Un grupo de ciudadanos vecinos del Club Campestre de Tijuana convocó a una protesta contra el intento de expropiación del icónico lugar por parte de la administración de Jaime Bonilla Valdez, al considerar que la intención del actual gobierno atenta contra la propiedad y violan el Estado de Derecho.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Gobierno de Baja California debe aclarar un monto total de 71 millones 136 mil 841.24 pesos por la ejecución de tres programas en materia educativa, de recursos federales.
