La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respaldó el 24 de abril de 2026 el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer una agenda de trabajo conjunta en materia de seguridad nacional, luego de la controversia generada por la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados en territorio chihuahuense sin conocimiento de las instancias federales.
En un pronunciamiento público, la mandataria panista afirmó que los distintos niveles de gobierno deben colaborar estrechamente al margen de filiaciones partidistas para garantizar la integridad de las familias mexicanas y el cumplimiento del marco legal vigente. “Reconocemos y acompañamos el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar juntos”, expresó Campos Galván, quien subrayó que dicha disposición es “indeclinable” para su administración estatal.
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Como parte de este acercamiento institucional, la gobernadora se reunió con Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, para entregar los avances de las investigaciones sobre el operativo realizado en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. “Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el estado de derecho en nuestro país. Sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”, señaló la titular del Ejecutivo estatal.
El conflicto entre los gobiernos federal y estatal escaló tras la muerte de dos agentes estadounidenses y dos policías ministeriales locales en un accidente vial en la Sierra Tarahumara, incidente que expuso la participación de elementos externos en el desmantelamiento de narcolaboratorios en la entidad. La presidenta de la República había cuestionado públicamente la falta de respuesta a sus llamadas por parte de Campos Galván y criticó que las autoridades chihuahuenses vulneraran la Ley de Seguridad Nacional al actuar de manera independiente frente a un gobierno extranjero.
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Sheinbaum Pardo informó en su conferencia matutina que la comunicación con Chihuahua se mantendrá exclusivamente a través de la SSPC para supervisar los procedimientos legales de cooperación internacional. La mandataria estatal, por su parte, agradeció la apertura de la Federación y la disposición del titular de la SSPC Federal para revisar los avances del caso, y reiteró su compromiso de mantener comunicación constante con el Gobierno de México.
En el plano legislativo local, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Chihuahua frenaron ese mismo 24 de abril de 2026 la solicitud de la bancada de Morena para que Campos Galván compareciera ante el Congreso local a fin de dar explicaciones sobre la presencia de agentes extranjeros en operativos estatales y la muerte de dos de ellos en la entidad. La petición, presentada mediante un punto de acuerdo por la diputada Elizabeth Guzmán Argueta en representación del grupo parlamentario de Morena, fue desechada con 17 votos en contra.
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Guzmán Argueta argumentó que los hechos no pueden considerarse aislados, ya que ponen en duda la soberanía nacional y la legalidad en el ejercicio del poder público. “Nuestra legislación es clara: desde la Constitución se establece que los estados de la Federación no pueden, bajo ninguna circunstancia, celebrar convenios, acuerdos o tratados con gobiernos extranjeros. Es decir, la Gobernadora no tiene facultades para realizar, por cuenta propia, ningún tipo de arreglo con otro país, y menos aún con uno que recientemente ha agraviado a México”, afirmó la legisladora morenista.
La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño cuestionó la decisión de los legisladores del PRI y del PAN al señalar que “los diputados locales del PRIAN en Chihuahua protegieron a su gobernadora María Eugenia Campos, bloqueando la petición para que compareciera frente a nuestro pueblo”. La funcionaria morenista planteó también si la mandataria estatal buscará eludir la rendición de cuentas en el ámbito federal, en medio de los extrañamientos de la Cancillería mexicana y los citatorios del Senado de la República para que explique el caso.
