Las instalaciones del Poder Legislativo de Baja California Sur se llenaron de artesanos del municipio de Los Cabos, que se unieron para levantar la voz y exigir a los representantes populares que intercedan por ellos ante una serie de atropellos a sus derechos humanos por parte de corporaciones policiacas.
Desde el Congreso del Estado exhibieron que son víctimas de detenciones arbitrarias por parte de elementos de la Policía Municipal en el principal destino turístico de Baja California Sur.
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Haciendo eco de la protesta, la diputada de Morena, Eufrocina López Velasco, tomó la tribuna de la XVI Legislatura para exigir un alto a las corporaciones policiacas; asimismo pidió un espacio digno para que las y los artesanos puedan desempeñar su trabajo sin restricciones ni abusos.
Expuso que, en lo que va de este año, han documentado por lo menos 15 casos de detenciones sin fundamento contra artesanos, todas cometidas por policías municipales.
“Esta última vez que iban a detener a seis compañeros y compañeras, la multa iba a ser de cinco mil 180 pesos. Yo tuve que hablar con el abogado para decir que no es justo; fue como las compañeras y los compañeros salieron sin pagar ni un peso. Cuando nadie habla por ellos, pagan arriba de cinco mil 180 pesos; creo que es injusto porque es la multa, ser perseguido. La comida y los niños y la salud, ¿dónde quedan?”, argumentó.
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Señaló que las personas que se dedican a la venta de artesanías y prestación de servicios en playas y espacios públicos son tratadas como delincuentes por los tres órdenes de gobierno, no obstante, el Congreso del Estado exhortó directamente al Ayuntamiento de Los Cabos para que respete y garantice los derechos humanos de las y los manifestantes.
También solicitaron al Ayuntamiento de Los Cabos que convoque a los artesanos para que sean debidamente asesorados en el procedimiento para obtener su licencia y que puedan ejercer su actividad comercial de forma legal y libre.
Estiman que son alrededor de 800 personas de distintos orígenes, dedicadas a la venta de artesanías con permiso expedido por parte de autoridades federales, mientras que son más de mil 200 vendedores que residen en Los Cabos y que no cuentan con una autorización ni la asesoría correcta para que logren obtenerla.
“Ejercen el comercio de la forma más costosa, pues son multados de manera cotidiana, pagan recargos por carecer de permiso y almacenaje para poder recuperar su mercancía que les es recogida”, mencionó.
La legisladora mencionó que en 1996 trabajaba como vendedora en las playas de Los cabos, periodo en el que, asegura, también la persiguieron autoridades municipales por ejercer esta labor.
“Ahorita estamos en 2023, no puede ser posible que se sigan violentando los derechos humanos. Aquella vez la voz de la mujer, de las niñas y de los niños, era invisible prácticamente; ahora los compañeros y las compañeras indígenas tienen representatividad, por lo tanto es momento de trabajar en este tema tan vulnerable y voluble”, declaró.
