el Juzgado, regresaría a casa, lo cual no ocurrió.
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Robles se presentó ante el Juez de Control adscrito al Reclusorio Preventivo Sur el jueves 8 de agosto, a pesar que un día antes le habían negado la suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo. Sabía que un grupo de agentes del Ministerio Público Federal le tendrían decenas de fojas de una carpeta de investigación para imputarla. La ex funcionaria no tuvo miedo. Su defensa le informó que el delito por el que podrían procesarla no amerita prisión preventiva oficiosa y que continuaría enfrentando la causa penal en libertad.
La cobertura mediática fue copiosa. La mujer dijo estar tranquila y así se le veía, hasta sonriente y confiada. La diligencia se desarrolló en la Sala Uno del Centro de Justicia Penal Federal. La comparecencia se prolongó durante varias horas al decretarse un receso. La Fiscalía General de la República (FGR) imputó daños por más de 5 mil millones de pesos a Rosario, que además de la Sedesol, tituló la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El Ministerio Público federal consideró que Robles fue omisa en la operación de desvíos que llevaron a cabo sus subordinados en ambas secretarías en la llamada “Estafa Maestra”, ilícito en el que participaron servidores públicos de por lo menos once dependencias y ocho universidades públicas del país. En la audiencia de imputación, se reveló que tres de sus ex subordinados informaron a Robles la existencia de las irregularidades “y no hizo nada por impedirlo”.
Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com.- Del juzgado fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.
Según la carpeta de investigación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó a Robles Berlanga las anomalías en la firma de convenios fraudulentos entre los años 2014 y 2018, sin que diera una orden para impedirlos ni informar a sus superiores. Aunque al final de su comparecencia la imputada afirmó que el ex Presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de lo reportado, el Juzgado dio nueva fecha para resolver la situación jurídica de la señora para el lunes 12 de agosto, dentro del término constitucional ampliado a 144 horas.
PRISIÓN PREVENTIVA
Y si la audiencia inicial duró casi diez horas, la de vinculación fue aún más extenuante.
Robles llegó a la diligencia programada a las 6:00 pm con la incertidumbre del panorama pintado en el ambiente judicial y en los medios de comunicación, que podría ser la exhibición de una garantía económica para continuar en libertad, la entrega de su pasaporte para garantizar que no saldría del país, acudir a firmar al centro de justicia o hasta prisión preventiva justificada, en el peor de los escenarios.
Elegantemente vestida llegó a su cita, nuevamente en la Sala Uno del Centro de Justicia Penal Federal, entaconada y maquillada. Al paso del tiempo, nadie en el recinto se dio cuenta a qué hora se acabó la luz natural en el exterior y la diligencia se prolongó hasta por once horas. Llegado el momento, el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dictó auto de vinculación a proceso por los delitos antes reseñados por el caso de “La Estafa Maestra”.
La vinculación estaba en el presupuesto de la defensa y la ahora procesada, pero donde vino la sorpresa fue al momento de la solicitud de medidas cautelares por parte del fiscal, quien solicitó prisión preventiva justificada ante el riesgo de que la ex funcionaria pudiese sustraerse de la acción de la justicia. El impartidor de justicia otorgó la medida al Ministerio Público federal y ordenó internar a la imputada en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, además de fijar dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
El juzgador argumentó que los delitos se cometieron en momentos diferentes, afectando dos patrimonios diversos. De Sedesol, del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015; y de Sedatu, del 27 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018. Se destacó que el riesgo patrimonial se registró a través de los siguientes actos:
- Se realizaron contrataciones con entes públicos de las entidades federativos con la intención de evitar la participación en licitaciones y poder realizar las adjudicaciones de forma directa.
- No se verificó que los entes cumplieran con los requisitos y capacidad técnica para ejecutar los servicios pactados en los convenios.
- Se permitió la subcontratación por un porcentaje mayor al 49% pese a estar prohibido por la Ley.
- Los servicios convenidos no se prestaron en algunos casos.
- La presunción que los recursos no se utilizaron para los fines de los convenios, sino que fueron dispersados.
- No se actuó con honradez en el manejo de los recursos y no cumplió con los objetivos de los convenios.
- Daño al patrimonio no quedó en una posibilidad, sino que fue documentado posteriormente por la ASF y ha sido calculado por un experto en materia de contabilidad de la fiscalía en $5,073’358,846.25.
Robles Berlanga enmudeció y volteó a ver a sus abogados, pero después, en uso de la voz, con llanto en su rostro solicitó al juez le permitiese continuar en libertad durante los dos meses de la investigación. El fiscal argumentó que parte del riesgo de que la mujer pudiese huir estribaba en la propia pena de los delitos que podría alcanzar hasta 23 años de prisión y que el multimillonario monto del daño era impagable para Rosario y varias generaciones más de su familia.
En su resolución, el juez Felipe de Jesús Delgadillo asentó a manera de vista: “Por lo expuesto en audiencia, se requirió a la fiscalía federal, con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, por las mismas omisiones imputadas”.
Las pruebas de Robles no le fueron suficiente.
Al final, abordado por medios de comunicación, Alejandro Olea, uno de los defensores de Robles, aseguró que el equipo legal cuenta con los recursos necesarios para demostrar la inocencia de su clienta, a la que calificó como una presa política. Agregó que la FGR no tuvo la capacidad jurídica y moral para dar validez a las pruebas presentadas.
En tanto, Rosario Robles fue trasladada -en un discreto operativo- a bordo de una camioneta de la Policía Federal hasta el penal de Santa Martha Acatitla, considerado de mediana seguridad en la Capital del país. Ahí se informó que ex secretaria de Estado fue ubicada en el área de Ingreso, una zona de acceso controlado, donde contará con monitoreo de vista las 24 horas del día por personal femenino de seguridad y custodia, así como cámara de vigilancia. Presuntamente recibirá el mismo trato que las demás personas privadas de su libertad.
