“Merecen protección y justicia, no la muerte o la desdicha de morir sin saber dónde está su ser amado”: Jesús Peña, ONU
“Los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) establecen que las autoridades tienen la obligación ineludible de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en procesos de búsqueda, y así fue desarrollado por dicho Comité en su informe de misión derivado de su visita oficial a México”, publicó en un boletín el 4 de mayo de 2023, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tras el asesinato en Guanajuato de Teresa Magueyal, madre buscadora, el 2 de mayo del año pasado.
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“Estremece recibir la noticia de otra madre buscadora asesinada en Guanajuato. Ni la desaparición de su hijo; ni los riesgos que enfrentó ella y sus compañeras en su exigencia de efectiva búsqueda, verdad y justica; ni su asesinato tenían que suceder. Se trata de un conjunto de agravios que nunca debieron haber ocurrido”, dijo Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, a través del comunicado de prensa.
Reclamaron que la hubieran asesinado a pesar de ser beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, matones en moto le quitaron la vida mientras circulaba sola en una bicicleta hacia el mercado.
Angelita Almeráz León, presidenta de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Tecate, acribillada en el interior de su salón de belleza el 8 de febrero en el municipio antes mencionado, también estaba bajo el Mecanismo de Protección porque presuntos integrantes de la delincuencia organizada habían amenazado su vida, igualmente de nada sirvió.
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Porque lo que decidieron para protegerla de la amenaza de cárteles, fue asignarle un botón de pánico, le explicaron que cuando ella lo oprimiera, recibiría la llamada de un agente para preguntarle si estaba bien. En esas condiciones, la inutilidad del mencionado mecanismo resultaba más que evidente.
Cientos de videos de vigilancia tomados por las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) han dejado claro que los homicidios y secuestros se cometen en segundos, así que es ridículo que las autoridades consideren que, en un caso extremo, las victimas estén en posibilidad de responder el teléfono.
Del “monitoreo y recorrido de vigilancia” en su casa y negocio para detectar posibles amenazas, el cual también le había asignado, no hubo nada.
En la presente edición, los lectores de ZETA encontrarán dos reportajes que retratan la desesperación de madres, padres y hermanas, quienes, ante la impunidad y el desinterés de las autoridades para investigar las desapariciones de sus familiares, toman el riesgo de buscar a sus seres queridos, “si nosotros no los buscamos quién lo hará”, reclaman. Y en esas condiciones, “por lo menos diez buscadoras de personas desaparecidas han sido asesinadas o privadas de la libertad”, expone en su trabajo el periodista Luis Carlos Sáinz.
Escarbando en cerros, llanos y lotes baldíos, recorren las mismas calles y colonias donde sus hijos, padres y hermanos fueron privados de la libertad, preguntando, esperando la buena voluntad de la gente en las zonas donde los agresores de su familia, los conocidos y los anónimos, continúan delinquiendo libremente.
No se trata de suicidas ni kamikazes, en sus planes no estaba poner en riesgo sus vidas, pero al final fueron obligados a enfrentar el desafío cuando denunciaron y la autoridad no hizo nada: “Nuestro único pecado es amar a nuestros desaparecidos más que a nuestra propia vida y estar arriesgando la vida constantemente por estar luchando por ellos”, expresó esta semana la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora.
En lo privado, sigue siendo común que los funcionarios argumenten la presunta pertenencia de los desparecidos con grupos criminales y su posible participación en actividades delictivas, usando esta hipotética situación como pretexto para no esforzarse en encontrarlos, porque aseguran, están concentrando esfuerzos en otras víctimas.
Sin remordimiento están faltando a su responsabilidad y revictimizando a las familias, porque constitucionalmente no pueden hacer señalamientos sin investigar; no tienen la facultad para decidir de antemano, respecto a la inocencia o culpabilidad de las víctimas de un delito; ellos no deciden quién sí y quién no, porque tienen la obligación de atender todas las denuncias y resolver las carpetas de investigación, sin importar los antecedentes de las víctimas, los cuales sólo deben servir como contexto a las indagatorias.
Sin embargo, en lo público, reculan, porque gobiernos, fiscalías y demás corporaciones de seguridad se han negado a referir y debatir la gravedad de la participación de los cárteles de la droga y el crimen organizado en estas desapariciones en las que poco se esfuerzan. Delito usado para ocultar los cadáveres, porque “sin cuerpo no hay delito” y esto les resulta muy conveniente para presumir falsos resultados y cifras alegres en la incidencia de homicidios.
Entre más efectivos son en sus búsquedas, los ataques, amenazas y homicidios perpetrados en contra de los padres rastreadores, infortunadamente son cada vez más “comunes, parte de la nueva realidad. Otra vergonzosa exposición pública e internacional, de un Estado fallido que revictimiza por obra y omisión.
Un Estado convertido en cómplice activo y pasivo que, al restarle importancia al problema, al no detener a los responsables, permite que la gente siga siendo secuestrada, privada de la libertad y asesinada en total impunidad, sin respetar el hecho que “las familias merecen protección y justica, no la muerte o la desdicha de morir sin saber dónde está su ser amado”, como reclamó en mayo de 2023 Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH.
