La Administración del presidente Donald Trump prepara una amplia campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, según reportó el diario Los Angeles Times el 26 de abril de 2026. El reporte señala que, al igual que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también le fue revocada su visa estadounidense desde el año anterior.
Según fuentes anónimas citadas por el diario californiano, la ofensiva podría ir mucho más allá de la cancelación de visas —sanción que hasta ahora había sido el instrumento tradicional contra funcionarios sospechosos de colusión con cárteles— e incluiría la acusación formal de políticos mexicanos ante tribunales federales de EE.UU. Las fuentes indicaron que entre los posibles señalados figurarían integrantes del partido Morena, fundado bajo una plataforma de cero corrupción.
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El reporte del Los Angeles Times vinculó el inicio de esta campaña con las declaraciones que formuló el embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, el 23 de abril de 2026 en Los Mochis, Sinaloa, durante la colocación de la primera piedra de la planta de Mexinol, proyecto con una inversión estadounidense de 3 mil 300 millones de dólares. El gobernador Rocha Moya tenía previsto participar en el evento, pero una manifestación le impidió sumarse a la ceremonia; el diplomático estadounidense se trasladó con los ejecutivos a un hotel, mientras que el mandatario estatal permaneció dialogando con los manifestantes.
En ese acto, Johnson advirtió que la corrupción y la extorsión son incompatibles con la inversión. “El mensaje es claro: donde la integridad es fuerte, la inversión crece; donde no la hay, se pierden las oportunidades. Por eso, el USMCA exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos. Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”, declaró el diplomático ese día.
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Según las fuentes consultadas por el diario, esas palabras no fueron una declaración protocolar sino el anuncio velado de una ofensiva de mayor alcance. El Los Angeles Times apuntó que la medida podría sacudir los vínculos bilaterales en pleno proceso de revisión del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC).
La revelación sobre la visa de Rocha Moya se produce en el contexto de la revocación ya conocida del documento migratorio a Ávila Olmeda, lo que sitúa a dos gobernadores en funciones entre los funcionarios afectados por medidas de presión diplomática de EE.UU. Ninguno de los dos mandatarios estatales ni el Gobierno Federal mexicano habían confirmado públicamente, hasta la publicación del reporte, la cancelación de la visa del gobernador sinaloense.
