Aquellos que defienden la regulación, sostienen que la prohibición penal vulnera la autonomía de la persona y, desde luego, su derecho a la dignidad que debe de entenderse no solamente como una limitante a la existencia biológica, sino que abarca el inalienable que tiene el enfermo para decidir sobre su cuerpo y el final de la vida, especialmente cuando tiene que enfrentarse a un sufrimiento irreversible sin posibilidad alguna de cura.
El proyecto busca evitar el uso de fosas comunes mediante 896 nichos individuales, asegurando un manejo digno de las personas no reclamadas
Con el objetivo...
Hablar de derechos humanos es hablar de la dignidad humana, y por ende, de una serie de presupuestos, inalienables e imprescriptibles en beneficio de toda persona.
El reconocimiento de los derechos humanos en las normas vigentes ha implicado un cambio de paradigma en las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, para constituir una garantía legal que asegura la dignidad de las personas.
Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y Doctor en Derecho por la UNED de España. Tiene un Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile.
Es importante que todas las mujeres, particularmente aquéllas que no sean especialistas de las ramas jurídicas, conozcan sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género.
Es importante que todas las mujeres, particularmente aquéllas que no sean especialistas de las ramas jurídicas, conozcan sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género.
Las personas impartidoras de justicia, sin mayor distinción, tienen la facultad discrecional para allegarse de oficio -sin que sea solicitado- de las pruebas necesarias para conocer la verdad sobre los hechos bajo su jurisdicción.
La responsabilidad de las personas juzgadoras para cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, se fundamenta en la obligación general de garantizar el derecho a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género” y, de acuerdo con la jurisprudencia en la materia, la persona juzgadora deberá, en principio, identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes.
