Empleados y ambientalistas advierten que, con el cierre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Ensenada, se abre la puerta a actividades ilícitas, mientras usuarios han considerado que viajar a las oficiales centrales en Mexicali para hacer trámites, representará un alto costo económico
En medio de una tensión política y administrativa, y después de 25 años de operación, el martes 14 de septiembre, las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Ensenada y Tijuana fueron desalojadas por personal de las oficinas centrales de Mexicali.
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A pesar de que 28 mil personas firmaron en la plataforma Change.org y que la oficina ha atendido emergencias diarias por vida silvestre en riesgo, el 8 de septiembre se inició el proceso para cerrar instalaciones de manera definitiva.
Una de las actividades delictivas más vigiladas por la Profepa hasta 2020, es la introducción de residuos peligrosos en la frontera entre México y Estados Unidos, los cuales se emplean como precursores para la elaboración de droga sintética.
El 8 de septiembre de 2021, ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se ingresó el Proyecto de Acuerdo para Publicar en el Diario Oficial de la Federación el Cierre de las Oficinas de la Profepa en Tijuana y Ensenada, bajo el expediente 04/0028/080921.
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En la página de la Conamer se encuentran plasmados algunos de los argumentos por los que los usuarios repudian el cierre de la dependencia, aunque, acorde con el Gobierno de México, se debe a un asunto de austeridad.
“No se elaboró el Análisis de Impacto Regulatorio (MIR), dado que la PROFEPA falsamente informa y considera que el cierre de oficinas no implica costos de cumplimiento para particulares”, informó.
Lo que es un hecho, de acuerdo con los argumentos de los ciudadanos que respondieron a la consulta, es que el costo será mayor para los particulares.
“Esto es completamente falso, permisionarios, gestores, denunciantes, inspeccionados, ciudadanos, reportantes entre otros, tendrán que trasladarse hasta Mexicali, esto implica traslados terrestres de por lo menos tres horas, más de 200 kilómetros como mínimo, si es de Ensenada o Tijuana, y para los residentes de San Quintín”, refieren.
Además, el cierre conlleva un traslado terrestre de por lo menos siete o hasta once horas, más de 800 kilómetros que implican grandes riesgos a los particulares ante posibles accidentes, aunado al costo de combustible, vehículo, peajes, alimentación e inclusive hospedaje.
Aunque se habla de un tema de austeridad, las oficinas en Ensenada no significan un gasto porque son propiedad del Gobierno Federal, en total hay siete empleados, algunos sindicalizados, y cuatro de ellos eran inspectores.
La oficina permanece abierta, ya que los empleados están en espera de que les paguen el finiquito y hasta el momento la información es que no tienen dinero.
ES UN TEMA POLÍTICO
Empleados y ex empleados de la Profepa, la mayoría con 20 años trabajando en la dependencia, hablaron con ZETA para compartir que desde el inicio de la administración estatal de Jaime Bonilla Valdez, se desataron problemas políticos.
De acuerdo con transmisiones en vivo, tanto el gobernador como el delegado único federal Alejandro Ruiz Uribe, hablaron de supuestos actos de corrupción que se estaban cometiendo con concesionarios dedicados a la exportación de piedra bola, arena y permisos para obras en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Aunque hicieron señalamientos a servidores públicos de la Profepa, no existen denuncias penales en contra de alguno de ellos. Ruiz Uribe prefirió no dar declaraciones sobre el asunto del cierre, aunque en varias ocasiones fueron reprendidos por autoridades estatal y federal por obstruir el avance de algunas obras en la Zofemat.
El 31 de mayo, la Profepa Ensenada clausuró la obra “Construcción del Malecón y Núcleos de Servicios en Playa Hermosa”, en la cual se invierten 35.8 millones de pesos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) Emergente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Fue el 2 de marzo cuando la empresa Acar Obras y Proyectos, SA de CV presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por afectar las dunas costeras y no mostrar autorización de impacto ambiental ni la concesión de Zofemat, así como los terrenos ganados al mar. Pese a esta orden, las obras continuaron.
La oficina opera sin inspectores, para una de las zonas con más territorio con 51 mil 952 kilómetros cuadrados de riqueza natural, incluyendo San Quintín hasta el Paralelo 28.
