César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua -del 4 de octubre del 2010 a 3 de octubre del 2016-, quien es acusado de asociación delictuosa y peculado ante el desvío de un total 96.6 millones de pesos, hacia dos de sus empresas, entre los años 2011 y 2014, llegó la tarde del 2 de junio, al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, procedente de la Ciudad de México, luego de ser extraditado por el Gobierno de Estados Unidos.
El primer cambio en el gabinete de Marina se da luego de que Bernal Rodríguez fue agredido por una manifestante en Ensenada, y a unos días de que la presentación presente un plan integral contra el desabasto de agua
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) entregaron, la tarde del 2 de junio del 2022, a las autoridades chihuahuenses, a César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua -del 4 de octubre del 2010 a 3 de octubre del 2016-, quien es acusado de asociación delictuosa y peculado ante el desvío de un total 96.6 millones de pesos, hacia dos de sus empresas, entre los años 2011 y 2014.
Porfirio Muñoz Ledo indicó, el 2 de junio del 2022, que el crimen organizado no va a necesitar del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -a quien puso la banda presidencial el 1 de diciembre del 2018-, y que el político tabasqueño "debe entender que su contubernio o alianza con el narco no es heredable".
Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), negó, el 2 de junio del 2022, que amenazara a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello.
Por unanimidad y sin debate, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó, el 2 de junio del 2022, el decreto del Poder Ejecutivo Federal, publicado en abril del 2020, que reduce los tiempos fiscales que radio y televisión abiertas tienen que entregar al Estado, al declarar infundada una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE), que alegó que afectó su facultad exclusiva de administrar tiempos de difusión.
