La opacidad oficial en presidencia de Gastélum

Foto: Agustín Reyes
 
Edición Impresa Lunes, 19 Junio, 2017 12:00 PM

A un día de haber declarado públicamente que el convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa Turbofin por 89 millones de pesos en la renta de camiones para recolección de basura estaba en el portal de transparencia, el alcalde, la síndico, el consejero jurídico, el secretario del Ayuntamiento, un regidor y el “encargado” de transparencia, clasificaron que tal documento estaba reservado durante los próximos seis meses

En el tema de los camiones recolectores de basura en Tijuana, todo ha sido opacidad. A tal grado que la síndico municipal Marcela Guzmán, aliada incondicional del alcalde Juan Manuel Gastélum, reservó -junto a un “Comité de Información”- la información relativa al convenio con la empresa privada por un lapso de seis meses, justificando es un tema que está denunciado.

Sin embargo, nadie en el Ayuntamiento de Tijuana sabe decir a cuál denuncia se refiere la síndico, se desconoce quién y por cuáles motivos denunció corrupción en una transacción tan reciente, especialmente cuando fue una asignación directa del alcalde y no una convocatoria para concursar por la renta de camiones de basura y que ganara la empresa que más experiencia y mejor precio tuviera.

El regidor independiente Roberto Quijano Sosa fue uno de tres ciudadanos que por la vía de la transparencia solicitaron toda la información concerniente al convenio realizado entre el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa Turbofin de Jaime Aragón Rogozinski por 89 millones de pesos, pues ni él como edil, tuvo acceso al convenio o los detalles de la transacción. La falta de transparencia en las negociaciones de la presidencia municipal de Gastélum, también prevalece al interior del gobierno municipal.

Como respuesta le dieron: “No es factible atender positivamente su petición, toda vez que el Comité de Información mediante el ___ Confirmó la clasificación de reserva total por un plazo de seis meses el expediente número ____ por tratarse de la integración de una investigación administrativa”.

El caso, por supuesto, Quijano lo llevará a la instancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, pero en tanto no se resuelva ahí, en el Ayuntamiento de Tijuana persiste la opacidad.

Efectivamente, ante los cuestionamientos de la transacción hecha con Aragón por un monto de 89 millones de pesos, la cual se realizó sin la aprobación del Cabildo de Tijuana, Gastélum optó por valerse del Artículo XI de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el Artículo 113, capítulo II, la ordenanza permite mantener reservada la información “que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no haya causado efecto”.

Para ello su Sindicatura Municipal realizó la solicitud correspondiente a lo que llamaron el “Comité de Información”, e integrado por puros afines o subordinados del alcalde, empezando por él mismo, además: la síndico procuradora Marcela Guzmán Valverde; regidor de la Comisión de Gobernación y Legislación, Arnulfo Guerrero; secretario de Gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano; consejero jurídico Leonardo Martínez; y el titular la Unidad de Transparencia, Carlos Contreras.

Se supone que el 8 de junio el comité tomó la decisión de mantener oculta la información del oneroso contrato y sus anexos, bajo la clasificación de “reservada”. Un día después que Juan Manuel Gastélum declaró: “No batallen, está en transparencia”, al referirse a los requerimientos que regidores del Partido Encuentro Social le hacían públicamente para que el convenio con Jaime Aragón Rogozinski fuera transparentado.

De la demanda de juicio político en su contra y de la síndico procuradora a causa de mantener clasificada la información del contrato, Gastélum advirtió que, aunque se está en el ejercicio del derecho, “sí hay que tener cuidado con el abuso del ejercicio del derecho, porque cuando se abusa del derecho, del ejercicio del derecho, también es un boomerang, no es nada más me quejo”.

Luego calificó de ignorantes a los regidores que presentaron la solicitud de juicio político: “Yo lo que quisiera es platicar con los asesores de ellos, porque ellos no son abogados, de leyes no saben nada y por consecuencia se van con la finta… ¡Oye, está escondido, hay que decirle a la gente que está escondido! No está escondido, en términos de la normatividad, de acuerdo al área de responsabilidad de Sindicatura, cuando un expediente se declara reservado es para que nadie le meta la mano. Si hay alguna irregularidad, a ver, con cuidadito”.

Del convenio con Aragón Rogozinski dijo: “No se hace público porque una investigación tiene que seguir cierto grado de secrecía por el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

 

CRISIS INTENCIONADA

En el umbral de la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el 1 de diciembre de 2016 el servicio de recolección de basura colapsó, dejando de prestarse hasta por un mes en la mayor parte de las casi 900 colonias de Tijuana.

