Este miércoles 7 de diciembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos compareció ante el Congreso de Baja California, exponiendo el Proyecto de Ley de Egresos de la institución para 2023. En él, se solicitó un aumento de 14.32%, siendo el monto de 49 millones 589 mil 680.18 pesos “para cubrir las necesidades básicas del organismo”.
“Este proyecto de presupuesto tiene un enfoque en derechos humanos, perspectiva de género; intercultural e interseccional, específicamente dirigido a los grupos de atención prioritaria de la entidad”, declaró Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente dela CEDHBC.
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Cabe mencionar que en 2021 también se autorizó un incremento a la comisión por un millón 200 mil pesos, que correspondió al 3% del mismo año y para el ejercicio fiscal de 2022, dando un monto de 43 millones 377 mil 232.67 pesos, lo que significa un aumento de 6 millones 212 mil 447.51 pesos para 2023.
Según el proyecto presentado se contempla distribuir el monto total de la siguiente manera, para servicios personales 41 millones 182 mil 368.11 pesos; para materiales y suministros un millón 418 mil pesos, para servicios generales 6 millones 71 mil 472.07 pesos; para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 30 mil pesos, mientras que para bienes muebles, inmuebles e intangibles 887 mil 840 pesos.
“La expectativa es que para el próximo año podamos entregar una gestión que haya crecido en estos términos porcentuales y entregar una institución fortalecida y con mayor presupuesto”, justificó el ombudsperson.
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En el informe también se notificó la entrega de plazas de confianza contempladas para el siguiente año, siendo las mismas que las de 2022, para la Presidencia 8, la Dirección General de Administración y Finanzas 13, para la Visitaduria General 63, la Dirección de Quejas, Control y Seguimiento 16, para la Secretaría Ejecutiva 19 y para la Secretaría de los Derechos de las Mujeres y Perspectiva de Género 2.
El presidente de la comisión informó que durante estos casi tres años de su gestión se han concluido más de 13 mil expedientes de investigación que se encontraron al inicio de su administración y se reestructuró la Visitaduria General, sin embargo, recordó que la posición del Consejo Consultivo, órgano interno de control continúa acefala.
“Este año llegamos a impactos reales de actividades indicadas, de prevención, atención y capacitación a más de 42 mil personas en el estado; también tenemos un papel más predominante en todos los instrumentos de gobernanza de la entidad y de los municipios, los sistemas que atienden la alerta de violencia de género, los sistemas de protección a niños; y los mecanismos de protección y defensa a periodistas. Este año solamente tenemos 6 observaciones que estamos atendiendo, dos de ellas ya solventadas, y las otras cuatro con esfuerzos y este proyecto de presupuesto ya no serán motivo de observación, para el próximo año fiscal entregar una institución como se comprometió su titular para entregar una institución sin observaciones y con un rezago muy mínimo en materia de investigación”, comentó Miguel Mora.
Respecto a lo expuesto, el presidente de la CEDHBC fue increpado por los diputados sobre a cuánto asciende la deuda por falta de pago del impuesto sobre la remuneración al trabajo personal subordinado y cuál es el plan de aprobarse el monto solicitado.
En respuesta, Mora Marrufo dijo que en 2015 cuando hubo la modificación de la procuraduría de la comisión, la institución se recibió con más de 25 demandas laborales lo que derivó en una serie de laudos que se han intentado subsanar en las últimas dos gestiones, quedando tres pendientes, dos de las cuales suman un monto de 2 millones 300 mil pesos.
Además, el ombudsperson dió a conocer que el monto total de las rentas de las oficinas de la comisión asciende a más de 2 millones 260 mil de pesos mensuales.
Por último, Miguel Mora se despidió dando un mensaje final “la única agenda que nos motiva es la defensa de las personas; ojalá que se nos pueda aprobar este presupuesto y que esto siga fortaleciendo a la institución”.
En dicha sesión también comparecieron la licenciada Ana María Contreras, directora general en Administración y Finanzas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; la contadora Marisol García, jefa de la Unidad de Recursos Financieros; y el maestro Jorge Ochoa, secretario ejecutivo de la comisión.
