Falta de identificación de cadáveres, su almacenamiento en morgues y la duda de su destino final son los agravantes de una crisis que ya existía. Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México argumenta que existen 52 mil personas fallecidas sin identificar en el país. A más de dos años de anunciado el proyecto de centros regionales de identificación humana, en Sonora apenas darán inicio a su construcción. Ya hay primeras personas procesadas por el caso de los tráileres con más de 300 cadáveres que fueron paseados por Guadalajara en septiembre de 2018
Publicidad
Patricia fue vista por última ocasión el 14 de diciembre de 2020. Desapareció en Guadalajara. Su familia emprendió la búsqueda y solicitó el apoyo de las autoridades para encontrarla. Fue hasta mayo de 2021 que la localizaron sin vida en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Sin embargo, tuvieron que transcurrir dos meses para que el cuerpo fuera entregado a sus deudos, gracias a la presión que realizaron los hijos a través de medios de comunicación y redes sociales.
Publicidad
Ese es el calvario que tienen que pasar las personas que después de la búsqueda de un familiar desaparecido, le encuentran en alguna de las morgues del país. Instituciones que están saturadas, donde los cadáveres “hacen fila” para la práctica de la necropsia legal y la burocracia e insensibilidad predominan bajo el pretexto de la creciente violencia, los bajos presupuestos, la carencia de insumos de trabajo y de personal profesional capacitado.
Ángela Díaz, hija de Patricia Carranza de la Torre, quien tenía 41 años de edad, se tuvo que armar de valor para publicar en las diversas redes sociales del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el 19 de julio, la experiencia de que no le entregaran el cuerpo de su madre en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
Primero el reproche por la falta de apoyo para localizarla a través de una Fiscalía del Estado inoperante; después, la súplica desgarradora para que le entregaran sus restos y darle un último destino.
“Quizá para ustedes fue una más en la lista diaria, pero para nosotros se nos fue nuestra vida entera, fue desgastante y doloroso vivir este proceso solos, sin ayuda de autoridades, con temor, pero por fin la encontré!!! Así como se encuentran a las mujeres y hombres que desaparecen a diario, muertos. Y hoy solo quiero decirte que te basta una llamada para que me entreguen el cuerpo de mi madre, ya serán casi 2 meses que identifique su cuerpo y no es posible que no me la han podido dar, ¿para que la quieren? Entréguenme lo que es mío, es mi mamá, yo la busqué, yo la encontré!!!”, publicó Ángela.
La joven mujer, en nombre de sus dos hermanos menores y de su familia entera, erizó las fibras de todo México cuando expresó en el portal de Facebook de Enrique Alfaro: “Ten piedad de estos 3 hijos, la buscamos tantos meses y hoy que la encontramos ¿cuánto más debemos esperar? Ni si quiera pido justicia porque se que no la habrá, me conformo con que me entreguen a mi madre pronto, ¿hace falta más?”.
El cadáver de la señora Carranza fue localizado en una fosa clandestina en el municipio de Tonalá. Tras argumentar que el retraso se debió al sometimiento de confrontas genéticas que aún no concluían, fue hasta el 21 de julio último, cuando Ángela recibió el cuerpo de su mamá, a quien dos meses atrás había identificado en el Semefo por sus tatuajes de huellas de perro y bebé en brazo derecho, además de las perforaciones que tenía en ambas orejas. Los servicios funerarios se hicieron cargo del penoso servicio de Patricia para que sus seres queridos le dieran el último adiós.
Como esta historia, existen decenas en el país, desde aquellas en las que los familiares acudieron a los anfiteatros de medicina legal y les negaron que ahí estuviese la persona buscada -y sí estaba-, hasta los casos en los que había errores en documentación oficial en alguno de los apellidos y se burocratizó la identificación oficial y entrega de los cadáveres, como ocurrió con un joven asesinado en prisión y que se cambió el nombre desde el día de su reclusión.
CRISIS SEVERA
De acuerdo con el último informe de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), existe una crisis muy grave en materia de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI) en el país. Más de 52 mil cadáveres en esa situación, 60% en fosas comunes en los panteones municipales; en otro 22% las autoridades no dan información del destino de los cuerpos; el resto permanece en planchas o refrigeradores de los Semefo de las 32 entidades federativas.
El fenómeno es reconocido por las autoridades federales, aunque en los estados se niegan a aceptar la palabra “crisis forense”, porque se advierte su negligencia y responsabilidad en el problema de seguridad, con la creciente violencia e inseguridad y de salud pública, por la falta de espacios en las morgues y la forma insalubre de almacenamiento de cuerpos en estado grave de descomposición, pues no se ha facilitado su identificación. Muchas de las víctimas sufrieron desapariciones forzadas u homicidios.
La información recopilada y analizada por MNDM permite evidenciar que la crisis en materia de identificación humana es particularmente grave en ciertos estados. La media nacional de las personas fallecidas en espera de ser identificadas es de mil 575; sin embargo, las entidades con un atraso grave, en ese orden, son Baja California, con 9 mil 087 PFSI; Ciudad de México, 6 mil 701; Estado de México, 5 mil 968; Jalisco, 5 mil 738; Chihuahua, 3 mil 943; Tamaulipas, 3 mil 788; y Nuevo León, 2 mil 077.
