Mientras que Kiko Vega presume a la
desalinización de agua de mar como
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la panacea para enfrentar la sequía,
El Colegio de la Frontera Norte
considera lo contrario: según
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investigadores no se administra el
agua correctamente en el Estado.
Ponderan los altos costosdel proceso
y la probable afectación ambiental
El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, ha reiterado en los últimos meses que la desalinización de agua de mar es la solución para resolver el déficit del vital líquido que enfrenta la región luego de varios años de sequía.
Desde el primer año de su administración inició la construcción de plantas desalinizadoras en la Zona Costa del Estado, invirtiendo más 11 mil millones de pesos en conjunto con empresas privadas.
Sin embargo, el investigador del Departamento de Estudios Urbanos y de Medioambiente de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Alfonso Andrés Cortez Lara, considera que la iniciativa del empresario inmobiliario que detenta el poder estatal resulta demasiado costosa para el erario público y los bolsillos de los ciudadanos de la costa bajacaliforniana. Además de que podría tener implicaciones negativas para el lecho marino.
El especialista en temas hídricos aseveró: “creo que es una alternativa que se debe examinar después de haber revisado todas las demás alternativas”.
Cuando desalinicen, subirán la tarifa
En palabras del académico, retirar la sal del mar, en promedio 35 gramos por litro, “es la tecnología más cara de todas”. Tiene un costo hasta cuatro veces mayor que las demás fuentes de obtención, como trasladar agua vía acueducto, que alrededor de 600 millones de pesos anuales desde Mexicali a Tijuana, a través del Acueducto Río Colorado-Tijuana, la mayoría de esa cantidad por los costos de energía eléctrica.
La planta desalinizadora de Ensenada, que lleva un 85 por ciento de avance en la construcción, requiere en su primera etapa una inversión de 617 millones de pesos, y producirá 250 litros de agua potable por segundo. Comenzará a operar en marzo de 2017. La compañía encargada de la operación es Aguas de Ensenada S.A. de C.V.
En un recorrido de ZETA por las instalaciones, Enrique de la Planta Saavedra, director de la obra y representante de la empresa española ganadora de la licitación, G.S. Inima, expuso que cada metro cúbico de agua potable que se produzca, Aguas de Ensenada cobrará 10.65 pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE). Si se toma en cuenta que cada metro público contiene 4 litros de agua, cada uno costará al Gobierno del Estado 2.6 pesos.
Ahora bien, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue) estimó que de la planta saldrán 250 litros cada segundo, es decir, minuto a minuto la CESPE pagará más de 5 mil pesos a los privados con el dinero de la tarifa que los ciudadanos pagan regularmente al organismo.
Cortez Lara aseveró algo que él mismo calificó: “si tú produces agua más cara para consumo urbano alguien tiene que pagarla, ese alguien somos los usuarios urbanos”.
85% de avance registra construccion de planta desalinizadora de Ensenada
El director de la CESPE, Carlos Loyola Peterson, quien expuso que una vez que empiece a trabajar y a producir líquido, la dependencia sumará el costo de conducir el agua del flujo inverso, orientado a conducir agua desde Tijuana hasta Ensenada, extraer agua subterránea y desalar el agua marina; una vez establecida esa cantidad se fijará la tarifa que se le cobrará a los ensenadenses.
Cabe destacar que en el presupuesto que fue enviado al Congreso del Estado, la CESPE contempla, al igual que el resto de los organismos operadores de Baja California, un incremento en la tarifa.
“Podrían matar la vida marina”
De la Plata Saavedra explicó a ZETA que por cada litro de agua potable que será producido y vendido a la CESPE, otro de salmuera –agua saturada de sal– será vertido al mar, sin ninguna implicación medioambiental.
“Es la misma agua de mar que la tratamos y la devolvemos con una salinidad. No tiene impacto en el mar…bueno, toda gestión humana tiene un impacto, pero se difuma al instante prácticamente, se convierte en agua salada de las mismas características que tiene el entorno. Básicamente devolvemos lo mismo”.
