Dirigentes de cámaras empresariales en el estado declaran públicamente un día sí y el otro también, respecto a la urgente necesidad que los gobiernos locales inviertan en obra para activar la economía de Baja California. Aseguran que están operando apenas al 30 por ciento de su capacidad, y las pequeñas empresas están desapareciendo. Consultados, ciudadanos coinciden en que no hay movimiento. Salvo Tijuana, donde el ayuntamiento encabezado por el alcalde Jorge Astiazarán, quien actualmente da seguimiento a 17 obras, incluidos dos puentes que llevan recursos federales, y se está dando cumplimiento a tres garantías PIRE (Programa Integral de Repavimentación), en el resto de los municipios no hay prácticamente nada. Los alcaldes de Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate, ni están usando viejos créditos adquiridos, ni dando continuidad a obras de sus antecesores, o haciendo valer garantías de obras mal hechas. En marzo de 2014, Silvano Abarca inauguró en Rosarito el Gimnasio Paralímpico en la Unidad Deportiva Reforma “Profesor Andrés Luna Rodríguez” con recursos federales, en enero, obras de pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas en la delegación Primo Tapia, a través de los recursos del Programa Hábitat. Después no ha habido mucho, a excepción de la promesa del Estado, que se invertirán más de 220 millones de pesos en obras que después de nueve meses, no han llegado. Lo más fuerte para César Moreno en Tecate fue en febrero, cuando inauguró algunas pavimentaciones de calles, una rampa y varias obras pequeñas en escuelas de educación básica. Poco más de un millón de pesos invertidos de recursos federales que recibió el municipio en 2013. Gilberto Hirata en Ensenada acaba de inaugurar la remodelación del campo de beisbol de Ciudad Deportiva, antes, en febrero y mayo, hubo algunas pavimentaciones y obras en espacios deportivos construidos con recursos federales del año pasado. Jaime Díaz en Mexicali también inauguró pequeñas obras federales en espacios escolares en febrero, y apenas el 25 de julio recordó que este año -lo que resta de él- “se invertirán” 260 millones de pesos en obra gestionada ante el Gobierno Federal. Pero no precisó para cuando. Mientras los empresarios de la construcción y los ciudadanos reclaman la ausencia de inversión, diversos funcionarios del Estado salen ante la opinión pública a desmentir. El 26 de julio de 2014, el secretario general Francisco Rueda refutó al asegurar que en el primer semestre del año, sí se hizo obra pública, y que solo en infraestructura educativa habían sido casi mil millones de pesos. El mismo día, el coordinador de gabinete, Mario Herrera, habló de 120 proyectos estratégicos en los que se gastarán 65 millones de pesos, pero no precisó para cuando. El que sí dio tiempos fue Javier Camarena, secretario de Desarrollo Social Municipal: el dinero de la federación llegará “en agosto”. Adicionalmente, en la página electrónica de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), se afirma que actualmente tiene 57 obras en proceso: 18 en Mexicali, 15 en Tijuana, 11 en Tecate, nueve en Ensenada y cuatro en Rosarito. La mayoría en edificios como el C3 o la Clínica de Oncología en Mexicali, el Centro de Convenciones y el Museo Kumiai en Rosarito, el Parque Eólico o la presa Las Auras en Tecate; el malecón de Ensenada, y el Museo del Trompo y la Puerta México en Tijuana. En este punto vale decir que para corroborar, esta semana ZETA visitó las obras en la Garita Internacional, en el Centro Interactivo Ámbar, lo mismo que la modernización del tramo Cuesta Blanca, todas en Tijuana, todas enlistadas como “obras relevantes en proceso”, y en ninguna había hombres trabajando. Este Semanario también solicitó a SIDUE, y le fue entregada, la lista de 333 obras, cuyo proceso de licitación inició entre mayo y julio, con valor de mil 170 millones de pesos. El problema es que del total, solo 62 han concluido el proceso y están contratadas, y de esas, solo han iniciado las 14 que se contrataron en mayo; y de esas, únicamente nueve son obra, las otras cinco son elaboración de proyectos ejecutivos o análisis de impacto. Entonces, tratándose de la evidente ausencia de inversión, convendría que los funcionarios estatales sean claros. Licitar, planear, tramitar, no es construir. Las empresas están cerrando o en peligro de quiebra, y eso no se resuelve con discursos, promesas y buenas intenciones. En lugar de usar su tiempo en responder a los justos reclamos, están obligados a buscar alternativas de solución, acelerar los procesos para buscar otro tipo de inversión, y sobre todo, coordinarse con el Gobierno Federal para mejorar la llegada de recursos, en lugar de pelearse con delegados y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional que de forma infantil y pública, discuten respecto a quien invierte más recursos. Al final, señores, ese dinero que no termina de llegar, no es ni de los partidos, ni de los gobiernos en el poder. Se trata de que los recursos aportados en impuestos por los bajacalifornianos, en justicia sean invertidos en el mismo estado, para mejorar las condiciones de desarrollo de todos sus habitantes.
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