Latente posibilidad de que el viaducto sea un enorme gasto que provoque daños irreparables y beneficios mínimos
Desde hace ocho años, el proyecto del Viaducto Elevado, Aeropuerto-Zapata-Playas de Tijuana ha sido una obra de la que todos los gobiernos han intentado aprovecharse, servidores públicos tratando de obtener beneficios económicos por otorgar contratos.
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Funcionarios panistas y morenistas se pelearon por este proyecto como si fuera el gran premio. Pero al final, la lotería -léase el contrato- se la ganaron por dedazo presidencial, los militares, quienes al igual que los políticos que los precedieron, están construyendo en total opacidad.
Además, como les urge terminar antes del final de la administración lopezobradorista, pactado para el 30 de septiembre de 2024, están poniendo en riesgo la estabilidad de los terrenos en la zona impactada.
Aunque es una obra que se ha visualizado durante décadas, el primero que vio la oportunidad fue el gobernador de las comisiones, Francisco Vega de Lamadrid, quien el 17 de marzo de 2016 entregó la licitación a la empresa Cointer Concesiones México, SA de CV con el formato de Inversión Pública y Privada para su construcción, mantenimiento y explotación -casetas de cobro- hasta por 27 años.
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Sin avances ante la falta de claridad, a la llegada del gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez -1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021- encaminó los posibles beneficios para sí, entregando la obra a la mal afamada e incumplida empresa Conjunto de Servicios Industriales (CSI), lo cual derivó en una demanda de la compañía desdeñada.
Entonces arribó el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, y con ella, la intervención de López Obrador con la Secretaría de la Defensa Nacional, sus todólogos y constructores favoritos. Así la opacidad se hizo oficial porque, aunque están gastando millonadas de dinero de los ciudadanos, los militares no informan y, según el Presidente, no están obligados a hacerlo.
Para eso el acuerdo publicado por el Ejecutivo federal en 2021 y el decreto en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2023, para que sin serlo, las obras de infraestructura sean declaradas como de seguridad nacional y puedan reservar, esconder toda la información inherente, violando los derechos de acceso a la información y máxima publicidad de los ciudadanos que se comprometió a respetar, actuando contra la Constitución, como se lo hizo saber la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un dictamen desde hace 10 meses.
Sin embargo, hay situaciones irregulares que no han podido esconder y tampoco se han molestado en explicar. Por ejemplo, el presupuesto estimado para el mencionado viaducto ha pasado de 8 mil 500 millones de pesos, a 10 mil millones; 12 mil o hasta 14 mil millones de pesos, dependiendo del mes, año y la fuente de información.
Pero aún más grave: el cambio de obras importantes revela que el Proyecto Ejecutivo, que inicialmente se planeó con un valor de 35 millones, el mismo que con Bonilla aumentó su precio a 209 millones de pesos y se desconoce cuánto costó con los militares de AMLO, no sirve, porque se hizo sin estudiar ni conocer el terreno.
“No hacer un estudio del suelo donde vas a construir, es como salir a navegar sin conocer las mareas”, dicen los ingenieros, pero resulta que “a punto de terminar” a marchas forzadas, uno de los tres túneles planeados se va a convertir en puente, porque no sabían que debajo del cerro que alberga el fraccionamiento La Isla, hay tubería de la Comisión Estatal de Servicios Públicos y sale más caro moverla que cambiar el túnel por un puente sobre el Cañón del Matadero.
Ahora, para descenderlo, deberán cortar el talud en el fraccionamiento El Mirador y afectar el área verde de un parque, acciones de las cuales se desconocen las consecuencias.
Ante el hermetismo de los militares, los residentes temen que pueda provocar desestabilización de los terrenos y cuarteaduras de casas, como está pasando con algunos inmuebles en parte de la obra que se construye en la zona de la colonia Libertad.
Creyéndose omniscientes, López Obrador y sus militares traídos de tierras extrañas llegan a las entidades federativas con sus proyectos de obras, llenos de desconocimiento, ocultando información importante, en este caso para la seguridad e integridad personal y de los bienes de los residentes de las zonas afectadas, como la de los futuros usuarios de la obra.
Peores todavía los gobernadores, alcaldes y legisladores de Morena que aplauden a rabiar a AMLO cuando anuncian obras millonarias, aunque desconocen los proyectos.
Ante la desinformación, es latente la posibilidad de que el viaducto termine siendo un enorme gasto que provoque daños irreparables a cambio de beneficios mínimos, como la obra del Tren Maya, en la que se perforaron 122 cuevas y cenotes -para construir pilares se depredaron especies animales, destruyeron miles de hectáreas de selva, desarticuló comunidades para transportar a 900 personas por día -casi nada frente a los 3 millones de usuarios del metro en Ciudad de México- a través de mil 500 kilómetros entre Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas.
O el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que costó 115 mil millones de pesos y, tras dos años de operaciones, sólo transporta al 1.5% de los pasajeros nacionales e internacionales. De hecho, fue rescatado por el Presidente en febrero de 2023, publicando un decreto que prohíbe vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual le permitió al AIFA quedarse con el 22.4% del transporte de carga aérea del país.
En Tijuana, nada harán la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ni la alcaldesa Montserrat Caballero, para proteger los intereses y la integridad de los afectados, así que los propios ciudadanos deberán reclamar para que los cerros de “mazapán” no terminen colapsados por una vialidad que pasará directo del aeropuerto a Playas, sin salidas, motivo por el que aparentemente y de acuerdo a los pocos datos disponibles, tendrá pocos beneficiados.
