Frente a la corrupción e incapacidad de las autoridades, la muerte acecha a ciudadanos comunes, nacionales y extranjeros a lo largo y ancho del territorio mexicano, sin importar la hora, el día o la geografía.
Los mafiosos ejercen control en carreteras, bulevares y brechas, también tienen intereses en zonas turísticas y en múltiples ocasiones han dejado claro que para ellos la vida de visitantes mexicanos o extranjeros no tiene valor alguno.
Las evidencias de esta impunidad se acumulan sin que el gobierno lo reconozca y continúe calificándolos como hechos aislados, evadiendo la responsabilidad y la obligación de establecer una estrategia de combate a la criminalidad, para tranquilidad de los más.
La semana que concluye, nuevamente Baja California protagonizó las noticias en medios locales, nacionales e internacionales.
Primero, cuando el 27 de abril desaparecieron el médico australiano Jake Robinson y su hermano Callum, miembro del equipo de Lacrosse de su país, así como el estadounidense Jack Carter -comprometido a casarse en el próximo mes de agosto-. Los tres llegaron a la entidad para practicar surf y acamparon en La Bocana, a 80 kilómetros al Sur de Ensenada.
La siguiente noticia fue la captura de la persona que presuntamente los desapareció: Jesús Gerardo García Cota alias El Kekas, miembro de una célula del Cártel de Sinaloa, identificado como ladrón y extorsionador (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP). Fue detenido la noche del 1 de mayo, y el 8 de del mismo mes, vinculado a proceso por la desaparición de los surfistas.
La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, anunció que en el mismo operativo, la Policía Municipal de Ensenada detuvo a otras dos personas. La pareja de Gerardo, llamada Ari Gisel, a quien le encontraron el celular de uno de los turistas, y el mismo día 8 fue vinculada a proceso en el fuero federal, pero sólo por posesión de drogas. El tercer capturado habría sido Cristian Alejandro, hermano del Kekas, de quien la FGE informó, fue vinculado por narcomenudeo.
Los cuerpos de los surfistas fueron localizados en estado de descomposición con un balazo en la cabeza, en un pozo de agua a 5.5 kilómetros de su campamento. Los encontraron el viernes 3 de mayo junto a otro cadáver. Sin embargo, al cierre de edición, nadie ha sido procesado por el múltiple homicidio.
La noticia fue terrible, pero en medio de la impunidad, los extranjeros obtuvieron resultados de las autoridades locales con el descubrimiento de sus cuerpos y la captura de dos personas de interés en la investigación, lo que no ha sucedió por ejemplo, con el ingeniero mexicoamericano José Alonso Guerrero Chávez y su asistente, Rubén Ramírez, quienes desaparecieron el 27 de abril tras notificar que unas personas no les permitían volar sus drones sobre el terreno donde trabajaban en el proyecto de construcción del nuevo acceso a la zona residencial Santa Fe en Tijuana, obra del gobierno municipal asignada a la empresa Frisa, la cual subcontrató a los ingenieros.
También desamparados y sin respuestas, están los conductores de diez carros civiles y tres camiones de carga que el 5 de abril quedaron varados -al igual que los agentes a bordo de las dos patrullas que llegaron ayudarlos-, en las inmediaciones del poblado del Hongo en Tecate, cuando delincuentes arrojaron poncha-llantas en la carretera, mientras los residentes informaban que no era la primera vez que ocurría.
Tan inseguras son las carreteras, que algunas fábricas extranjeras trasladan sus tractocamiones en convoyes custodiados por elementos de diversas corporaciones, al igual que Petróleos Mexicanos con las pipas cargadas de gasolina.
Similar indefensión padecen los comerciantes que integran la cadena productiva de pescados y mariscos, incluidos los restaurantes en el puerto de Ensenada, que deben pagar piso a los mafiosos sinaloenses. Situación que se está replicando en Rosarito, de acuerdo a denuncias recientes recibidas por este Semanario.
Vale recordar que la mañana del 26 de febrero, Tijuana amaneció con una alerta del Consulado de Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten visitar la ciudad, luego que un grupo de sicarios protagonizara una balacera de 10 minutos contra una casa en el residencial Rincón Toscana en Cumbres de Juárez, zona dorada en la cual residían miembros de esa representación diplomática.
Los tiroteos en las inmediaciones de hoteles y vinícolas del Valle de Ensenada se han replicado los últimos tres años, como la ocurrida en Casa Frida en abril de 2023. O en noviembre de 2022, cuando un grupo de criminales del cártel sinaloense se apoderaron de ranchos en La Rumorosa, asesinaron a Fernando, un joven trabajador del sector médico y lesionaron a sus amigos, una maestra y un fotógrafo, quenes habían acudido a Tecate para tomarse una foto en la calle Jaime Maussan después de asistir al UFO Fest y ser confundidos con delincuentes por los mafiosos.
Tras cinco años de la política nacional lopezobradorista de “Abrazos, no balazos”, la irresponsable versión de “se están matando entre ellos” quedó superada, mientras aumenta el número de víctimas mortales de personas no implicadas directamente en la vida criminal.
Tratándose de Baja California, la violencia alcanza niveles vergonzosamente superiores. Aunque en los últimos dos años los homicidios se han reducido en un 5 por ciento y decenas de homicidas han sido detenidos, los resultados no pintan en una entidad federativa que en su primer cuatrimestre reportó 874 muertes violentas, de las cuales 679 se cometieron en Tijuana y 54 en Ensenada.
En marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no se enfrentará a los cárteles mexicano por órdenes de Estados Unidos y se respeta su postura “soberana”, pero tiene el deber de hacerlo para proteger la vida, los empleos, las empresas honestas y la economía de sus gobernados que están siendo atacados. Obligación que comparte con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y los alcaldes morenistas, quienes ante las evidencias, en materia de seguridad tienen una enorme deuda con la sociedad.
