Cobro de piso: “La autoridad debería hacer un trabajo de inteligencia por oficio para atacar todos esos delitos”: Canainpesca
El delito de cobro de piso o narco rentas, crece exponencialmente y se agrava en Baja California. Las fiscalías, las policías, los alcaldes y la gobernadora, todos han sido informados de la gravedad del problema, pero han decidido voltear a otro lado.
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Todavía más: han decidido responsabilizar a los ciudadanos, a los comerciantes honestos porque las denuncias que han presentado de manera general y anónima, por el miedo a ser asesinados y no las han hecho formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Pero como expuso esta semana Gina Villalobos, titular de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Tijuana: “Vivimos en un Estado, una ciudad, donde todos los días hay eventos de alto impacto, homicidios múltiples sin resolver, donde la autoridad es incapaz de detener y sancionar a victimarios que ni siquiera pertenecen a ningún cártel, ¿cómo le podemos decir que en su caso el gobierno sí lo va a proteger? Es lógico que las personas conciban como una realidad que no sólo no van a tener justicia si denuncian, sino que, la consecuencia de denunciar, será perder la vida o por lo menos tu patrimonio”.
Sin embargo, los hechos indican que las autoridades han decidido esperar hasta que los ataques contra los empresarios sean todavía más graves, como si no pudieran tomar ejemplo de lo que está sucediendo en otros estados.
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Como en los principales municipios de Guerrero o Estado de México, donde criminales pasaron de las golpizas y destrucción de propiedades de los extorsionados, a los incendios de locales, obstrucción de carreteras y la quema de autos. Parece que las autoridades bajacalifornianas han decidido que será más cómodo si se hacen de la vista gorda.
En Guerrero se les fue de las manos y terminaron solicitando la intervención de la Guardia Nacional, Marina y Ejército, que debido al empoderamiento y fortalecimiento que permitieron a los cárteles, de poco ha servido.
O en el Estado de México, donde el Congreso finalmente en diciembre pasado decidió hacer algo y modificar el Código Penal para aumentar la penalidad contra este delito de 7 a 15 años de cárcel. No es mucho, no es la solución, pero al fin se están moviendo.
“La extorsión se dirige con total impunidad; es un impuesto ilegal e inmoral que cobra por el derecho a trabajar y fondea a las pandillas delincuenciales que azotan a 75% del territorio nacional, con un saldo rojo púrpura”, reclamaron desde la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) en su primer informe trimestral 2023.
A través del cobro de piso, de la instalación de retenes para cobrar por transitar, las extorsiones telefónicas y la venta de “seguridad” contra cárteles contrarios, los criminales afectan hasta el 80% de las ventas y se llevan hasta el 20% de las ganancias de comercios grandes y pequeños.
La información de la ANPEC publicada por Publimetro evidenció las tarifas en algunos estados: Guerrero, el más alto, con cobros hasta por 50 mil pesos; Aguascalientes, de mil a 50 mil pesos; Ciudad de México, de 300 a 25 mil pesos; Coahuila, de 2 mil a 25 mil pesos; Chihuahua, de 15 mil a 20 mil pesos; Jalisco, de 3 mil a 20 mil pesos; y Tabasco de 500 a 20 mil pesos. Son sólo algunas entidades federativas, pero sucede en todo el país en mayor o menor medida.
En Baja California, los pocos comerciantes que se han atrevido a denunciar y hablar de cantidades, mencionaron pagos de 2 mil a 200 mil pesos mensuales.
También el año pasado, el Laboratorio de Comercio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que al controlar la producción y precios de los alimentos, los cárteles agravan la inflación porque suman 50% al precio de los productos.
Como en Ensenada, que en total impunidad, a pesar de conocer el problema, las autoridades están permitiendo que el Cártel de Sinaloa, determine la producción, distribución, ventas y precios de los productos del mar. Pero van contra todos: tortilleros, abarroteros, salones de belleza, panaderías, expendios de cerveza, gasolineros, pescadores, lancheros, restauranteros.
“Han mostrado interés en las rutas del transporte público, incluso fija tarifas de hoteles de Gran Turismo”, alertaron desde el Laboratorio de Comercio de la UNAM.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila, su fiscal María Elena Andrade y los alcaldes de los municipios más afectados, Montserrat Caballero en Tijuana, Armando Ayala en Ensenada, Araceli Brown en Rosarito y Dario Benítez en Tecate, están obligados a cumplir con su obligación de proteger la seguridad física y económica a los comerciantes afectados.
Esperar a que suceda lo mismo que en Guerrero, Michoacán o Chihuahua, donde cientos de empresarios quebraron, generando amplias áreas de inseguridad con zonas completas convertidas en cementerios de comercios cerrados y vandalizados, o que los criminales tomen el control total de la cadena de producción del pan, de la tortilla o de los cultivos, es una irresponsabilidad criminal por la que deberían ser sancionados.
“Hay delitos que ya están ahí: el incendio de un restaurante, el incendio de una pescadería, la agresión a distribuidores. La autoridad no debería necesitar que el afectado vaya y haga una denuncia y lleve los nombres y direcciones. La autoridad debería hacer un trabajo de inteligencia por oficio para atacar todos esos delitos”, reclamó en justicia Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Ensenada.