Luego ponderó que por el proceso de osmosis inversa, el agua que Aguas de Ensenada venderá a la CESPE en 2.6 pesos el litro tiene la misma conformación que el agua que puede comprarse embotellada en los centros comerciales.
Pero Alfonso Andrés Cortez Lara opinó que es necesario que las empresas y el gobierno analicen de manera más eficiente “dónde van a dejar la salmuera”, en qué zona del lecho marino.
Y explicó: “El agua salada tiene una concentración aproximada de 35 gramos por litro, por lógica la salmuera tiene una concentración mucho mayor, por lo que de ser vertida de nuevo al mar podría matar la vida marina que está acostumbrada a la saturación regular”.
Fue enfático al decir que desde El Colef no se han visto estudios profundos y responsables de cómo se procesará esa sustancia, y exhortó a las autoridades estatales a hacerlos y presentar resultados tangibles de los mismos.
La costa de Ensenada es una bahía, por lo que Cortez Lara explicó que la salmuera deberá ser retirada de esa zona y vertida en altamar, práctica que no está incluida en los planes de la compañía que ganó la licitación emitida por la administración de Vega de Lamadrid.
Incorrecta administración del agua en BC: El Colef
En opinión del especialista en manejo de recursos hídricos, “hace falta mucho por hacer” en lo referente a la forma en que se administra el agua en Baja California. Principalmente en gestionar el recurso hídrico –mil 850 millones de metros cúbicos anuales– que ingresa a México desde Estados Unidos en el Río Colorado.
Ponderó el riesgo que implica la inminente llegada del magnate Donald Trump a la Presidencia de la Unión Americana, cuya postura ha sido de proteger los recursos del país, como el agua, ante los extranjeros.
“Hay que fortalecer los mecanismos regulatorios de extracción de agua”, mencionó; agregó que las autoridades federales, responsables del agua subterránea, no tienen un correcto control de las extracciones y las concesiones, por lo que es imposible establecer la dimensión del agua con que cuenta el Estado por lo que no se puede canalizar “a zonas donde se ocupan”, particularmente
Ensenada por ser el municipio que enfrenta el mayor problema.
Medio ambiente en riesgo con procesos de desalinizacion
A lo anterior se suma que los mecanismos de riego obsoletos de los agricultores del Valle de Mexicali, que se quedan con un porcentaje de alrededor del 90 por ciento del total del agua que proviene del Río Colorado, representan millones de metros cúbicos de desperdicio de agua.
Cortez Lara señaló que mejorar la eficiencia en el riesgo, en un porcentaje de por lo menos el 5 por ciento anual, representaría hasta 200 millones de metros cúbicos de ahorro; esa cantidad podría cubrir la demanda de Tijuana, municipio que registra la mayor demanda del vital líquido.
“Todavía se utilizan métodos donde se utiliza muchísimo volumen, es un área de oportunidad para mejorar la eficiencia, para eso se necesita inversión estatal y federal”, expuso.
Las otras plantas
La que será la principal planta desalinizadora del hemisferio occidental, la de Playas de Rosarito, requiere un costo de 10 mil 254 millones de pesos de inversión conjunta entre privados y el gobierno, mediante el esquema de Asociación Público-Privada incluido en la legislación estatal.
La operará será Aguas de Rosarito, un consorcio internacional. El agua potable que allí se produzca servirá para el consumo de 2.2 millones de pobladores, tanto de ese municipio como de Tijuana. La producción se estima en 4 mil 400 litros por segundo.
En cuanto a la planta del Valle de San Quintín, la cual se instala con una inversión de 575 millones de pesos y cuya operación se tiene prevista para finales de 2017, Sidue contempla una producción de 250 litros por segundo para abastecer el consumo de 90 mil habitantes de la región.
La única que ya inició operaciones es la ubicada en Isla de Cedros, obteniéndose 400 metros cúbicos por día para solventar el consumo 2 mil 600 habitantes. Su instalación tuvo un costo de 13 millones de pesos, tanto de construcción de planta como en las redes de distribución.
