La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió el 27 de abril de 2026, durante su conferencia matutina, a los reportes que señalan que el Gobierno de Estados Unidos prepara una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado, y exigió que cualquier proceso de esa naturaleza esté respaldado por evidencias verificables. “Lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras”, afirmó la mandataria nacional.
La respuesta de Sheinbaum Pardo se produjo tras la publicación de un reportaje del diario Los Angeles Times, según el cual la administración del presidente Donald Trump prepara una ofensiva que podría ir más allá de la cancelación de visas e incluir acusaciones formales ante tribunales federales estadounidenses contra funcionarios mexicanos señalados de tener nexos con organizaciones del crimen organizado. La señal más explícita del plan provino de Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México, quien durante la ceremonia del proyecto Pacífico Mexinol, celebrada en Sinaloa, declaró que era posible que próximamente se observaran avances importantes en ese ámbito y llamó a estar atentos.
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La presidenta de la República fue enfática en que la lucha contra la corrupción en México le corresponde al Gobierno mexicano, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, y no a Washington. “Igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios estadounidenses en Estados Unidos. No es un asunto solo de México”, señaló Sheinbaum Pardo. La titular del Poder Ejecutivo Federal agregó que su administración no protegería a ningún funcionario si existieran evidencias en su contra, pero subrayó que dichas pruebas deben ser revisadas por las autoridades competentes.
Para ilustrar su postura, la mandataria nacional recurrió al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quien fue detenido en 2020 por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. bajo cargos de narcotráfico. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Trump y al Gobierno de EE.UU. toda la información disponible respecto al caso, y la respuesta fue que no había pruebas suficientes para sostener los cargos. Cienfuegos Zepeda fue devuelto a México, la FGR investigó el expediente y concluyó que no existía delito que perseguir.
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La presidenta de la República también advirtió que la exigencia de rendición de cuentas debe ser bilateral. Señaló que México lleva tiempo solicitando a EE.UU. la extradición de dos empresarios con doble nacionalidad vinculados al llamado huachicol fiscal —contrabando de combustibles— sin haber obtenido resultados. “Nosotros también pedimos que se entregue a México a empresarios que se dedicaban a una ilegalidad. Y todavía no hay resultados”, subrayó Sheinbaum Pardo.
En cuanto a Johnson, la mandataria nacional reconoció que hasta la fecha ha mantenido una relación diplomática y cordial con el Gobierno mexicano, y que ha sido útil en materias como el agua y el transporte. No obstante, advirtió que si se confirmara una estrategia injerencista por parte del Gobierno de EE.UU., su administración lo haría saber a través de los canales correspondientes.