El argumento del gobierno panista para tal situación fue que había recibido la mitad de los 120 camiones recolectores de basura en estado inoperable y que carecía de recursos suficientes para repararlos.

Durante un mes y medio se agudizó  la crisis en la recolección de basura, para luego declarar un “estado de emergencia” que tomó como sustento para negociar en forma unilateral el contrato con la empresa Turbofin, SAPI  de CV, es decir, sin plantearlo al pleno del Cabildo del XXII Ayuntamiento.

Al contrato de arrendamiento de los 52 camiones de recolección y transferencia de basura, de un costo de casi 80 millones de pesos, Gastélum sumó un convenio más para la renta de 12 patrullas tipo panel para 12 pasajeros, renta por la que se presupuestaron 10 millones de pesos de recursos municipales, lo que significa que por cada unidad se estará pagando un arrendamiento mensual de 138 mil pesos, un promedio de 4 mil 600 pesos diarios y no los mil pesos que dijo el tesorero Ricardo Chavarría.

El arrendamiento lo comprometió por lo que resta de 2017 y, para cerrar la transacción, hizo un depósito en garantía de 20 millones de pesos y comprometió un pago mensual de 5.8 millones de pesos.

Pese al pago anticipado, a la fecha la empresa solo ha entregado al municipio 15 camiones recolectores de basura.

El regidor Manuel Rodríguez Monarrez señaló que en ambas convenios intervino Eduardo Vilaso, cercano a Juan Manuel Gastélum Rivera, hijo del alcalde, “a Vilaso se le relaciona como socio de Aragón Rogozinski, lo que vuelve turbio el contrato que no se turnó a Cabildo y pone de manifiesto que Gastélum Buenrostro llegó a la alcaldía para hacer negocios”.

 

DEMANDA JUICIO POLÍTICO CONTRA ALCALDE Y SÍNDICO

Cuestionado en torno al ocultamiento de la información de los contratos de arrendamiento con Turbofin, Gastélum Buenrostro respondió con otra evasiva: “En el tema de la basura no hubo información porque no fue licitación…”.

La falta de transparencia llevó a los regidores del Partido Encuentro Social del Cabildo de Tijuana a presentar el 24 de mayo una queja ante la Sindicatura Procuradora, a cargo de Marcela Guzmán Valverde, para que se investigara el contrato de arrendamiento de camiones de recolección de basura y de patrullas.

Pero al ser cuestionada sobre el avance en la investigación, Guzmán Valverde se negó argumentando la secrecía que debía a la indagatoria.

Ante la cerrazón del alcalde y de la síndico, los ediles del PES -Manuel Rodríguez, Mónica Vega y José Manuel Ortiz Ampudia- presentaron ante el Congreso del Estado una demanda de juicio político en contra de Juan Manuel Gastélum y Marcela Guzmán Valverde.

En la denuncia presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo requieren asentar responsabilidad administrativa en contra del alcalde de Tijuana y de la síndico, “por las irregularidades detectadas en la adjudicación directa de los contratos de arrendamiento de camiones para el servicio de basura de la ciudad para que los diputados puedan determinar la procedencia de juicio político”, subrayó Rodríguez Monarrez.

 

LOS ARGUMENTOS PARA EL JUICIO POLÍTICO

Mónica Vega, coordinadora de los regidores del PES, precisó que los puntos principales para impugnar el contrato son:

  1. El contrato de arrendamiento se realizó sin hacer primero una declaratoria de emergencia, ni buscar soluciones alternar para cumplir con el servicio de recolección de residuos.
  2. La demora en la entrega de las unidades rentadas.
  3. La negativa de la Sindicatura Procuradora de negar la información que el 31 de mayo solicitaron sobre la adjudicación del contrato, optando la dependencia por clasificarla como reservada el 8 de junio, lo que puede considerarse como una violación sistemática a los Reglamentos y Ley Municipal por parte de la síndico y de lo cual ya se interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California.
  4. La incapacidad de Sindicatura de seguir este procedimiento “porque no puede ser juez y parte”.
  5. Posible conflicto de intereses, abuso de autoridad y tráfico de influencias al otorgarse sin licitación a Grupo Turbofin, SAPI de CV, propiedad de Jaime Aragón Rogozinski, el convenio de 89 millones de pesos.

