El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Partido Acción Nacional (PAN), presentaron, el 30 de marzo de 2023, acciones de inconstitucionalidad contra el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
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Estas dos nuevas acciones, se sumaron a las dos demandas de controversias constitucionales que interpusieron los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), aunada la que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE).
Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del órgano constitucional autónomo, señaló que la reforma a la LEGIPE pone en peligro la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, porque en su artículo 28 Tercero crea la figura de “flujo de información institucional”, para la formación del sistema nacional electoral.
Según el INAI, dicho ordenamiento podría violar la garantía de protección de datos personales, ya que toda la información institucional queda disponible para la consulta de los organizadores públicos y partidos, aún la que se ha catalogado como reservada o confidencial.
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La reforma conocida como “plan B” también modificó el artículo 61 para cambiar la ubicación de los módulos de atención ciudadana y esto conlleva el “riesgo potencial de que no se cumplan con las medidas mínimas de protección para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos”, señaló el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del INAI.
En sesión pública, el Pleno del órgano constitucional autónomo acordó -con voto unánime de los comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena, Francisco Javier Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez, Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara-, presentar la acción de inconstitucionalidad contra reformas y adiciones a la LEGIPE, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La impugnación también se basa en que el llamado “plan B” reformó los artículos 331 y 333 de la LEGIPE que permite a mexicanos residentes en el extranjero solicitar su inscripción a la lista nominal del padrón electoral, para votar presentando su pasaporte o matrícula consular. Esto, según dijo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, “pudiera poner en peligro los principios de integridad y unicidad del padrón y en consecuencia los datos personales ahí contenidos”.
Otra de las razones para la presentación del recurso legal, se basa en que el artículo 18 de la Ley General de Partidos Políticos permite a un ciudadano que sepa que se le afilió sin su consentimiento a un partido político, solicitar la cancelación de su registro, pero no castiga al partido político por el indebido tratamiento de datos.
Por su parte, Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, informó, el 30 de marzo de 2023, nte la amenaza en que se encuentra la democracia, como nunca en la historia, el Partido Acción Nacional presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra de la segunda parte del llamado “plan B” de reforma electoral.
El Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Raymundo Bolaños Azócar, fue quien presentó el nuevo recurso, que, según Cortés Mendoza, tiene como objetivo frenar el segundo intento de decreto presidencial, que resulta “tan peligroso, como perverso, ya que, merma de fondo las posibilidades democráticas y plantea un autoritarismo competitivo”.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, confiando en la prudencia, confiando en los oficios y el profesionalismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El INE se quedará, el INE es la institución democrática más importante de este país, construida a base de los ciudadanos, es el pilar que tenemos que defender. Y en este cumplimiento Acción Nacional acompañará cada uno de los tramos a las y los mexicanos”, sostuvo Bolaños Azúcar, al presentar el recurso.
“Como retrocesos y violaciones en las que incurre el decreto presidencial se señala la transgresión a la Constitución, la vulneración del proceso legislativo, el trastocamiento de la autonomía constitucional del INE y su estructura básica, el daño al desarrollo de la jornada electoral y la vulneración al sistema federal y las facultades reservadas hacia otros órganos del Estado”, indicó el PAN, en un comunicado..
“Asimismo, implica un retroceso en materia de paridad de género y grupos vulnerables, merma la posibilidad de que la ciudadanía reclame derechos político-electorales, no se aplica el régimen sancionador en materia electoral y se rompe la autonomía e independencia del órgano electoral. Además, se rompe el monopolio de la formación del padrón electoral e impacta el modelo de comunicación, permitiendo la propaganda de gobierno hecha por servidores públicos”, agregó Acción Nacional.
