Sin inversión en pluviales, en reposición y mantenimiento del sistema eléctrico, BC enfrentará tormentas con agua y vientos por arriba del promedio
Vientos con rachas de 70 a 90 km/h con tolvaneras, probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas y “lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)”, -2 pulgadas, dijeron funcionarios locales-, es lo que, de acuerdo al pronóstico, traerá el frente frío número 32 y una nueva vaguada polar entre el 1 y 5 de febrero a Baja California.
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José Luis Rodríguez, investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), dijo a ZETA que, por el cambio climático, lo pronosticable es que tormentas de los siguientes meses sigan por arriba del promedio.
Eso significa mucho viento y cantidades desbordantes de agua para una entidad federativa que en los últimos diez años ha dejado de invertir en pluviales y mantenimiento del servicio de electricidad, mientras sus municipios se llenan de nuevos residentes y fraccionamientos, algunos construidos irresponsablemente contra las leyes de la física y la naturaleza.
Es común que de las inundaciones en colonias, las autoridades responsabilicen a los ya no tan atípicos fuertes vientos que tumban postes y colapsan transformadores o circuitos, y a la basura -se han extraído más de 30 toneladas de los drenes- que taponea los drenajes, pluviales y sanitarios, tirada irresponsablemente por ciudadanos sucios en lugares prohibidos. Tienen parte de razón, ya que, de acuerdo a la Ley, esa población debería ser multada y sancionada, pero eso tampoco ocurre.
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Entonces, si de repartir culpas se trata, ciertamente el mayor porcentaje se lo llevarían los funcionarios que reciben sueldos para limpiar, dar mantenimiento e invertir en obras preventivas que contribuyan para evitar tragedias.
De hecho, los recibos de las comisiones de agua y luz incluyen un apartado en el que le cobran a los usuarios por el mantenimiento de obras o sistemas, dinero que se ignora a dónde va a dar.
La tormenta del lunes 22 de enero, que dejó a 41 mil 925 usuarios sin servicio de electricidad, nos permitió saber que, para atender emergencias, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta en Baja California con 18 grúas, 30 pick-ups, seis plantas de emergencia y 72 electricistas, personal que labora en equipos de cuatro. Significa que son 18 grupos para todo BC, lo que explica por qué algunas colonias tardaron dos, tres o más días en recuperar el servicio.
La CFE podría subcontratar personal y equipo a la iniciativa privada para acelerar los procesos de reparación y mantenimiento, pero no tienen recursos porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha concentrado el dinero de los mexicanos en sus magnas obras, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, etcétera; y los 2 mil 600 millones de pesos de inversión en infraestructura eléctrica para Guerrero, donde tampoco están dando buenos resultados tras el huracán Otis.
El asunto es que en Baja California la población creció de 3.1 millones de habitantes en 2010, a 3.7 millones de ciudadanos en 2020, lo que resulta en un 19.45%, muy por encima del 3% del aumento que hubo en la planta de personal de la CFE en el mismo periodo, esto dicho por ex funcionarios bajacalifornianos de la misma Comisión.
Durante 2023, la CFE anunció que en Baja California programó “… una inversión de 151.65 millones de pesos para fortalecer la infraestructura eléctrica y optimizar los trabajos de mantenimiento”, con lo que aseguraron, logró la reducción de “la frecuencia de las interrupciones en un 15% y disminuyó en un 10% su duración”, esto, publicado en un comunicado el 11 de septiembre, en el cual presumieron reinstalaciones del servicio en 16 y 24 horas. Sin embargo, estos tiempos fueron mucho más prolongados en varias zonas en la pasada tormenta.
En el informe de cinco años de gobierno, la CFE reportó que invirtió 9 mil millones 329 mil dólares en 35 proyectos en Chiapas, Yucatán, Michoacán Hidalgo, Sinaloa y Sonora.
Será en el caso de la Central Fotovoltaica Rafael Galván en Puerto Peñasco, Sonora, donde finalmente BC, el sexto año y de segunda mano o de rebote, tendrá beneficios, “ya que interconectará el sistema aislado de Baja California con el sistema interconectado nacional”, lo que sucederá cuando se concluya la segunda etapa programada para el próximo mes de junio. Eso dará acceso a más energía, pero no solucionará los problemas ni el enorme rezago en reposiciones y mantenimiento a las líneas que dan servicio a 1.37 millones de hogares bajacalifornianos.
En cuanto a las inundaciones y falta de infraestructura pluvial, esta semana, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda habló de invertir mil millones de pesos en Mexicali y otro tanto en Tijuana, pero no especificó el monto. En la misma ciudad, la alcaldesa Montserrat Caballero reconoció la insuficiencia y señaló que se requieren como más urgentes, cinco desarenadores en las zonas Este, Sureste y Oeste, independientes de los 69 millones de pesos que ya se programaron para invertir en los pluviales de Los Laureles y Cuenca Cañón del Matadero. Pero esto aún está en discursos, promesas y planes.
Mientras tanto, como el gobierno estatal aconsejó a la ciudadanía: no tire basura en los pluviales ni en el drenaje cuando llueva, no salga si no es necesario, no intente circular por arroyos y zonas inundadas, reporte afectaciones… y aproveche las campañas electorales, reclame el cumplimiento a los funcionarios, a los partidos, a los candidatos, como particulares y como asociaciones.
Hay vidas en riesgo y están obligados a responder, porque las tormentas con vientos fuertes e importantes cantidades de agua continuarán, y los municipios bajacalifornianos no están preparados.
Es necesario invertir en mantenimiento y reposición de postes, cables, transformadores, en infraestructura pluvial para separarla del sistema del alcantarillado en las ciudades, etcétera. Inversión que no ha sido programada ni anunciada para 2024, así que las inundaciones, deslizamientos y apagones serán la constante para los bajacalifornianos por lo que queda del invierno, hasta el 19 de marzo de 2024 y frente al cambio climático, los siguientes años.
