La FGR explicó que la pena solicitada contra Lozoya Austin se componía de 22 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 por cohecho y 10 por asociación delictuosa. Mientras que para la madre del ex funcionario federal la pena era de 10 años de prisión por asociación delictuosa y 11 por lavado de dinero. Además, solicitó inhabilitar al ex director general de PEMEX para ocupar cualquier cargo del servicio público, por un plazo de 14 años.
La pérdida del “súper” peso fue mayor (86 centavos equivalentes a 4.8%) si se compara con el nivel más bajo del dólar registrado el pasado 8 de marzo pasado, cuando el tipo de cambio FIX cotizó en 17.9662 pesos.
La organización Documenta A.C. afirma que la prisión federal no cumple con la función para la que fue creada y existen graves abusos como el aislamiento prolongado, falta de acceso a servicios médicos de calidad y falta de alimentación adecuada
“Hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos y la verdad nada de eso se exhibió”, arguyó el ex presidente de México
Magistrados de un tribunal colegiado resolvieron recurso de revisión y confirmaron la negativa de un tribunal unitario de ampararle para enfrentar su proceso por lavado de dinero en libertad
En la misma causa penal, la Fiscalía General de la República solicitó condenar a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal, a 21 años con 3 meses de cárcel y el pago de 4 mil 50 días multa, que en este caso son 262 mil 278 pesos.
Asegurando la paridad de género, el Comité Técnico de Evaluación de San Lázaro acordó seleccionar a 102 hombres y 101 mujeres que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos, por lo que pasarían a la tercera fase de evaluación específica de idoneidad, que se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo de 2023, donde los aspirantes podrían tener un puntaje máximo de 100.
La suspensión estaría vigente durante todo el tiempo que tome al Poder Judicial de la Federación (PJF) para dictar sentencia de fondo respecto a la constitucionalidad del artículo 17 transitorio de la segunda parte de la reforma electoral conocida como “plan B”.
La convocatoria en redes, denominada #AlEjércitoNoSeToca, estaba dirigida a militares en retiro y a civiles que se quisieran manifestar su apoyo a integrantes del Ejército, por la investigación penal a militares involucrados en la muerte de cinco jóvenes.
