Las fichas rojas de Interpol no obligan a México a vigilar a los acusados; la FGR desarrolla su propia investigación con base en el marco jurídico nacional y bilateral.
La iniciativa, derivada de los hallazgos de la Operación Enjambre, contempla la participación voluntaria de los partidos políticos en el mecanismo de verificación.
El cateo a cinco inmuebles tapatíos derivó en el aseguramiento de armas, sustancias ilícitas, insumos químicos y maquinaria de envasado vinculados con la red financiera del cártel.
