“En la actualidad ya no hay contratos con estas empresas, o sea, ahí está el contrato, las facturas, los correos electrónicos, pero él simplemente lo niega. Aunque ahí están las pruebas, nos vuelve a recetar la mentira”, criticó
Actualmente se han emitido 15 resoluciones en contra del Estado mexicano; la primera data del 3 de septiembre de 2004 y corresponde al caso de Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México, por presuntos actos de tortura cometidos para obtener la confesión de un homicidio.
Visiones sesgadas y particulares entre la FGE y el funcionario Miguel Bujanda, tienen en un brete al Servicio Médico Forense, donde los cuerpos se desbordan en un trato indigno. Falta panteón forense
Según un informe del Banco Mundial, más de 1,000 millones de personas vivimos la discapacidad en el mundo; aproximadamente el 15 % de la población mundial.
El 5 de septiembre próximo, el Tribunal Pleno discutirá la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, así como el Amparo en Revisión 355/2021.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California, emitió una recomendación por la serie de omisiones gubernamentales que derivaron en el caso de feminicidio de Lucero Rubí Ojeda Huerta, de 29 años, en el municipio de San Quintín.
Aún recuerdo a Medina en aquella febril mañana de primavera de 1971, avanzando al frente de la masa de estudiantes que querían rescatar el Edificio Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa:
Continúa la discusión sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa en México, la cual ha sido ampliamente violatoria a los derechos humanos y ha destruido el principio sobre el cual se sustenta el Sistema Penal Acusatorio en México, en el que injustamente muchas personas se encuentran en calidad de detenidos y, consecuentemente, privados de su libertad como si ya tuvieran una sentencia dictada en su contra y cuya defensa agotó todos los recursos para combatirla.
La educación como derecho humano se encuentra protegida en los instrumentos internacionales más importantes, tanto en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
