Ante los recientes operativos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la detección y decomiso de vehículos de estancia regular, en México; afiliados de la Organización de Protección a los Mexicanos, Anapromex, realizaron ayer, 10 de agosto, una caravana hacia las oficinas de dicha dependencia en Tijuana.
Estebané Villanueva, coordinador de Anapromex en Chihuahua y quien encabezó esta manifestación, señaló que el propósito de esta acción pacífica es levantar la voz ante los abusos de autoridad cometidos por policías municipales y federales contra afiliados de esta organización, a quienes se les ha amenazado con remolcarles sus vehículos por no estar regularizados, a pesar de que dichas autoridades no están facultadas para ello.
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“Siempre lo hemos dicho, a esas autoridades no les compete estar en este ámbito de los vehículos y si bien, tienen que resguardar a la ciudadanía, nosotros no les negamos ni les decimos que no revisen los vehículos, pero ya decirles que van a decomisar los vehículos, de decirles que les quieren tumbar dinero a nuestros afiliados, eso nos parece una manera injusta”, declaró.
“Nosotros lo que alegamos es una libre circulación, sin estar molestados, es lo que estamos buscando hoy”, agregó.
Villanueva comentó que no es Anapromex quien permite el ingreso de vehículos sin posibilidad de regularizarse al país, ni de la problemática social que ello conlleva, sino que esto se debe a la permisividad o corrupción del personal de Aduana.
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Sobre el argumento de las autoridades, respecto a que los vehículos conocidos como “chocolate” son utilizados para la comisión de delitos al no contarse con un registro de los mismos, Villanueva comentó que ese es el motivo por el cual Anapromex otorga laminas a sus afiliados, señalando que, en caso de que se cometa algún delito utilizando una unidad registrada en la organización, la base de datos está a disposición de las autoridades procuradoras de justicia.
Comentó que los afiliados de Anapromex no cuentan con las posibilidades económicas para tener un vehículo regular, ya que pueden adquirirse vehículos en Estados Unidos desde 500 dólares, siendo que las importaciones cuestan hasta 3 mil dólares, además de la restricción a solo poder importar carros de modelos recientes.
Villanueva concluyó señalando que, entre las peticiones que han hecho llegar a legisladores federales, representa un pago de impuestos justo para importaciones con base en el salario mínimo, así como la publicación de un decreto que permita importar otra clase de vehículos.
Los manifestantes fueron atendidos por Lizbeth López, titular del SAT en Tijuana, quien se comprometió a servir de vínculo entre Anapromex y el nivel central de la dependencia, de modo que consolide esta la petición formal de audiencia, donde se pida un alto a la persecución de propietarios de vehículos irregulares y vías hacia la regularización.
Mientras que el abogado Gabriel González Celestino, del Comité Ciudadano Propietarios de Vehículos de Procedencia Extranjera en México, encabezó también, ayer jueves, un mitin en las instalaciones del Ayuntamiento de Tijuana y el Centro de Gobierno.
