Desde la llegada masiva de personas en contexto de migración a partir de mayo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH) ha insistido en que si bien el tema no llega a crisis humanitaria, sí debe ser considerado y abordado por las autoridades como una situación extraordinaria, declaró la titular Melba Olvera.
“Baja California ha sido una ruta de tránsito de la migración desde que existe…las rutas que se han movido en nuestro país en estos momentos han empujado al flujo masivo de personas en contexto de migración extranjeros por este camino, desde Tapachula (Chiapas) a Tijuana y ahora también a Mexicali”, comentó.
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Reiteró que por parte de los migrantes extranjeros, la mayoría procedentes de Haití, la intención sigue siendo obtener asilo en Estados Unidos y no en México, según las entrevistas que ha realizado la CEDH en la totalidad de los 24 albergues habilitados en Tijuana.
Si bien la CEDH carece de atribuciones para exigir actuación a las autoridades federales en cuanto a este tema, Olvera aseguró “vamos a estar atentos, a ver qué seguimiento hay en cuanto al fortalecimiento y la ayuda tanto económica como en especie para los diferentes albergues que se han estado abriendo”.
Sobre las incitaciones al odio a través de redes sociales contra la población migrante extranjera que actualmente tiene presencia en la entidad, Olvera aseguró que la Comisión ya se ha pronunciado respecto al tema, haciendo un llamado a erradicar estas actitudes de rechazo y xenofobia ante las personas en contexto de migración.
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Señaló que si esta clase de actitudes no reciben atención y divulgación a través de los medios de comunicación, tienen un corto periodo de vida.
“Cuando hay una persona que violenta a otra persona, independientemente de su origen, hay un bando municipal de policía que aplicar, entonces el perseguir o el investigar tiene que ir en esa ruta de la legalidad, si se está cometiendo directamente una acción que vulnera como se dio un caso en Mexicali, se tiene que aplicar la ley”, agregó.
Olvera añadió que se trabajó de cerca con la anterior legislatura estatal para realizar modificaciones a la “Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California”, de manera que se estableciera la formación de un Consejo Estatal en la materia, un equivalente local del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
“Un Estado que tiene estos síntomas de discriminación y de rechazo y marginación, requiere de una política pública sólida para prevenir y erradicar la discriminación”, concluyó.
