La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó el 12 de junio de 2026 las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, El Altiplano, y afirmó que el marino tiene responsabilidad en la trama de huachicol fiscal, en respuesta a las cartas que el oficial le ha enviado desde prisión señalando a integrantes de Morena como los verdaderos artífices de la red de contrabando de combustible.
Al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional respecto a los escritos del mando naval, Sheinbaum Pardo se limitó a remitir el asunto a la FGR y ratificó la solidez del proceso. “Hay investigaciones de la Fiscalía sobre el caso particular del buque que llegó a Tampico, que quería hacer contrabando de combustible. Y a partir de esta investigación se llegó a esta persona, que la Fiscalía levantó órdenes de aprehensión después de una investigación muy, muy importante”, declaró. Agregó de forma tajante: “Esta persona tiene responsabilidad”.
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La mandataria nacional confirmó haber recibido la primera de las cartas del vicealmirante, aunque precisó que la más reciente fue enviada directamente a la FGR. “Recibí la primera. La segunda la envió directamente a la Fiscalía, no la he visto, pero voy a pedir que se envíe directamente a la Fiscalía”, indicó. Sheinbaum Pardo declinó responder a los señalamientos específicos contra miembros de Morena. “Primero, quien contesta eso es la Fiscalía”, sostuvo.
Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en Salina Cruz, Oaxaca, como parte de un operativo de la FGR, la SEMAR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que resultó en la captura simultánea de 14 personas, entre ellas empresarios, marinos en activo y exfuncionarios aduaneros. Desde entonces permanece recluido en El Altiplano con prisión preventiva oficiosa. La FGR le imputa encabezar, junto con su hermano el contralmirante Fernando Farías Laguna —capturado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, donde aguarda la resolución de su extradición a México—, la red delictiva conocida como “Los Primos”, que presuntamente permitió el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustible de contrabando a las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2023 y 2025.
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En una carta enviada el 1 de junio de 2026 al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la SEMAR, y a la propia presidenta de la República, Farías Laguna señaló que los verdaderos responsables del huachicol fiscal se encuentran entre los integrantes de Morena y rechazó ser utilizado como “chivo expiatorio”. “Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”, escribió el mando naval. En una misiva del 3 de junio de 2026 —la sexta que remite a la presidenta—, acusó a la SEMAR de obstruir la entrega de información a la FGR y de incurrir en desacato a resoluciones judiciales, señalando que las razones esgrimidas de reserva y seguridad nacional constituyen “una flagrante obstrucción a la justicia”.
El proceso judicial contra Farías Laguna ha estado marcado por tensiones en torno al acceso al expediente. Mariana Vieyra Valdés, titular de la judicatura del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria en la causa penal 325/2025 tras determinar que la FGR vulneró el derecho de defensa del imputado al negar reiteradamente el acceso íntegro a la carpeta de investigación identificada como FED/FEMDO/FEIORPIFAMF/CDMX/568/2024. Vieyra Valdés ordenó a la FGR entregar un inventario completo de tomos, anexos, discos y registros, y facilitar la revisión de evidencia digital por peritos de la defensa.
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Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, ex titular de la SEMAR durante la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El quebranto al fisco federal derivado del huachicol fiscal fue estimado en 600 mil millones de pesos por Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en octubre de 2025. El escándalo abarca también a Ikon Midstream, empresa comercializadora de petróleo con sede en Houston, Texas, que figura entre las “piezas centrales” de la presunta red de contrabando vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según documentos de seguridad del Gobierno de México publicados por la agencia Reuters el 27 de mayo de 2026. Senadores bipartidistas de Estados Unidos presentaron el 28 de mayo de 2026 la Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, iniciativa que obliga al Departamento de Defensa de ese país a presentar un informe con recomendaciones para combatir el robo y contrabando de combustible por organizaciones criminales con sede en México.