 

SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO SORPRENDE A SÍNDICO

“Yo no esperaba eso, pues porque apenas me voy enterando, para mí fue novedad, fue sorpresivo”, declaró a ZETA Ana Marcela Guzmán Valverde, respecto al juicio político solicitado en su contra ante el Congreso del Estado.

Y agregó: “Tengo que ser muy respetuosa de las personas y de ellos como regidores, están en todo su derecho de hacer valer la acción que ellos consideren procedente y el Congreso dictaminará lo conducente y estaremos preparados, yo estaré preparada en el caso particular de la síndico de comparecer ante el Congreso para el esclarecimiento de los hechos”.

La fiscal municipal reconoció que “yo no me puedo investigar a mí misma, pero aquí lo importante es que yo ya no puedo opinar más porque no conozco el contenido de ese expediente”.

 

LOS FUNDAMENTOS PARA OCULTAR INFORMACIÓN

“Se está tergiversando el hecho de que se clasificó la reserva de la información, no fue aislada, no se está reservando aisladamente el contrato y las documentales que contiene este arrendamiento, sino derivado de la investigación que se lleva acabo aquí en la Sindicatura, pues estas documentales forman parte de la misma”, expuso Marcela Guzmán en un intento por explicar por qué, al menos durante seis meses, se mantendrá oculto el contrato con Grupo Turbofin.

Foto: Isabel Mercado

No fue una decisión autónoma de la Sindicatura, sino colegiada; se sometió a consideración de la Comisión de Información de Transparencia la clasificación de su reserva hasta por seis meses, con motivo de la investigación que se está llevando, con motivo de la denuncia presentada por los regidores del PES, argumentó.

“Aquí es importante la fundamentación que prevé la Ley General de Transparencia, que es la Ley marco de la Ley Estatal de Transparencia, en su Artículo 113, por citar un fundamento, refiere en el capítulo 2 de la información reservada como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, y en su fracción décimo primera señala lo siguiente: ‘Vulnera la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado’”, asentó.

¿Por qué reservar la información, en que puede beneficiar a la investigación de la queja presentada?, se le cuestionó.

“Bueno, es que aquí no es un tratamiento especial que se le debe de dar a este expediente, es un tratamiento que se le debe dar a todos los expedientes de investigación que obren en esta Sindicatura”.

¿Así lo establece la Ley?

“Bueno, es una petición que hace la Sindicatura a efecto de proteger la investigación que debe revestir dentro del procedimiento administrativo, pero tiene que ser autorizado por la Comisión de Información, también conocido como Comité de Transparencia”.

¿Por qué se hace esta petición?

“Se hace en todos los expedientes, para cuidar el sigilo y la secrecía de las investigaciones, hasta en tanto no cause estado -se resuelva-.

“Como el expediente está en investigación hay que cuidar la secrecía que debe guardar, pero no es un tratamiento especial, sí quiero dejar aclarado, no es una reserva aislada como se ha estado manejando en algunas partes, nos es una reserva aislada del contrato y la documentación que ampara este arrendamiento, es una clasificación de reserva del expediente de responsabilidades, del expediente administrativo iniciado con motivo de la denuncia presentada ante Sindicatura en relación a la renta de los camiones -de basura-“. Respecto a los seis meses establecidos como reserva, subrayó que esto no implica que sea un plazo forzoso.

Y diciéndose respetuosa de las leyes y reglamentos, resaltó: “Todos aquellos ciudadanos que hayan solicitado solicitudes de acceso a la información relacionadas con este tema podrán informarse de esta clasificación de reserva, ya al Instituto de Transparencia le tocará determinar sobre dicha clasificación”.

Esta decisión se presta a suspicacias; además, el periodo de reserva es justo la duración del convenio -con Turbofin-, planteó ZETA a Guzmán Valverde, a lo que contestó: “Te repito, ya no podría yo hablar más porque estos documentos forman parte de la investigación, tenemos que respetar esa reserva, hasta en tanto no exista resolución al contrario de parte del Instituto de Transparencia, en base a alguna inconformidad que hagan valer los ciudadanos, con motivo de sus solicitudes de acceso a la información que hayan sido negadas”.

¿Tiene que ver con cláusula de confidencialidad -con Turbofin-?

“No tiene nada que ver, en cualquier contrato se pudiera establecer alguna confidencialidad entre las partes, pero no puede estar por encima de la Ley de Transparencia”, justificó la síndico.

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