Durante la administración del alcalde Armando Ayala Robles, se han acumulado por lo menos 100 denuncias en contra del ayuntamiento por supuestos despidos injustificados. Son quienes se hallan empleados bajo la modalidad de contrato, donde no acumulan antigüedad ni reciben prestaciones; menos aún tienen derechos laborales
Un empleado del ayuntamiento que por diez años se dedicó a reparar el parque vehicular de motocicletas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), fue despedido sin derecho a ningún beneficio económico.
Publicidad
Se trata de Iván Parra, quien armó un taller de reparación en el estacionamiento de la Comandancia de la Zona Centro en Calle Novena y Espinoza, con una carpa de lona azul para cubrirse del sol, dos escritorios viejos expuestos y colocó unos clavos en la barda para colgar la herramienta.
Su responsabilidad era reparar las motocicletas que utilizan los elementos de Tránsito Municipal del Departamento de Seguridad Pública, también las de elementos de la Dirección de Bomberos y de personal de Protección Civil.
“En esos años tuve una fuerte responsabilidad, yo me ensuciaba las manos, tenía todas las motos funcionando, y si dejaba una tuerca floja, era un peligro porque se mataba un policía y la bronca era para mí”, sostuvo Iván sobre el gran compromiso.
Publicidad
Como Iván, mil empleados del Ayuntamiento de Ensenada trabajan bajo la modalidad de contrato, no tienen derechos laborales ni generan antigüedad, tampoco pueden aspirar a una base sindical.
“No me he robado nada, por eso me atrevo a denunciar, pero quiero que cambien las cosas porque es indigna la manera cómo se trabaja en el gobierno, sin horario, buen salario, ni seguro”, expresó molesto.
De acuerdo con su contrato, el sueldo semanal era de mil 650 pesos, 28 pesos la hora, sin derecho a vacaciones, seguro ni prestaciones económicas, pero sí estaba obligado a usar el checador con huella digital de lunes a sábado en horario de 8:00 a 15:00 horas, además de las horas extra.
Aunque Parra laboraba bajo estas condiciones de servicios honorarios, también estaba obligado a aprobar los Exámenes de Control y Confianza del C3 y mostró los resultados.
Sólo en la administración del alcalde Armando Ayala Robles, se han acumulado por lo menos 100 denuncias en contra del ayuntamiento por supuestos despidos injustificados, estimaron regidores, a quienes este año les retiraron a la mayoría de su personal.
“Casi todos se quedan trabajando en estas condiciones porque tienen esperanza de que tarde o temprano llegue la recompensa, que se autorice una plaza, como nos dicen quienes nos ofrecen el trabajo”, compartió Iván.
Aunque la justificación para despedirlo fue la de un recorte por políticas de austeridad, al siguiente día, otro trabajador recién contratado ocupó el cargo como encargado del taller de motos.
“No quiero recuperar el trabajo, ya me quité un peso de encima con esa carga laboral, sólo quiero que sepan los demás trabajadores por contrato cómo pueden terminar”, compartió.
ZETA consultó al director de Seguridad Pública Municipal, David Armando Sánchez González, para conocer la versión de la corporación sobre este asunto de presuntos despidos injustificados y carencias, sin que hasta el cierre de edición, jueves 30 de septiembre, brindara respuesta.
DOS DESTORNILLADORES EN DOS AÑOS PARA TALLER DE MOTOS
Iván Parra habló de las carencias que existen dentro de los talleres de Seguridad Pública, donde en los años que trabajó, pudo ver cómo los agentes juntan dinero para poner llantas a las unidades, refacciones y equipo de interiores.
En nueve años y medio, las únicas herramientas que recibió para realizar el trabajo fueron dos destornilladores, uno corto y otro largo, con los cuales daba servicio a por lo menos 74 motocicletas activas en el Municipio.
“Es increíble, intenté hablar con el director de Seguridad -Armando Sánchez- para entregarle toda la herramienta a mi cargo, para tener las motocicletas funcionando y que los agentes puedan patrullar y cuidar a la ciudadanía, pero no me dejaron”, denunció.
