Hubo de morir una persona para que gobiernos entendieran la gravedad de permitir a un grupo, como la Patrulla Espiritual, operar impunemente, ante la inexistente política pública para atender las adicciones
Para que los gobiernos municipales y estatal asumieran como un tema serio la movilización con tintes criminales de la Patrulla Espiritual, en Baja California, tuvo que morir una persona, un joven ciudadano estadounidense que fue internado por su familia, con la esperanza de curar su alcoholismo.
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El Centro de Rehabilitación Jireh, que ya ha extendido sus operaciones hasta el municipio de Mexicali, hoy se ve envuelto en una polémica tremenda a raíz del fallecimiento de una persona cuyo cadáver presentaba alrededor de 40 lesiones y una muerte ocasionada por una asfixia.
Richard Damián murió por la negligencia de un grupo improvisado de criminales que se refugian en la palabra de Dios para cometer sus fechorías; pero también a causa de la legitimación que recibió la Patrulla Espiritual y su representante, Jesús Ignacio Osuna, alias el Chiquilín, de medios de comunicación tradicionales y digitales, así como del alcalde con licencia, Ismael Burgueño Ruiz, y el exsecretario del Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, los cuales evidenciando una ignorancia monumental y, atraídos por los números de varias redes sociales y de melodías inspiradas en las acciones del Chiquilín y su equipo, decidieron respaldarlos y darles carretadas de dinero a cambio de su simpatía, un abrazo público, un reconocimiento y su autosatisfacción de poder decir: “Que siga pariendo la cochi”.
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El Chiquilín y la Patrulla Espiritual no son la causa de los males, sino la consecuencia de un abandono gubernamental, sobre todo estatal y federal, en el combate a las adicciones. Este grupo criminal, disfrazado de enviados de Dios, sólo aprovechó una problemática social para monetizar y lucrar con una desgracia.
Si de algo ha servido la exposición de este grupo es que -sin quererlo- han demostrado el desinterés del gobierno, incluso del morenista, por las personas más desfavorecidas, a los que menos tienen; a los que no votan.
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El primer evento público de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue en las instalaciones de Misión San Carlos, en Mexicali, donde anunció una intensa campaña para combatir las adicciones y rehabilitó dichas instalaciones para recibir a las personas con problemas de este tipo.
Después de ello, no hubo un sólo evento vinculado al combate a las adicciones. Misión San Carlos fue retornado al Ayuntamiento de Mexicali y a la fecha sigue sin operar.
Pasaron los años y no hubo una política para el combate a las adicciones, ni a las personas con padecimientos mentales que deambulan por las calles; en vez de ello, tanto el Bienestar como el Ayuntamiento de Tijuana prefirieron inyectarle dinero a un grupo de improvisados, de los cuales incluso el Chiquilín se presta para hacer comerciales de la empresa CODERE, dedicada a las apuestas, otra de las grandes adicciones que se viven en nuestra entidad.
La responsabilidad jurídica debe recaer en los responsables directos, la administrativa en los responsables del centro; y la política en los dos hombres que los volvieron legítimos, que les permitieron salir de ser una curiosidad o folklore de redes sociales a una institución seria para combatir las adicciones, sobre todo las de narcóticos.
El Chiquilín no es la causa, es la consecuencia de que a nadie le importen los consumidores, los ludópatas y los que padecen de sus facultades mentales; de que el Instituto de Psiquiatría no cuente con el dinero suficiente para atender los casos en todos los municipios; de que a 30 años de que fue instaurado el DARE, la lógica de los políticos y empresarios bananeros sea invertir en un programa rancio que no impactó significativamente en las juventudes para evitar el consumo.
Es la consecuencia de que COEPRIS carezca de herramientas para revisar los 500 centros de rehabilitación identificados en Baja California, de los cuales la mitad se encuentra en la irregularidad.
Hoy, la violencia se carga contra el Chiquilín y sus trabajadores, pero el verdadero problema persiste con o sin la Patrulla Espiritual. Nada se gana por colocarse de un lado o del otro, si nadie asume la responsabilidad real de combatir las adicciones.
