Un empleado del ayuntamiento que por diez años se dedicó a reparar el parque vehicular de motocicletas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), fue despedido sin derecho a ningún beneficio económico.
Hombres y mujeres que abanderan causas y derechos de minorías, o en favor del medio ambiente, se convirtieron en víctimas de la violencia ejercida por caciques, intereses de empresas trasnacionales o del crimen organizado en México, sin que, en contraparte, se aclaren los hechos por parte de las autoridades o cesen las hostilidades que frecuentemente concluyen en asesinatos de las personas comúnmente conocidas como activistas.
Sin definir aún quién será el próximo secretario de Salud, se han realizado cuatro reuniones en tres meses, de los equipos de transición sobre procesos, estadísticas y presupuestos para dar continuidad al manejo de la pandemia, mientras las cifras de contagios continúan en alza. “A final de cuentas, sabemos que las sillas son prestadas”, afirmó Alonso Pérez Rico
Al menos un par de investigaciones -una por posible daño patrimonial- se desarrollan en Sindicatura Municipal por presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la Coordinación de Jueces Calificadores del XXIII Ayuntamiento, a cargo de María de Lourdes Sicardi Sánchez.
El 25 de febrero, el Coronel Diplomado del Estado Mayor, Ramón Márquez Hernández, tomó protesta como el cuarto director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tecate, en menos de dos años.
Patricia fue vista por última ocasión el 14 de diciembre de 2020. Desapareció en Guadalajara. Su familia emprendió la búsqueda y solicitó el apoyo de las autoridades para encontrarla.
La incapacidad para combatir la violencia por parte de autoridades bajacalifornianas y sonorenses, provocó que agrupaciones delictivas tuvieran menor preocupación por exhibir su poderío al momento de perpetrar sus crímenes, donde pasaron de asesinatos aislados en zonas despobladas, a comandos armados que acribillaban indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños
Delia, viuda del agente Hiram Rivera Lizárraga, Ministerio Público de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE), asesinado a tiros el 28 de abril de 2020 por integrantes de la banda delictiva “Los Venados”, se encuentra fuera del país.
En 21 meses transcurridos entre 2020 y septiembre de 2021,589 mujeres han sido asesinadas en Baja California; 47 de esas muertes han sido clasificadas como feminicidios, en tanto, el promedio mortal en la entidad fronteriza es de 28 víctimas femeninas de homicidio al mes.
En medio de una tensión política y administrativa, y después de 25 años de operación, el martes 14 de septiembre, las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Ensenada y Tijuana fueron desalojadas por personal de las oficinas centrales de Mexicali.
