La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 24 de abril de 2026 que solicitará a Luisa María Alcalde Luján analizar la viabilidad de posponer la elección judicial hasta 2028 una vez que la funcionaria asuma la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), cargo que tomará el 1 de mayo próximo, en respuesta a la propuesta impulsada por legisladores de Morena en la Cámara de Diputados.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional explicó que el eventual aplazamiento requeriría una reforma constitucional, por lo que encargó a la próxima consejera jurídica revisar las implicaciones legales y operativas del cambio. “Si llega a posponerse, se podría decir tiene que haber un cambio constitucional y esa es una de las tareas que le pedí a Luisa María que puede evaluarlo, ahora que se integre Luisa María, a la Consejería Jurídica, pues tiene esa tarea”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal. Sheinbaum Pardo precisó que Alcalde Luján posee experiencia directa en la materia, por su participación en el diseño de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). “Luisa María participó mucho en la reforma al Poder Judicial entonces ella pues conoce los detalles”, sostuvo.
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La presidenta de la República agregó que el análisis también abarca posibles ajustes adicionales al texto de la reforma. “Incluso estamos evaluando si se pasa el 28 y si hay algunos cambios adicionales que tuviera que tener para mejorar, siempre es mejorable cualquier reforma que se haga si es necesario”, señaló. Sin embargo, precisó que, mientras concluye ese proceso de revisión, la elección judicial se mantiene conforme al calendario vigente, fijado para el 27 de este mes. “Por lo pronto la elección es el 27 y ya con la valoración que encabece Luisa María pues ya si consideramos que desde el Ejecutivo hay que hacer una modificación pues ya se enviaría”, indicó.
El anuncio se produce dos días después de que Sheinbaum Pardo reconociera, el 22 de abril de 2026, que el Gobierno Federal analizaba la iniciativa presentada por diputados de Morena encabezados por Alfonso Ramírez Cuéllar, junto con Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Vázquez, para recorrer la elección judicial a junio de 2028. En esa ocasión, la mandataria informó que la entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), también Alcalde Luján, ya había sostenido reuniones con el Instituto Nacional Electoral (INE) para abordar el asunto. “Se está analizando, la Secretaria de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo estamos analizando, tendría que haber una reforma constitucional para ello”, dijo la titular del Ejecutivo federal en aquella fecha.
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La iniciativa legislativa plantea, además del aplazamiento, eliminar los tres comités de evaluación existentes —uno por cada poder de la Unión— y sustituirlos por un Comité Único de Evaluación integrado por representantes de los tres poderes. Los promoventes argumentan que la coincidencia de la elección de juzgadores con comicios políticos genera una serie de riesgos institucionales, entre ellos menor deliberación pública respecto a los perfiles técnicos de los candidatos, saturación informativa para el electorado e incremento del voto desinformado, según señala el texto de la propuesta.
Esa posición es compartida por consejeros del INE, quienes advirtieron que celebrar la elección de jueces, magistrados y ministros el mismo día que cargos de representación política complicaría la decisión del electorado y dificultaría la organización electoral. Alertaron, además, que la dinámica de campañas partidistas, el financiamiento público y el uso de medios podrían contaminar la deliberación sobre los perfiles técnicos de quienes aspiren a integrar el PJF.
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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) también se pronunció en ese sentido desde el 23 de marzo de 2026, cuando su directiva nacional, encabezada por la ex magistrada Julia María del Carmen García González, pidió replantear la elección judicial de 2027, prevista para coincidir con la renovación de gobernadores en 17 estados y la Cámara de Diputados. La organización señaló que el proceso de 2025 dejó lecciones claras respecto a la baja participación ciudadana, boletas confusas y la falta de información suficiente para que el electorado tomara decisiones informadas respecto a perfiles técnicos. “La justicia no es una cuestión política, sino que tiene relación con aspectos de la vida diaria de las personas cuando alguien defiende su libertad, su patrimonio o sus derechos”, indicó el comunicado de la asociación.
En sentido opuesto a un posible aplazamiento, la ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó el 16 de abril de 2026 mantener la elección de 2027, pero con ajustes de fondo: restablecer las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aplicar un examen de conocimientos básicos a los aspirantes y reducir el número de plazas a elegir únicamente a las vacantes, estimadas entre 200 y 450. La ministra sostuvo que la eliminación de las salas ha ralentizado el ritmo de resolución de asuntos en el máximo tribunal. “Es importantísimo restablecer el trabajo de las Salas. No limitarlo solamente al Pleno. Las dos Salas que había en la Suprema Corte permitían que se tuvieran sesiones de manera simultánea, lo que permitía resolver el doble de asuntos que estamos resolviendo el día de hoy”, declaró Esquivel Mossa.
La discusión en torno al calendario y los mecanismos de la elección judicial se inscribe en el proceso de implementación de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, mediante la cual se estableció la designación de integrantes de la SCJN, magistraturas del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas de circuito y juzgados de distrito a través del voto libre, directo y secreto de la ciudadanía. La reforma transformó de manera estructural el sistema de nombramiento de operadores jurídicos en México, trasladando al electorado una decisión que históricamente correspondía a los poderes Ejecutivo y Legislativo. El debate respecto al siguiente ciclo electoral judicial, previsto para 2027, se mantendrá abierto en tanto la CJEF concluya el análisis que le fue encomendado por la presidenta de la República.
