Sin Ley específica, por acuerdo, un instructivo determina que la destrucción de droga asegurada, es un acto interno de las fiscalías que se presta a suspicacias
Muertos, narcomenudeo y desaparecidos en bares; gobierno marinista incumple en inseguridad y obliga a empresarios antreros a colaborar en corresponsabilidad
Baja California ocupa los primeros lugares nacionales en percepción de corrupción; sin autonomía, ni presupuesto, Jorge Salas fue designado fiscal para combatirla
El arribo de Morena al poder en Baja California representó un total rechazo a la construcción de instituciones para el combate a la corrupción. Es considerado el Estado más rezagado
En septiembre de 2017, Óscar Parra Aispuro fue detenido e identificado por las autoridades como operador del Cártel del Mar en San Felipe y presunto responsable del asesinato del militar Emmanuel Esaú Saldaña Ramos, ocurrido la madrugada del 31 de diciembre de 2017.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó a los aspirantes a sucederlo; el líder de Morena, Mario Delgado, también los ha nombrado y ellos han reconocido que la quieren. Algunos eslogan, banderines, espectaculares y lonas alusivas a sus ganas y supuestas cualidades para ser presidentes, todos actos anticipados de campaña, se han hecho presentes.
En última instancia, tratándose de un problema de salud, una crisis descubierta por sus funcionarios federales, el amigo de la gobernadora y amigo de los bajacalifornianos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, también está obligado a actuar, a ayudar.
Pero todo ese excremento que rodea el problema de contaminación de La Presa no desaparecerá hasta que la mandataria se decida a actuar
Autoridades no combaten peligroso aumento de trasiego y consumo de fentanilo en Baja California. Pueden continuar su pleito mediático con medias verdades; pero negar que la crisis de fentanilo que azota Estado Unidos está permeando por las fronteras, es irresponsable e ilusorio
Ante crisis de deslaves y hundimientos, Marina del Pilar Ávila y Montserrat Caballero están obligadas a trabajar juntas para sancionar a fraccionadores y funcionarios responsables, y solicitar apoyo de la Federación