Con el pretexto de “acabar con las pensiones doradas” se aprobó la reforma el artículo 127 constitucional y se estableció como tope para el pago de pensiones “el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal”, porcentaje establecido de manera arbitraria y sin fundamento alguno, nomás porque pueden.
Antes de ser cuestionada en la conferencia matutina, la gobernadora Marina del Pilar Ávila quiso responder a las declaraciones y acusaciones en su contra hechas por el ex gobernador Jaime Bonilla.
Después de la seudopandemia, millones de jóvenes ya no regresaron a estudiar y muchos adultos dejaron de trabajar. Y para rematar, después del odiado Calderón ya no tuvimos presidentes bilingües, puros burros.