APENAS EL COMIENZO
La llamada “Estafa Maestra” no concluye con el encarcelamiento de la ex titular de Sedesol y Sedatu. Apenas inicia y podría encontrarse en su camino con personajes que inicialmente no se tenían contemplados en la investigación, aunque muchos escépticos no creen que se llegue hasta la caída de ex funcionarios de mayor talla política.
A decir de la defensa de Rosario Robles, el ex Presidente Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades detectadas en las contrataciones tras las auditorías aplicadas en las dependencias antes mencionadas. La mujer lo detalló como parte de los datos de prueba ofrecidos para demostrar su inocencia en el asunto. Ahí se escuchó que también José Antonio Meade, quien la relevó en el cargo en Sedesol, conoció de las anomalías que ahora son enjuiciadas.
Luego de vincular a proceso a Robles Berlanga, el juez federal sugirió a la FGR investigar si Peña Nieto y otros ex funcionarios están involucrados en el caso. Aunque no dejó de ser solo eso, una sugerencia que ayudaría a esclarecer el grado de responsabilidad que la imputada tiene, o no, en el proceso penal.
Apenas pasadas las primeras horas del veredicto del juzgador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que prepara la posible presentación de una nueva denuncia contra Robles Berlanga, al detectarse 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF, relacionados con “La Estafa Maestra”.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, declaró que la captura y vinculación a proceso de Rosario representa un avance en el combate a la corrupción. Sobre el proceso de análisis de los convenios sospechosos que llevaron al congelamiento de las cuentas bancarias de Robles y algunos de sus subalternos, Nieto dijo que representan un monto superior a 800 millones de pesos, por lo que ya se solicitó apoyo a otros países para detectar posibles movimientos financieros irregulares, tanto de la ex funcionaria como de siete de sus principales colaboradores.
Por su parte, la ASF revisa 151 acciones en seguimiento de las registradas cuando Rosario Robles estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu, correspondiendo siete de ellas a la subcontratación de servicios por parte de instituciones de educación pública que colaboraron con las dependencias en un esquema de desvío de recursos. Los casos pendientes incluyen a la Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Intercultural del Estado de México y Universidad Politécnica de Chiapas.
El auditor superior de la Federación, David Colmenares, informó que en su gestión ha presentado diez denuncias relacionadas con “La Estafa Maestra” y buscan ampliar el caso con la revisión de la cuenta pública de 2018. Expuso que por el momento no puede dar detalles de qué o a quiénes se investiga porque solo se presentaron dictámenes técnicos y a los presuntos responsables a la FGR.
SIN REVANCHA
El mismo martes 13 de agosto, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el asunto está en manos de la FGR y del Poder Judicial, sin que él, como titular del Ejecutivo federal, tenga intervención directa. “El proceso está abierto, hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, pero no es un asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilatos, ¿verdad?, yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho”.
Respecto de una posible investigación a Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda y de Sedesol, José Antonio Meade, a quienes Rosario Robles asegura haber informado sobre las irregularidades en el caso, el primer mandatario dijo que también habrá que esperar y respetar la autonomía de la Fiscalía.
El mismo día, los ex secretarios de Hacienda, Meade Kuribreña y José Antonio González Anaya, fueron captados saliendo de Palacio Nacional. Periodistas se enteraron que ambos acudieron a un desayuno con el actual titular de la SHCP, Arturo Herrera, sin que trascendieran los temas que ahí se trataron. Al ser abordado, no dio detalles de la presencia de Meade, solo aclaró que fue un diálogo entre ellos. Más tarde, el propio funcionario aceptó que mantuvo un encuentro informal con sus antecesores para intercambiar experiencias sobre la función hacendaria.
El 14 de agosto, reporteros preguntaron sobre la misteriosa reunión a López Obrador en su conferencia mañanera. El mandatario respondió que los funcionarios públicos tienen libertad de actuación y, por tanto, no hay necesidad de estar vigilándolos. “Les tenemos confianza, después de que se dio a conocer ese encuentro me envió una nota Arturo Herrera, explicándome que se había reunido en otras ocasiones con ex secretarios de Hacienda, con subsecretarios de Hacienda, pues es un asunto también de gremio que suele darse”, enfatizó el tabasqueño.
Cuestionado si en el caso de Rosario Robles existe alguna consigna, el Presidente negó tajantemente que se fabriquen pruebas en contra de la ex regente capitalina: “Tengan la seguridad que no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y también no soy tapadera, o sea, es el justo medio, o sea, así como no voy a permitir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad; voy a actuar con rectitud. Tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actúe de manera facciosa”.
Por su parte, líderes de partidos políticos solicitan que la investigación por el proceso penal de “La Estafa Maestra” llegue a investigar al ex Presidente Enrique Peña Nieto.
Jorge Álvarez, secretario general de Movimiento Ciudadano, considera que la FGR ha dado buenas señales de querer terminar con la corrupción, pero falta que se llegue a lo más alto de la escalera. En tanto, Fernando Belaunzarán, miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución democrática, exigió que se haga justicia y no solo se trate de una revancha por los videoescándalos en que se vieron involucrados funcionarios de López Obrador en 2004.
Además de Rosario Robles Berlanga, el gobierno de la nación mantiene investigaciones en contra de ex colaboradores del sexenio anterior, como el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex); Emilio Lozoya Austin (prófugo en Alemania); el abogado particular Juan Ramón Collado Mocelo (encarcelado); Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía; el General Eduardo de León Trauwitz, ex jefe de seguridad de Pemex; y Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía, entre otros, por delitos como lavado de dinero y desvío de recursos públicos, derivados de casos de corrupción.