La titular de la dependencia, Blanca Alicia Mendoza Vera, fue la que tomó la decisión de que a partir del 30 de julio, las oficinas fueran cerradas al público.
De todas las oficinas de BC, la Delegación Ensenada recibe y atiende el 80% de las denuncias y expedientes.
Las acciones que realizan durante el año, son los de vida silvestre como varamiento de mamíferos marinos como lobos marinos y ballenas, enmallamiento de delfines y otros. También la atención a emergencias de aves rapaces, protegidas en la norma en temporada de anidamiento, iniciando con dar de comer y rehabilitar, hasta hacerlos volar.
Elementos de la dependencia brindan atención cuando hay denuncias de pumas, reptiles, coyotes y gatos monteses, además de efectuar operativos de inspección y vigilancia para combatir el aprovechamiento de especies marinas protegidas como pepino de mar, totoaba, almeja pismo, flora y fauna. Vigilan el transporte, comercialización y tráfico ilegal de la misma, cacería furtiva de borrego cimarrón y venado.
Para este fin, y ante la falta de personal, por años trabajaron con grupos de vigilancia comunitaria en Punta Banda, delegaciones de San Quintín y La Misión.
En cuanto a Zona Federal, la variedad de vida silvestre forestal y el impacto ambiental de las obras a lo largo de la península es amplio.
Las intervenciones susceptibles a actos de corrupción, por las cuales se tiene recaudación, son las inspecciones y sanciones por extracción ilegal de productos pétreos, falta de permisos a hoteles, restaurantes y residencias en Zona Federal. Los más comunes son los problemas por cercas, no ceder el paso y playas privatizadas.
PROTEGERÁN ILÍCITOS
Un último exhorto antes del cierre de las oficinas de Profepa, se dio el 7 de septiembre, cuando el senador Juan Antonio Martín del Campo pidió a la autoridad federal reconsiderar la decisión.
Una semana después, llegaron dos unidades con personal de la procuraduría para sacar de las oficinas escritorio, mostradores, sillas y archiveros. También en el estacionamiento se encuentran dos camionetas propiedad de la Profepa en abandono.
Desde 2020, el medio ambiente ha resentido fuertes golpes por parte del gobierno. Por una parte, se orquestó un recorte del 75% de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, responsable de administrar las 182 Áreas Naturales Protegidas del país que abarcan una superficie de 90.8 millones de hectáreas, las cuales cubren el 11.14% de la superficie terrestre y el 22.05% de la superficie marina del territorio.
Las oficinas de la Profepa han estado en Ensenada desde hace más de 25 años, ante la necesidad de estratégicamente cubrir y atender la problemática ambiental de la región, ya que cuenta con importantes Áreas Naturales Protegidas y un extenso territorio terrestre y marino que proteger.
Las Áreas Naturales son un activo a vigilar y proteger, y el gobierno, más que clausurar las oficinas, tendría que fortalecer su presencia y explotar de manera sostenible los recursos con que cuenta Baja California.
No obstante, hasta antes de su cierre, la Profepa tenía cuatro personas para atender la cuestión ambiental y vigilar actividades ilícitas en 8 Áreas Naturales Protegidas: Islas del Pacífico de la Península de Baja California; Parque Constitución de 1857; Sierra de San Pedro Mártir; Área del Valle de los Cirios; Islas del Golfo de California; Bahía de los Ángeles; Canales de Ballenas y de Salsipuedes; así como Zona Marina Archipiélago de San Lorenzo e Isla Guadalupe.
“El cierre de estas oficinas deja desprotegida la Zona, ya que no se cuenta con la posibilidad de atender inmediatamente alguna denuncia o siniestro, puesto que ahora depende del personal de otras zonas más alejadas, atender dichas situaciones, lo que implica poner en riesgo la posibilidad de llevar acciones efectivas en materia ambiental. Por donde quiera que se le vea, esta decisión es un error garrafal, la austeridad mal empleada y llevada al exceso, puede dejar en fragilidad muchas instituciones y poner en grave riesgo la estabilidad de un área, en este caso, la medioambiental”, puntualizó el legislador.
