Por el arrendamiento de camiones recolectores de basura y patrullas que por 88 millones de pesos que se otorgó a Grupo Turbofin de Jaime Rogozinsky, un grupo de ciudadanos interpuso una denuncia penal por peculado en contra del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, la síndico Procuradora Marcela Guzmán Valverde y demás funcionarios involucrados en la asignación del contrato sin licitarlo ni someterlo a consideración del Cabildo.
Ante la agencia de Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ciudadanos y agrupaciones de abogados, encabezados por Cesar Vallarta, Ignacio Anaya Barriguete, Rafael Maurizio Cruzmajarrez y María del Socorro López, se presentaron la mañana de este lunes 19 de junio de la primera de una serie de denuncias que se estarán interponiendo por el actuar de las autoridades municipales.
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Denominándola “cruzada de los ciudadanos en contra de las autoridades como delincuentes”, César Vallarta indicó que también los ciudadanos tienen derecho a exigir la aplicación de la ley.
Por enriquecimiento ilícito, la denuncia.
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Los denunciantes se dijeron “preocupados porque la ciudad se está convirtiendo a través de este gobierno, en una ciudad que todo se renta, no queremos que vengan de fuera a hacer negocio con el dinero de los tijuanenses, esa es la razón de la denuncia”.
La autoridad no puede realizar aquello que la Ley no le permita y la Ley y Reglamentos correspondientes no permite que se renten los servicios públicos como el agua, las patrullas, luminarias, pavimentación, al rato va a ser los bomberos, “no lo vamos a permitir”, aseveraron.
María del Socorro explicó que aunque el alcalde no sea parte del Comité de Adquisiciones sí tiene responsabilidad en el arrendamiento millonaria de patrullas y camiones recolectores de basura, por declarar un estado de emergencia sin pasarlo por el Cabildo.
“Él es el que ha dispuesto, junto con un grupo de subordinados, hacer este tipo arrendamiento, además es el representante del Ayuntamiento, en él recae esa potestad”, dijo.
Anotó que Gastélum Buenrostro incurrió en un delito, primero al no haber declaro de manera formal en un documento, el estado de emergencia, además de no haber puesto a consideración del Cabildo el contrato de arrendamiento, toda vez que “El Patas”, como alcalde “no está supeditado a autonomía propia, él tiene que consensarlo primeramente con el Cabildo y eso jamás aconteció”.
Además de peculado, los hechos denunciados bajo el Número Único de Caso 0204-2017-28324, configuran otros delitos como “abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, cohecho, enriquecimiento ilícito y lo que resulte en el contrato indebido de renta de camiones recolectores de basura”, expusieron los demandantes.
Además de El Patas y la síndico procuradora, se implica en la demanda a María de Los Ángeles Olague Contreras, y funcionarios del Departamento de Adquisiciones “y demás funcionarios que resulten implicados”.
Respecto al resultado que esperan de la acción legal interpuesta, dijeron “esperamos que las autoridades hagan lo que deben hacer y le den un debido seguimiento, sino para eso estamos nosotros, abogados y ciudadanos bajacalifornianos, para ya no dejarnos engañar por las autoridades y no seguirnos dejando de la corrupción”.
