La petición de extradición se sustentó en acusaciones relacionadas con presunto uso irregular de recursos públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, durante el periodo en que Macías Tubilla encabezó ese organismo estatal.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, en la carambola se vieron involucrados autobuses de pasajeros, tráileres, camiones de carga tipo torton, vehículos particulares y por lo menos una motocicleta.
Las protestas se llevaron a cabo en entidades del norte, centro y Bajío, con la participación de contingentes que incluyeron trabajadores en activo, estudiantes de carreras relacionadas con la minería y familiares de las víctimas.
La dependencia sostuvo que se trató de una diligencia de carácter administrativo y negó que se hubiera producido un desalojo de funcionario alguno de sus instalaciones, frente a las acusaciones del ex servidor público.
Además de la causa de muerte, personal forense identificó en los brazos de la víctima lesiones producidas presuntamente por agujas, por lo que las autoridades ampliaron las líneas de investigación con perspectiva de género.
Desde su oficina en la Secretaría de Educación Pública, Arriaga Navarro aseguró en conferencia de prensa que el proceso en su contra era ilegal, afirmó que continuaría en el cargo mientras no recibiera un documento formal de despido y sostuvo que fue objeto de violencia institucional.
Sheinbaum Pardo precisó que la versión sobre una supuesta “confusión” por parte del grupo que secuestró a los trabajadores surgió de la declaración de al menos una de las personas detenidas por estos hechos y reiteró que la FGR no ha cerrado ninguna línea de investigación.
El 13 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el enfrentamiento armado registrado en las inmediaciones de los ranchos de...
