Ciudadano denuncia sistema corrupto


 
Ezenario BCS martes, 9 abril, 2019 01:00 PM

“Todo fue confabulado entre su esposa, el dueño del centro de rehabilitación y cuatro más que ayudaron a subirlo a la camioneta y encerrarlo en el cuarto de castigo, además de torturarlo de diversas maneras para hacer que la víctima perdiera la esperanza, y así que este entregara su patrimonio”, indicó una fuente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Falta poco más de un mes para que se cumplan dos años, desde que Víctor Peralta Gómez fuera “privado de su libertad”, fue levantado desde su domicilio en Ciudad Constitución durante la madrugada del 28 de mayo de 2017. En paños menores fue sacado desde la cama y una vez sometido fue llevado hasta un cuarto de castigo en el Centro de Rehabilitación de Ciudad Constitución, que actualmente luce cerrado por violar los derechos de los internos.

Desde ese momento, el señor Víctor Peralta Gómez pasó los peores momentos en su vida. Sus captores lo mantuvieron encerrado en un centro de rehabilitación, a base de tortura física y psicológica estuvo por más de 5 días, allí pasó abusos y tortura; la mala alimentación, descompensado y constantes humillaciones no fueron suficientes para quebrar su ánimo, incluso dice el afectado, le intentaron meter un coctel de diversas drogas para justificar su encierro en el centro, todo ideado por su esposa Virginia “N” y otros de sus colaboradores.

“Dice el afectado, y así está establecido en la investigación, que la intención era principalmente por órdenes de su esposa, despojarlo de sus bienes inmuebles y dejarlo en la calle, por ello fue presuntamente obligado a firmar en favor de quien ordenó su captura, en el expediente habla de un Notario, el cual está bajo investigación”, agregó la fuente de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC).

Todo es culpa del sistema y de los malos servidores públicos, bastó un año y nueve meses para que el “Nuevo” Sistema de Justicia Penal Acusatorio lograra judicializar su caso, algo le olió mal a la víctima, quien tuvo que dejar a su abogado de oficio y recaer en manos de Cuauhtémoc Gutiérrez, su actual asesor jurídico.

“Parece que hay un tema para que Víctor desista, porque han abusado de artificios legales, desde los ministerios públicos hasta los jueces han puesto pretextos. Nada más 7 audiencias suspendidas, es algo histórico”, expresó el abogado de Víctor.

El expediente: CST/651/2017, en el que Peralta relató los hechos, pareciera que a nadie le importó, incluso la víctima fue tratado como victimario, y los 6 involucrados, nadie se acordó de ellos.

Empezando por la Jueza del Sistema Penal Acusatorio, Esmeralda Betzabeth León Bustamante, sin justificación alguna suspendió audiencia tras audiencia, dando plena impunidad a los captores, su esposa, el dueño del Centro de Rehabilitación y de 4 presuntos secuestradores, que al final de cuentas, el delito fue tipificado con menor gravedad en “privación ilegal de la libertad” y no secuestro, como debió ser.

Según el Código Penal para el Estado de Baja California Sur en su Título XIII de Delitos contra la Libertad Personal, el Capítulo I, “Privación Ilegal de la Libertad” su Artículo 277 dice que: “La pena aplicable será de uno a ocho años de prisión y multa hasta por doscientos días de salario, cuando la privación de la libertad exceda de tres días o concurra alguna de las circunstancias siguientes: I.- Se utilice violencia física o moral; II.- La víctima sea menor de dieciséis años de edad o discapacitada mental; y III.- Se allane el domicilio de la víctima o se le detenga en paraje solitario”.

Queda claro que a alguien quisieron proteger, ya que don Víctor pasó cinco días privado de la libertad contra su voluntad, además de que violaron sus derechos y sufrió violencia física, verbal y psicológica.

Pero cuando las cosas ya estaban claras, hubo “una piedrita en el zapato” más, ahora Claudia Elena Rosales Ortiz, coordinadora administrativa de Juzgados quien hizo hasta lo imposible para retener el caso y causar que la víctima desistiera, pero el comerciante afectado no iba a dejar que se salieran con la suya.

“Hay muchas irregularidades en el caso, de Ciudad Constitución, me mandan a Loreto, todo porque la juez primero suspende siete veces la audiencia inicial usando pretextos, y cuando mi asesor jurídico interpuso un recurso para que ella ya no viera el tema, fue que la coordinadora administrativa de los juzgados nos envía para Loreto”, dijo Víctor Peralta.

Una vez su caso en Loreto, ZETA pudo entablar una plática con personal de Loreto y la respuesta fue: “ese expediente ya está para judicializarse, no sé porque no se hizo desde el inicio, están todas las pruebas”, después de ello la PGJE dictó medidas cautelares contra de Enrique “N”, como responsable material de la privación con la autorización de Virginia “N” esposa de la víctima.

Además, se olvidaron de los otros cuatro que, según el Artículo 35 del Código Penal del Estado, “Son responsables del delito cometido: I.- Los autores intelectuales; II.- Los autores materiales; y III.- Los cómplices”.

Tras el atropello a sus derechos humanos, dijo que “eran seis encapuchados amarrándome en la cama, de ahí me sacaron de la casa en pura trusa, amarrado”, pero el peso que le han aplicado servidores públicos para encontrar algo malo, le aplicaron exámenes psicológicos, físicos, incluso toxicológicos para tratar de declarar incompetente a la víctima.

“El Ministerio Público me dijo que, para proseguir con la demanda, tenía yo que hacerme unos exámenes sin moverme de con ellos, entonces acepté. Mandaron decir que como se había escusado a la Juez, de venganza nos iban a mandar a Loreto, otra ciudad para que yo ya no pudiera ir, como no tengo cómo moverme. Entonces ya con eso, me hacían que al ya no poder ir ya perdía yo si no iba”, dijo la víctima.

Don Víctor cree que las instituciones están tratando de proteger a criminales, incluso ministerios públicos y jueces, porque ya dio aviso al gobernador Carlos Mendoza, al procurador Daniel de la Rosa Anaya y al presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Gallo Rodríguez.

Lamentablemente, entre las personas involucradas, hay parientes de servidores públicos que lo han amenazado, incluyendo cercanos a la administración de Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de los Partidos Judiciales de Comondú, Loreto y Mulegé, sólo pide que saquen las manos y le regresen todo lo que le obligaron a entregar.

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