Esos siete estados, juntos, concentran el 71.73% del total de cuerpos no identificados en el país, aunque sus respectivas autoridades aseguren tener otros datos. En el caso de BC, durante 2020, en Mexicali se reportó la remisión de 277 cadáveres a la fosa común, por mil 042 en Tijuana. En el primer semestre de 2021, la cifra de remisiones de personas no identificadas a cementerios es de 112 en Mexicali y 593 en Tijuana.
El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, por fin fue anunciada la conformación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado año y medio antes con la intención de que las personas designadas puedan atender el colapso forense existente y coordinen las tareas de devolver miles de cadáveres sin identificar a sus familias.
El MNDM recibió la noticia con agrado y la esperanza de que la situación tenga una mejor forma de ser encarada: “Saludamos este avance y resaltamos que será necesario asegurar la colaboración irrestricta de todas las fiscalías del país, el presupuesto adecuado y el respeto por su autonomía técnica y de gestión”. El informe rendido expone una serie de recomendaciones para transformar los servicios forenses ordinarios del país, entre las que se encuentran expandir, mejorar y dotar de autonomía a los servicios forenses, especialmente a las áreas dedicadas a la identificación humana.
CASO JALISCO
El escándalo que aterrorizó a mexicanos y extranjeros en septiembre de 2018, cuando dos tráileres cargados con más de 300 cadáveres fueron paseados por calles y parajes del Área Metropolitana de Guadalajara, ha tenido consecuencias. Sí bien, la práctica de utilizar cajas refrigerantes no ha sido desechada y continúa en algunas entidades del país, se han tenido que efectuar las adecuaciones en espacio, el trato con dignidad de los cuerpos y la identificación que marca la Ley sobre las condiciones y hechos en que se localizaron.
En la parte jurídica, también hubo secuelas, ya que tres funcionarios se encuentran vinculados a proceso penal por el caso de los tráileres, aunque el asunto ha tomado un cariz de revancha política. Las personas procesadas son Yolanda Salomé “N”, ex funcionaria administrativa de la Fiscalía del Estado; el doctor Eduardo “N”, ex director del Servicio Médico Forense; y el abogado Luis Octavio “N”, ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ella es imputada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, mientras que los hombres por abuso de autoridad.
Ninguno de los ex servidores públicos fue encarcelado. Un Juez de Control en Materia Penal les dictó medidas cautelares adicionales, como presentarse a firmar cada quince días, no salir del país durante un año y presentar una garantía económica. El juzgador válido el argumento de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, de que con sus acciones, los imputados violaron los derechos de las personas fallecidas. También se estableció un plazo de 22 días para la conclusión de la investigación complementaria.
Luis Octavio “N”, profesor universitario y director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que el caso se reactivó de manera reciente por su voz crítica hacia las actuales autoridades estatales que han sido incapaces de contener y combatir la violencia y la inseguridad. La situación se agravó tras el conflicto del gobernador, Enrique Alfaro, con el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí.
El ex director de Ciencias Forenses plantea defenderse a través de un juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, pues estima que no existe prueba alguna que le incrimine en el caso y él no dio la orden de que se retirara el tráiler con cadáveres del Semefo en 2018, al no ser su facultad, ni tener los cuerpos a su disposición, que en este caso estaban bajo resguardo de la Fiscalía del Estado, cuyos ex funcionarios no fueron motivo del ejercicio de la acción penal.
Luis Octavio “N” y familiares de personas desaparecidas aseguran que la crisis forense que vive Jalisco es peor que la de hace tres años; sin embargo, el gobernador rechaza esas versiones: “Absolutamente falso, y si fuera así, tuviéramos desbordadas las cosas. La verdad es que hay un enorme trabajo, mucha presión, la infraestructura de la que disponemos tiene que fortalecerse, el diseño institucional de Ciencias Forenses también tiene que rediseñarse”.
PROYECTOS DE PAPEL
Fue en junio de 2019 cuando el Gobierno Federal anunció la construcción de cinco centros regionales para la identificación de cuerpos, al reconocer la crisis forense por la que atravesaba el país, que era inferior a la de tiempos actuales. De esa forma se inauguró el Centro Regional de Identificación Humana en el Estado de Coahuila, con una inversión superior a los 90 millones de pesos en construcción y equipamiento. Al paso del tiempo, es el único centro con estas características.
Los otros centros regionales anunciados fueron, uno en Sonora para dar cobertura a Baja California, Baja California Sur y Sinaloa; otro en Nuevo León, para apoyar a Tamaulipas; en Veracruz, para coordinar identificación de cadáveres de esa entidad, Puebla, Oaxaca y Chiapas; y en Ciudad de México, destinado a colaborar con los aledaños estados Morelos y Guerrero.
A semejanza del centro de Coahuila, que ya atiende los casos de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, el proyecto de construcción de las instalaciones deberá contar con osteoteca, Servicio Médico Forense, salas de disección, cuartos fríos para la conservación y resguardo de cuerpos, nichos para el resguardo temporal de cuerpos o restos humanos, toma de muestras de genética, bodega temporal para el almacenamiento de indicios, área de identificación y atención a víctimas. Deberán contratar especialistas en antropología forense, criminalística de campo, medicina y odontología forense.
La medida implementada para atender la emergencia forense nacional continúa a paso tan lento, que apenas en agosto de 2021, se anunció la construcción del Centro Regional de Identificación Humana de Sonora, con un presupuesto federal de 60 millones de pesos y una aportación adicional de la administración estatal de 2 millones de pesos para la construcción de un panteón forense. En otras entidades aún no se observa avance de esta parte de la política pública del tema.