Como siempre se ha dedicado a la reparación de motocicletas y tiene su taller en la Zona Centro, los policías lo buscaban a deshoras, llegaban en fines de semana a pedir apoyo con la reparación de sus unidades y hacían uso de sus herramientas para la reparación.
EMPLEADOS DESPEDIDOS TIENEN DERECHOS: ABOGADO
El primer día que alguien inicia un trabajo, en el gobierno o cualquier empresa, de inmediato el patrón contrae obligaciones y el empleado, derechos, mencionó Luis Ángel Medina Pérez, abogado especializado en Derecho Laboral en el puerto.
Recordó cómo antes los patrones tenían la obligación de hacer un contrato trimestral para saber si el empleado tenía aptitudes para seguir laborando, de lo contrario, despedían gente sin necesidad de una justificación.
Con la nueva Reforma Laboral, dijo, los patrones tienen obligación de hacer firmar tres contratos mensuales al trabajador para saber si les funcionara o no en el puesto.
Sobre la cantidad de despidos registrados en el Ayuntamiento de Ensenada, en específico el caso del ex mecánico Iván Parra, para que el gobierno municipal se pueda desentender y despedirlo sin goce de sus derechos, debió haberle hecho firmar un contrato mensual durante nueve años y medio, lo cual no se dio.
Aunque Parra ha manifestado no querer la reinstalación, pudo haber demandado una base sindical ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
“En este caso es necesario tomar el camino legal de interponer una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo la Ley Federal del Trabajo por despido injustificado”, aconsejó el litigante.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el empleado tiene dos meses para demandar un despido injustificado y un mes para una rescisión laboral.
Cuando hay un despido injustificado, el patrón puede indemnizar pagando los tres meses de salario y cada una de las prestaciones, o en su caso, se da la reinstalación de buena fe. Es decir, con el mismo salario, horario, condiciones y el puesto.
“Tomando en cuenta la reinstalación de buena fe, el empleado (Parra) puede considerar solicitar la base sindical”, finalizó Medina, quien lleva casos en contra del Ayuntamiento de Ensenada.
Investigan muerte de detenido en celdas de SQ
En un video que circuló en redes sociales, se ve a un hombre suspendido del brazo en una patrulla pick-up de Seguridad Pública al intentar escapar con las esposas atadas a la unidad y es arrastrado por varios metros. El hecho fue ligado a un fallecimiento en la delegación de Vicente Guerrero, en el municipio de San Quintín.
A las 05:25 horas del domingo 28 de septiembre, se recibió una llamada de emergencia desde la colonia Vicente Guerrero, donde agentes informaron que un hombre había fallecido por un golpe en las celdas de la Policía Municipal.
Al arribo de agentes de la Fiscalía General de Estado (FGE), identificaron a la víctima como Vicente Hernández Cruz, de 27 años de edad, cuyo cuerpo presentaba lesión en la cabeza por un golpe.
De acuerdo con el parte policiaco, unas horas antes de la muerte del detenido, vecinos del poblado reportaron al 911 que Vicente había ingresado a una vivienda sin autorización, después fue localizado en un terreno baldío.
La Policía lo levantó y en esas condiciones lo llevaron a las celdas. Tras perder la conciencia, lo llevaron a un médico y, luego de recibir primeros auxilios, convulsionó.
Usuarios de redes afirmaban que se trató de un caso de negligencia, ya que en realidad ese hombre había caído de la patrulla.
En respuesta, el presidente del Concejo Fundacional de San Quintín, Jorge López, aclaró que la unidad del video no corresponde a las actuales, pues hace unos meses cambiaron los rótulos con insignias de San Quintín. No obstante, está abierto a una investigación por parte de la FGE.
“De entrada la detención y fallecimiento ocurrió en la madrugada, mientras que el video se puede ver que es de día. En segunda, la unidad no corresponde a las nuestras, la cuales están rotuladas para diferenciar las de nosotros con las de Punta Colonet”, argumentó el concejal.
A raíz de los hechos, elementos de la FGE abrieron una investigación para determinar si se trató de un accidente o negligencia por parte de los elementos de la Policía en San Quintín.
