La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el 29 de julio de 2026 que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si abre una investigación contra Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, por presuntos vínculos con la organización criminal de los hermanos Arellano Félix, señalamientos que provienen de una declaración ministerial rendida en 1993 por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y de una publicación difundida en 2017 por el ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
“Que la FGR vea si es necesaria una investigación”, respondió la mandataria nacional durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, al ser cuestionada respecto al expediente en el que el entonces detenido atribuyó al gobierno estatal encabezado por Ruffo Appel la protección de esa estructura criminal.
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La titular del Poder Ejecutivo Federal expuso ante los medios la publicación que Calderón Hinojosa difundió en la red social X el 10 de octubre de 2017, en la que afirmó: “Ruffo dilapidó esa gubernatura; él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”. La presidenta de la República estableció una equivalencia entre ese mensaje y lo asentado en las declaraciones ministeriales de 1993.
“Pues ya la Fiscalía que en todo caso revise si es pertinente una investigación o no, pero si se fijan es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe Calderón. Pero bueno, ya la Fiscalía determinará si esto tiene alguna base”, declaró la mandataria nacional.
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Al preguntársele si haría un llamado directo para que se abriera la indagatoria, Sheinbaum Pardo remitió la decisión a Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR: “Ya que lo defina la fiscal”, respondió.
Las declaraciones de Guzmán Loera corresponden al expediente AR1132/93 de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), integrado tras la primera captura del narcotraficante en junio de 1993. Según ese registro, el detenido sostuvo que la llegada de la oposición a la gubernatura de Baja California no desmanteló las estructuras de corrupción preexistentes y afirmó que a los hermanos Arellano Félix los protegían el gobernador y el procurador del estado.
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En la misma declaración, Guzmán Loera describió una relación de carácter empresarial y familiar. Afirmó que un hermano del entonces mandatario estatal, a quien identificó como Roberto Ruffo Appel, figuraba como socio de una constructora de los hermanos Arellano Félix, con obras en un fraccionamiento de Guadalajara, Jalisco, y como socio de una cadena de farmacias en Tijuana, Baja California.
Sheinbaum Pardo vinculó el mensaje de 2017 con lo que calificó como una contradicción en la postura del ex presidente panista, quien salió públicamente en defensa de Ruffo Appel tras su detención por el presunto esquema de contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal y acusó al Gobierno Federal de ejercer una persecución política.
“Hablando de la guerra contra el narco, ¿por qué no pones las publicaciones de Calderón en 2017 con relación a un caso 10 del 10 del 17? Eso pensaba. Oiga, me recordaba Jesús que había una denuncia por parte de Carpizo cuando fue procurador. Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación, ¿no? Diciendo puede haber diferencias. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia”, expresó la presidenta de la República.
El ex gobernador de Baja California permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras su detención el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California. Fue vinculado a proceso el 23 de julio del mismo mes y año, junto con otras siete personas, por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos.
La FGR ha descrito el entramado investigado como la mayor red de contrabando de hidrocarburos operada por vía férrea detectada en el país, con un daño a la hacienda pública que la institución busca acreditar por encima de los 4 mil millones de pesos, pese a que la imputación formal se limita hasta ahora a 166 millones 466 mil 735.26 pesos. La dependencia ha integrado 96 datos de prueba en la carpeta.
En la misma conferencia, la titular del Poder Ejecutivo Federal declinó pronunciarse respecto a los acuerdos alcanzados entre Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y las autoridades de Estados Unidos, y remitió el tema al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
