Por unanimidad del Cabildo de Rosarito, se aprueba la reforma constitucional que crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, convirtiéndose en el cuarto y último municipio necesario para concretar la reforma.
Pretendían gastar 5.2 millones de pesos en libros y 4 millones más para mantenimiento de edificios, entre ellos, el ubicado en el World Trade Center de Tijuana, el cual es un edificio rentado.
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, afirmó que “por congruencia no” apoyará la reforma sobre la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California. Explicó que en 2019 ella misma impulsó la iniciativa para desaparecer esa instancia, cuyas tareas fueron absorbidas por la Fiscalía General del Estado.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuestionó que dos diputadas se salieron de la sesión y que nadie presentó una postura seria en contra de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Después de reconocer que cada uno de los cinco municipios tiene territorios entregados a grupos criminales en los que la autoridad no está cumpliendo, el fiscal general de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, asegura que la institución a su cargo está haciendo su parte: “Creo que si seguimos como vamos, podremos lograr un Estado con menos homicidios. Somos de los únicos estados que se vive con paz”.
En septiembre de 2020, David Ornelas Barrios, Salvador Zepeda Solano y Jesús Alberto Castañeda Nario, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), fueron asegurados por -presuntamente- secuestrar a un empresario de Mexicali.
Como parte del inicio de trámites, para la entrada en funciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, instancia que quedará a cargo de la Guardia Estatal de seguridad e investigación, este 4 de noviembre, Carlos Alberto Flores, (GESI) solicitó vacaciones y en su lugar fue nombrado como encargado, Gabriel Gálvez, elemento cercano al futuro secretario Ricardo Carpio.
El 3 de noviembre pasado, Carlos, padre de familia de dos niños presentó una denuncia penal contra Ampelio Iñíguez Arellano, secretario general de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda derivado del paro de labores que el magisterio lleva a cabo en demanda de que le sean pagadas prestaciones que les adeuda el gobierno estatal.
