El alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, solicitó al Congreso del Estado una ampliación de la desaladora del principal destino turístico de Baja California Sur, esto como medida para contrarrestar el déficit de agua que hay en el municipio.
A pesar de que ya había acuerdos con autoridades de la Dirección de Transporte de Los Cabos, conductores de Uber denunciaron que siguen siendo víctimas de los inspectores. Por ello, como protesta realizaron bloqueos en la carretera de Cabo San Lucas y en el corredor turístico de San José del Cabo.
Aunque el cambio de gobierno municipal representaba una esperanza para trabajadores de servicio de transporte privado en Los Cabos, el ayuntamiento que ahora encabeza Óscar Leggs Castro, rompió la tregua y reinició la cacería de Uber en el principal destino turístico de Baja California Sur.
El Ayuntamiento de Los Cabos anunció con bombo y platillo el inicio de la cruzada nacional por el agua, exhibiendo por medio de un boletín la reunión entre autoridades municipales y representantes de la empresa Eroagua, cuyo representante es Manuel García Soto, director de Fisamex, empresa denunciada por cobros ilegales a empresarios y triangulación de pagos millonarios del gobierno estatal de Baja California.
Continuando con los ajustes de inicio de año, el Cabildo del XIV Ayuntamiento de Los Cabos aprobó en sesión pública un incremento del 5% a las tablas de valores unitarios de suelo, construcciones y vialidades especiales a partir del presente ejercicio fiscal 2022, esto representa un aumento al Impuesto Predial durante este año a las y los habitantes del principal destino turístico de Baja California Sur.
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“¿Se acabó la alianza entre Morena y Partido del Trabajo (PT)?”. Fue la pregunta que surgió luego de que el pasado 14 de octubre, el diputado petista presidente de la Mesa Directiva, Christian Agúndez Gómez, lanzara desde tribuna una serie de cuestionamientos y acusaciones contra el gobierno de Los Cabos que encabeza Óscar Leggs Castro.
En Baja California Sur se vivió una jornada de tomas de protestas de nuevos presidentes municipales, un cambio de administración marcado, presuntamente, por la “austeridad republicana” y los recortes de personal y sueldos, a petición expresa del gobernador Víctor Castro Cosío.
